POLÍTICAS PÚBLICAS

¿Tenemos instituciones de calidad?

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Es una pregunta que golpea las mentes de los ciudadanos de forma constante, ya que vivimos tiempos en que la calidad de nuestras instituciones es sumamente cuestionada. La calidad se mide conforme a la eficacia y eficiencia de las mismas, convirtiéndose en un elemento clave para favorecer la coordinación de las acciones de los individuos y el acceso a las oportunidades.

Existe un vínculo directo entre la competitividad de un país y la capacidad de sus instituciones en ser transparentes y pertinentes, promoviendo las oportunidades para el país (ciudadanos, agentes económicos etc.). Con instituciones fuertes se atraen inversiones, se limita la corrupción, se frena la discrecionalidad de los gobernantes, entre otros, lo cual permite consolidar el crecimiento económico y el desarrollo social impactando en el fin último de todos los países: el bienestar general de la población.

El Índice de Calidad Institucional (ICI), creado por el Dr. Martín Krause, publica un informe donde se evalúan 191 economías con el objetivo de brindar recomendaciones sobre las acciones que necesitan implementar para mejorar las condiciones de vida de sus ciudadanos. De acuerdo con el informe de Calidad Institucional del año 2017, existen características que distinguen a las naciones exitosas: gozan de libertad económica para que los emprendedores y los empresarios desplieguen sus sueños y proyectos; crean los mecanismos para que sus empresas sean competitivas; facilitan la creación de empresas en lugar de entorpecer el proceso con regulaciones innecesarias.

Se destaca en el informe en referencia, que la relación de poder en una República debe descansar en una práctica saludable (transparente), donde todos los funcionarios en su rol de servidores públicos comprendan que se deben a su población, y que deben dar cuentas de sus actos. Es vital que todo el aparato gubernamental comprenda que la corrupción tiene un costo importante (para ellos y para la sociedad) y que la prensa libre es un factor de información irreemplazable. Todo lo anterior son características a las que se debe aspirar para mejorar la institucionalidad de las naciones.

Panamá se ubica en el escalafón 156 entre 191 economías evaluadas (cuarta posición a nivel latinoamericano), mejorando 12 posiciones al comparar su desempeño en el año 2007 y manteniendo una tendencia positiva por varios años seguidos. Según el resultado de los subíndices, nuestro país ocupa la posición 76 en lo relacionado con la institucionalidad política y 48 en lo referente a la institucionalidad de mercado. Al compararlo con el año 2016 el subíndice de política se mantuvo sin cambios, pero el de mercado mejoró 7 posiciones dejando en evidencia que la mejoría en el índice se debió principalmente al fortalecimiento de la institucionalidad en esa área.

Panamá obtuvo los puntajes más bajos en el imperio de la ley, que es un elemento clave para conseguir la seguridad jurídica y proteger la libertad del hombre, la libertad de prensa y minimizar la corrupción. Los mejores puntajes resultaron de la competitividad global, libertad económica y haciendo negocios. A pesar de lo anterior, no se está muy lejos del promedio internacional, con excepción de la libertad de prensa.

Resulta una tarea inmediata, el fortalecer la calidad de nuestras instituciones, con rendición de cuentas y con certeza de castigo para las acciones ilegales o que favorecen a ciertas personas (clientelismo político). El mantenimiento de la transparencia y eficiencia en la gestión del Gobierno generarán bienestar y confianza en la población, al conocer que sus gobernantes trabajan a su favor y en beneficio del país.

El autor es analista del Centro Nacional de Competitividad

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