Hace unos días la fiscal Adela Cedeño denunció que funcionarios de la Contraloría irrumpieron en su despacho, impidiendo la conclusión de una diligencia ejercida sobre las tres auditoras que hicieron el informe que sustenta la acusación contra José Gabriel Carrizo por presunto enriquecimiento injustificado. Es decir, parece existir en estos momentos una investigación penal en curso en virtud de la acción cometida, en este caso, por el Contralor de la República, a quien, además, lo acompañaba el subcontralor.
De alguna manera se ha querido hacer ver desde el Órgano Ejecutivo que estamos frente a diferencias que deben ser allanadas entre Procurador y Contralor. No estoy de acuerdo. No se trata de posibles diferencias entre ellos. Aquí lo que se dio es un supuesto hecho punible de parte del Contralor de la República, además de manera flagrante, que debe ser investigado. Estamos frente a una presunta obstrucción de la diligencia de un ente de investigación a través de la intimidación. Y es que en Panamá se tipifica el impedimento de funciones a servidores públicos, en este caso del Ministerio Público, cuando se pone en peligro la integridad de los procesos judiciales.
Lo sustenta el artículo 388 del Código Penal, que además establece una sanción de cinco a diez años de prisión.
Mediante comunicado, la Contraloría aminora el hecho, diciendo que solo pretendían “conocer la situación” de estas tres auditoras que estaban siendo entrevistadas por un periodo prolongado superior a las ocho horas. Y en seguida critica a la fiscalía, calificando sus actuaciones como aquellas que “generaban inquietud sobre el alcance y la forma de dichas diligencias”. Sorprende este comunicado, al no conocer o, mejor dicho, desechar la naturaleza del servidor público, quien solamente puede hacer lo que la ley le permite. Las entrevistas en el Ministerio Público no tienen un límite de tiempo, lo cual desecha la sugestión de que, por razón de tratarse de una indagatoria a las auditoras que superaba las ocho horas, había que rescatarlas.
Sobre la inquietud del Contralor frente al alcance y la forma de dichas diligencias, no existe al día de hoy una explicación al respecto. Si hubo intimidación, amenazas, presiones o coacción de parte de las fiscales hacia los peritos de la Contraloría que expidieron esas auditorías, no lo sabemos. Para eso, el Contralor debe presentar las denuncias respectivas en el Ministerio Público, pero quien las parece haber interpuesto en su contra por lo sucedido es el Ministerio Público. Y esto debe instaurar un proceso imparcial que demuestre la realización o inexistencia de un hecho punible, con objetividad, eficacia y profesionalismo.
Panamá está sufriendo un desgaste programado y continuo del sistema democrático, donde las debilidades institucionales disminuyen la rendición de cuentas. Porque los órganos de control se están convirtiendo en los más descontrolados, cuando actúan bajo limitaciones estructurales unos, o bajo presiones o condescendencias políticas, otros.
La tendencia se puede revertir si hay voluntad, para que el sistema democrático garantice el equilibrio de poderes y respete la participación ciudadana. Para que la permanente improvisación y la corrupción dejen de ser las reglas que erosionan la credibilidad de los gobiernos, elevando la desconfianza nacional al fomentarse la impunidad, la parcialidad y la incapacidad gubernamental.
¿Tengo esperanza? Por supuesto que sí. Pero ha llegado el momento de que las palabras pasen a convertirse en hechos, para que no sea una interrupción judicial, una sumisión soberana o una explosión de cisternas bajo el Puente de las Américas lo que demuestre que seguimos sin ejercer ni el orden ni el control ni la supervisión ni la firmeza sobre las propias instituciones garantes de la seguridad, el prestigio, la transparencia y la rendición de cuentas que deben ser la regla en la cosa pública, no la excepción.
El autor es abogado.
