Tengo más de 28 años de estar luchando jurídicamente contra la minería a cielo abierto en Panamá. Me perdonan la falta de humildad, pero no creo que ningún abogado u opinólogo tenga más experiencia judicial que yo en este tema. Recordemos que fui quien interpuso las dos demandas de inconstitucionalidad contra las leyes que otorgaron las concesiones mineras de 1996 y 2023, y que en ambos casos tuve la razón.
En el fallo de noviembre de 2023, la Corte Suprema de Justicia reconoció que existe en la Constitución una colisión entre el derecho constitucional a la inversión minera y los derechos humanos fundamentales, como el derecho a la salud, a la vida, a la alimentación de los niños y el derecho de los ciudadanos a un ambiente sano.
Sobre lo que en doctrina constitucional se denomina “bloque constitucional” y el “principio de convencionalidad”, que obligan a los magistrados de la Corte resolver esa colisión de derechos de manera integral y no sobre la base de un solo artículo, el Pleno sentenció:
“Realizada la ponderación de los valores constitucionales en colisión, este Tribunal Constitucional quiere reafirmar la regla de juicio que se convierte en mandato de optimización y que surge como resultado del análisis de la controversia constitucional, la cual es que la protección del derecho a la vida, a la salud y al medio ambiente de las futuras generaciones tiene prevalencia sobre cualquier otro derecho de naturaleza económica, incluyendo el derecho a la inversión”.
Varios abogados han esgrimido que la Corte únicamente declaró inconstitucional el contrato. No le dan valor a los argumentos o considerandos utilizados por los magistrados para llegar a ese fallo. Ese es un razonamiento profesional demasiado limitado. Como litigante, con más de de experiencia, sé que necesito de los argumentos o considerandos utilizados por un tribunal para sustentar una apelación contra una sentencia. Si no existieran esos argumentos, ¿cómo podría hacerlo?
Entonces cabe preguntarse: ¿cómo se va a producir la inviabilidad?
Cada vez que el Estado intente otorgar una concesión para explotar una mina a cielo abierto en Panamá, o que el propio Estado pretenda realizar, por cuenta propia, ese tipo de explotación, cualquier persona o abogado podrá interponer una nueva demanda de inconstitucionalidad y utilizar los mismos argumentos constitucionales de los fallos de 2017 y 2023.
La Corte tendrá dos opciones: una, mantener su criterio jurídico; y dos, hacer el ridículo.
El gobierno que sea, corrupto o no, tendría que eliminar de la Constitución los derechos humanos fundamentales para poder permitir nuevamente la minería a cielo abierto.
El autor es abogado.
