Noviembre de 2024 dejó en Panamá el impacto de devastadoras inundaciones. Las intensas lluvias, originadas por disturbios y ondas tropicales, causaron una destrucción sin precedentes: ríos desbordados, deslizamientos de tierra, puentes colapsados, viviendas arrasadas y, trágicamente, pérdidas humanas que evidencian la vulnerabilidad del país ante los fenómenos naturales.
Panamá enfrenta una paradoja ambiental compleja: períodos de sequías extremas que limitan el acceso al agua potable alternan con temporadas de suelos sobresaturados y devastadoras inundaciones. Esta crisis pone de manifiesto graves deficiencias en la planificación y en la infraestructura, tanto desde el enfoque ingenieril como ambiental, dejando expuestas las debilidades de los sistemas de prevención y respuesta ante desastres.
Las causas de esta problemática son múltiples. La construcción desordenada en zonas de alto riesgo, tanto rurales como urbanas, ha creado comunidades extremadamente vulnerables. El mantenimiento deficiente de infraestructuras clave, como drenajes, represas y canales, ha disminuido su capacidad para gestionar grandes volúmenes de agua. A esto se suma la mala gestión de cuencas hidrográficas, agravada por prácticas de agricultura intensiva y actividades mineras que erosionan suelos y alteran los flujos históricos de los ríos.
Estudios recientes del Instituto de Investigaciones Científicas y Servicios de Alta Tecnología (Indicasat) revelan que, en los últimos 15 años, Panamá ha experimentado un aumento del 35% en la frecuencia de inundaciones. Las cuencas de los ríos Chagres, Bayano y Chiriquí Viejo registran un incremento promedio del 42% en escorrentías, superando los modelos hidrológicos históricos. Además, el monitoreo satelital muestra un alza del 27% en la erosión de zonas de alta pendiente, incrementando significativamente la vulnerabilidad en estas regiones durante lluvias intensas.
La falta de datos científicos actualizados dificulta la toma de decisiones estratégicas. Panamá carece de un mapeo detallado de zonas propensas a inundaciones y de registros sistemáticos sobre elevaciones cíclicas del agua. Países desarrollados, como Estados Unidos, utilizan esta información para diseñar infraestructura resiliente, planificar edificaciones y modelar cuencas hidrográficas, lo que garantiza tanto la seguridad de la población como la protección de los recursos hídricos.
Además, la ausencia de políticas públicas efectivas y su implementación rigurosa agravan la situación. Es urgente establecer leyes que regulen el uso sostenible de los suelos y el agua, así como priorizar la restauración de humedales, que funcionan como barreras naturales contra inundaciones y contaminantes, preservando los ecosistemas más vulnerables del país.
La crisis plantea preguntas fundamentales: ¿se están formando los profesionales adecuados para enfrentar estos desafíos? ¿Nuestras universidades preparan técnicos y especialistas en las áreas prioritarias? ¿O es la falta de oportunidades laborales dignas y bien remuneradas lo que limita el impacto de estos expertos? Responder estas interrogantes será clave para enfrentar los retos climáticos del futuro.
Iniciativas como el Plan Nacional de Seguridad Hídrica 2015-2050 y el Plan de Acción para la Gestión Integrada de los Recursos Hídricos 2022-2026 ofrecen un marco prometedor. Estos esfuerzos, alineados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en particular el ODS 6, buscan fortalecer la seguridad hídrica y gestionar preventivamente los riesgos relacionados con el agua. Su éxito depende de un compromiso firme por parte de todos los sectores de la sociedad, respaldado por recursos suficientes y voluntad política sostenida.
La prioridad debe ser proteger a todos los panameños, sin excepción. Las recientes inundaciones son un llamado urgente para las autoridades y la sociedad civil. Es fundamental invertir estratégicamente en ciencia, ingeniería y medio ambiente, capacitando a profesionales que comprendan las necesidades del país y las características únicas de su territorio.
Convertir nuestro clima tropical de una amenaza a una oportunidad de desarrollo sostenible requiere acción inmediata y coordinada. Lo que hoy representa una tragedia nacional puede transformarse en un modelo de gestión hídrica ejemplar para la región. El momento de actuar es ahora, antes de que futuras catástrofes vuelvan a evidenciar el costo de la inacción y la importancia de la prevención.
La autora es ingeniera civil y miembro de Jóvenes Unidos por la Educación.
