El financiamiento público electoral, o como se le conoce popularmente “subsidio electoral”, en Panamá tiene como fundamento el fortalecimiento de la democracia a través de reglas claras de equidad, transparencia y legitimidad en la competencia política.
Este mecanismo permite que partidos grandes y pequeños dispongan de un piso mínimo de recursos, disminuyendo la dependencia de aportes privados y favoreciendo la pluralidad política. Adicionalmente, al estar bajo la supervisión del Tribunal Electoral y de la ciudadanía, contribuye a prevenir la infiltración de recursos ilícitos, como los provenientes del narcotráfico, la corrupción o el financiamiento extranjero indebido. También incentiva la formación política, la participación de mujeres y jóvenes, y el fortalecimiento institucional de los partidos más allá de los períodos electorales.
En cuanto a su sostenibilidad, el modelo panameño asigna un monto equivalente al 1% de los ingresos corrientes del Estado. Este nivel de financiamiento puede considerarse razonablemente positivo, dado que busca garantizar la igualdad de condiciones en la competencia. Sin embargo, su eficacia no debe medirse únicamente por el porcentaje asignado, sino por la capacidad de los partidos de traducir esos recursos en educación política, mayor inclusión y transparencia.
Por ello, se vuelve necesario establecer mecanismos de seguimiento y evaluación periódica que midan si este financiamiento está cumpliendo con los fines que lo justifican. De no ser así, podría revisarse hacia un porcentaje menor, siempre bajo el principio de no debilitar la democracia representativa ni abrir nuevamente la puerta al dominio del dinero privado y potencialmente ilícito.
En definitiva, el financiamiento público electoral debe verse como una inversión en la confianza ciudadana, que solo se legitima plenamente si se acompaña de transparencia, fiscalización y resultados visibles en la calidad de la democracia panameña.
Los ciudadanos debemos estar vigilantes, ya que muchos perciben o interpretan este financiamiento público como un subsidio o “premio” que recibe el partido o el candidato ganador, en lugar de un instrumento para fortalecer la democracia. Esta visión puede disminuir la legitimidad del mecanismo, aun cuando exista seguimiento y control.
Por ello, es fundamental que el Tribunal Electoral y los partidos comuniquen claramente el destino y los resultados de los fondos, mostrando que su propósito central es fortalecer la institucionalidad y consolidar la democracia panameña, y no otorgar ganancias a los políticos.
El autor es expresidente de la Junta Nacional de Escrutinio de Panamá (1994–1998, 1999).
