Panamá, 36 años después: invasión, fractura social y el dilema pendiente de la soberanía.El país continúa dividido por la lectura del hecho histórico y por la forma en que la sociedad procesa la violencia, la soberanía y su relación con el poder externo. La conmemoración del 20 de diciembre de 2025 mostró que la herida no ha cerrado y que el conflicto es político, institucional y cultural.
Desde 1989 persisten dos posiciones enfrentadas. Una condena la invasión como una violación masiva de derechos humanos y del derecho internacional. La otra la justifica como una respuesta necesaria frente a los abusos del régimen militar, sobre todo en su fase final, desde el asesinato del médico Hugo Spadafora. La Comisión 20 de Diciembre sostiene que la ilegitimidad del régimen no convierte en legítima la invasión, ni la restauración democrática puede edificarse sobre la devastación civil.
El discurso del profesor Rolando Murgas Torrazza, presidente de la Comisión, se enfocó en la dignificación de las víctimas. Durante décadas, los muertos y desaparecidos han sido invisibilizados o reducidos a la imprecisión e incertidumbre numérica. Entre 325 y 350 panameños murieron o desaparecieron, en su mayoría civiles, frente a 23 soldados estadounidenses fallecidos. El rasgo dominante del operativo fue la destrucción urbana y la violación de derechos humanos en zonas populosas como el barrio de El Chorrillo.
Hijos, nietos, esposas y hermanos siguen esperando respuestas. El proceso de identificación de restos marcha a paso de tortuga. Las pruebas de ADN deben realizarse en Guatemala, debido a que Panamá carece del equipamiento especializado. Esta limitación técnica prolonga el sufrimiento de las familias y evidencia una deuda institucional acumulada, agravada por años de omisión estatal que aún persiste.
En este contexto, la posición del Ministerio Público ha sido consistente. Como parte de la Comisión, sostiene que la búsqueda de la verdad no es un acto simbólico ni político, sino un deber constitucional del Estado. El Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses participa con equipos multidisciplinarios —medicina forense, criminalística, antropología y genética— orientados a identificar restos y a restaurar dignidad, legalidad y confianza pública.
Se impulsan gestiones para que la Comisión se convierta, por ley, en una oficina permanente del Estado, superando su actual adscripción a la Cancillería. La iniciativa ya ha sido planteada ante la directiva de la Asamblea Nacional.
Aparte del hecho histórico devastador, la invasión sigue funcionando como espejo de una mentalidad colonial no resuelta, concepto desarrollado desde distintas tradiciones críticas. Frantz Fanon describió este fenómeno como una alienación psíquica mediante la cual las sociedades colonizadas terminan adoptando la mirada del poder dominante como criterio de legitimidad. Albert Memmi analizó cómo esa internalización produce una aceptación activa de la subordinación. Aníbal Quijano amplió el marco al hablar de colonialidad del poder: estructuras mentales y políticas que sobreviven a la colonización formal.
En Panamá, esta lógica se expresa en la naturalización de una tutela externa como garantía de orden o estabilidad, incluso cuando compromete soberanía, institucionalidad y principios históricos de identidad patriótica. Esta interiorización explica parte de la fractura nacional. La sociedad condena la violencia, pero relativiza su origen; invoca la legalidad, pero tolera interpretaciones que justifican la intervención.
Ningún convenio, incluido el Tratado de Neutralidad del Canal, otorga derecho de intervención. La autodeterminación no es una consigna ideológica, sino un principio jurídico esencial del Estado, estipulado en la Constitución istmeña.
El autor es periodista, filólogo y docente.
