El tema de la mala praxis médica, nuevamente, ha cobrado presencia en los medios de comunicación y redes sociales a raíz de la presentación en la Asamblea Nacional de un anteproyecto de ley que, entre otras propuestas, sanciona la mala praxis en salud. Se han emitido diversas opiniones sobre la propuesta, pero no se conocen los aportes de dos actores principales en la investigación de las denuncias: el Ministerio Público (MP) y el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (Imelcf).
Al MP le corresponde representar a la sociedad y dirigir de forma expedita la investigación de los delitos y al Imelcf aportar los dictámenes periciales que sustenten o rebatan la comisión de los mismos.
Producto de una mala praxis médica, un paciente puede quedar con secuelas del daño causado a su organismo o fallecer. En la primera alternativa, el MP solicita una evaluación clínica médico legal y formula cargos por lesiones personales; en la segunda, un fiscal puede solicitar una necropsia forense o enviar copias del expediente clínico para luego formular cargos por homicidio culposo (no intencional).
Actualmente, una denuncia o querella se presenta ante el MP. Un funcionario de instrucción, que no es médico ni tiene formación específica para este tipo de investigaciones, reúne la información que considera pertinente, y transcurridos varios meses envía las principales piezas probatorias del expediente al Imelcf. De acuerdo con el Artículo 11 de la Ley N° 50 de 13 de diciembre de 2006, al Consejo Médico Forense del Instituto le corresponde: “Dictaminar los casos de supuesta negligencia médica”.
Hay que señalar que el Consejo (que incluye la participación de médicos especialistas consultores designados por el MP) se pronuncia específicamente sobre la actuación profesional del médico relacionada con el estándar de la práctica médica en Panamá (“lex artis”), no sobre cuestiones administrativas relacionadas con el tratamiento de un paciente.
En muchos países se registra un considerable aumento en el número de denuncias de casos de negligencia médica; sin embargo, en el Imelcf de Panamá solo se reciben alrededor de 30 expedientes al año y en el último quinquenio no se ha registrado un aumento de solicitudes de evaluación de supuesta mala praxis médica. En la mayoría de esos casos, pese a la amplia y dramática difusión mediática - recordar la presunción de inocencia y el debido proceso-, al final de las pesquisas no se encuentran pruebas de la comisión del supuesto delito por varias razones; por ejemplo, las deficiencias en la misma investigación. El expediente clínico, pieza clave para el análisis, no ha sido enviado con cadena de custodia, está incompleto o con partes ilegibles; es conocido que el funcionario de instrucción del MP recibe de la institución de salud involucrada copias previamente seleccionadas por personal administrativo de esa institución. Una vez analizado el expediente, encontramos que no existen normas, guías o protocolos de actuación actualizados en la mayoría de las instituciones involucradas, lo cual impide comparar la actuación del o de los involucrados con el estándar de la práctica profesional.
Muchas denuncias o querellas son quejas por el trato al paciente o a sus familiares;estasreflejan disconformidad con el desenlace del tratamiento médico, insatisfacción que no es sinónimo de mala praxis, ya que los descontentos desconocen que el médico, como toda persona, comete errores, ya sea por la incertidumbre de la variabilidad biológica individual, propia de los seres humanos, o por la falta de condiciones adecuadas para el ejercicio de su profesión. Tampoco conocen que la práctica de la mayoría de las especialidades médicas es de medios y no de resultados.
Para que las modificaciones legales propuestas sean actualizadas y cónsonas con la realidad de la práctica de la Medicina en Panamá, se deben incluir procedimientos de investigación bien definidos y consensuados por todas las partes involucradas. El objetivo final de las nuevas disposiciones debe ser el fortalecimiento de la buena práctica médica y la profilaxis del daño a terceros en el ejercicio de una noble profesión.
El autor es patólogo forense