En la actualidad, vivimos una crisis económica y una creciente desestabilización social, agravadas por las recientes reformas a la Caja de Seguro Social, aprobadas mediante la Ley 462 de 2025, que modifica la Ley 51 de 2005.
Maestros, obreros de la construcción, personal de salud y estudiantes de secundaria y universitarios, entre otros sectores, se mantienen en protesta. Alegan que la nueva ley compromete la posibilidad de recibir pensiones dignas al momento del retiro. Aunque no modifica la edad de jubilación, su artículo 173 introduce nuevas condiciones para alcanzar la tasa mínima de reemplazo del 60%, como un número específico de cotizaciones anuales y estabilidad en los salarios cotizados. Estas exigencias podrían reducir el monto de la pensión o postergar la edad efectiva de retiro. Bajo la Ley 51 de 2005, las mujeres pueden jubilarse a los 57 años y los hombres a los 62, con el 60 % del salario base, calculado sobre el promedio mensual de los mejores 10 años. Por ejemplo, quien tenga 240 cuotas y un salario base promedio de B/.800.00, recibiría una pensión aproximada de B/.480.00.
Ese monto, si la persona llega a la jubilación con buena salud, sin deudas y sin dependientes, podría ser suficiente para una vida digna. Pero la realidad suele ser distinta: muchas personas enfrentan enfermedades crónicas, obligaciones económicas, e incluso deben mantener a hijos o nietos. La pensión, en estos casos, resulta claramente insuficiente.
Además, los adultos mayores se enfrentan a un sistema de salud precario. Hay desabastecimiento de medicamentos, escasez de cupos con especialistas, y largas demoras para realizar exámenes diagnósticos. Para recibir atención urgente, muchas veces hay que estar en estado crítico o esperar que los resultados de rutina detecten alguna anormalidad grave. Acceder a estudios como ultrasonidos, resonancias, mamografías, endoscopias o colonoscopias y obtener resultados con prontitud es, en la práctica, un golpe de suerte: los equipos suelen estar dañados y las citas pueden tardar meses o años. Ante la ineficiencia del sistema, muchos optan por clínicas privadas, donde los costos son elevados y se paga aparte del seguro social ya cotizado.
Es doloroso ver cómo personas mayores entran caminando a una hospitalización y salen sin poder hacerlo, por la falta de cuidados básicos. A menudo, no se permite la atención de un familiar, lo que impide que el paciente se levante de la cama y conserva su movilidad. Para acceder al programa SADI, se exige estar encamado. Y aun con ese requisito, se depende de que alguien recoja pañales y medicamentos cada mes, si es que hay disponibilidad. No existe atención médica ni de laboratorio a domicilio. Los jubilados deben cubrir de su pensión los gastos de médicos, laboratorios, ambulancia, medicamentos, dietas especiales y otros costos de mantenimiento. Sus familiares, en muchos casos, no tienen recursos para contratar personal de enfermería o médicos particulares.
Por todo lo anterior, es fundamental que los colegios públicos y privados incluyan en sus programas clases de planificación financiera para la jubilación, así como educación sobre el cuidado de la salud en la adultez. Esto permitiría a los jóvenes prepararse mejor, tomar decisiones informadas sobre seguros médicos, hospitalización y ahorro para la vejez, y asegurar un futuro digno como fruto de sus esfuerzos y logros laborales.
La autora es entrenadora de natación artística (nado sincronizado) y contadora pública autorizada.
