Cada día llama la atención cómo problemas cuya raíz es de naturaleza puramente social se agudizan a tal nivel que se busca su solución en los tribunales de justicia. Muchos de estos problemas tienen su génesis en la pobreza, la falta de educación y la ausencia de valores estructurales dentro de la familia y la sociedad. Se pretende que la judicialización de la pobreza sea la clave para resolver las profundas fallas sociales y estructurales que produce la falta de planificación en la elaboración, ejecución y validación eficaz de políticas públicas sociales cónsonas con la realidad nacional.
Panamá tiene una larga tradición de importar esquemas y modelos foráneos que, incluso en los países donde se originan y se han implementado, han fracasado. Pero aquí, con nuestra habitual costumbre de pensar que todo lo que dicen, hacen o traen de afuera es mejor que lo que podemos hacer nosotros con lógica y buena capacidad de ejecución, se ignora que la solución a los problemas de Panamá solo la tienen los panameños, ya que cada nación tiene su propia medicina con base en su realidad, idiosincrasia y cultura.
La historia, materia que en nuestro país es disminuida, desvalorada y casi ignorada, nos brinda un constante recordatorio de los eventos que son exitosos y, por ende, merecen perdurar y perfeccionarse, pero también de aquellos que han fracasado y deben archivarse. Es una señal que nos alerta para no cometer nuevamente los mismos errores y, por el contrario, nos ayuda a crecer y mejorar, como lo hace la famosa “selección natural de Darwin”. Las sociedades evolucionan, pero la evolución es un proceso de adaptación que nos debe hacer fuertes y no débiles.
Nuestra Constitución Política de 1904, la primera Carta Fundamental de la nueva república, no abordaba temas sobre los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Se enfocaba en desarrollar las obligaciones que el nuevo Estado adquiría hacia sus ciudadanos, tales como la educación pública, la protección a la familia, la libertad individual y el suministro de servicios básicos. Se concentraba en la protección del todo y no de las partes del todo. Quizás sea la antítesis de hoy, cuando hablamos de los derechos de la mujer, de los adultos mayores, de los niños, niñas y adolescentes, de las personas en situación de discapacidad, pero muy poco o casi nada de los derechos de la familia. Y esto, a pesar de que el artículo 56 de la Constitución Política de 1972 es claro al establecer que el Estado protege a la familia. El punto aquí sería saber a qué familia se refiere y de qué protección se habla.
En nuestra experiencia profesional, al tramitar ejecuciones de pensiones alimenticias, nos encontramos con una lamentable realidad: en el 80% de las pensiones alimenticias en situación de incumplimiento que hemos tramitado no existe comunicación o trato entre los padres; es decir, que los hijos tampoco mantienen comunicación con el progenitor con el que no habitan. Además, un 30% de las solicitantes no sabe el lugar donde habita ni trabaja el obligado, y a esto se suma que el 90% de las personas obligadas a pagar pensión alimenticia no mantienen un trabajo fijo ni tienen una educación superior que les permita generar ingresos estables a través de un empleo formal. No cotizan seguridad social y no tienen un proyecto de vida que asegure un futuro digno para ellos y, mucho menos, para sus hijos o familia.
En Panamá, el 92% de la población se encuentra fuera de la educación superior; es decir, solo el 8% de los panameños continúa sus estudios hasta obtener una licenciatura. Esta situación es realmente preocupante, ya que nos indica que el 76% de la población panameña no cuenta con las habilidades que requiere el trabajo de hoy. Esto coloca a la sociedad panameña en una situación de desventaja frente a la cada vez más competitiva realidad económica del mundo. Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), los países que quieran mantenerse productivos para el año 2030 deben asegurarse de que por lo menos el 49% de su población cuente con formación técnica de nivel superior.
Por otro lado, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe advierte que Panamá tuvo la mayor alza, con 1.9 y 0.8 puntos porcentuales adicionales en pobreza y pobreza extrema, respectivamente, seguido de Argentina y Ecuador en 2024. A nivel regional, Argentina, Ecuador y Panamá fueron los únicos países que registraron incrementos tanto en pobreza como en pobreza extrema en 2024. Las tasas estimadas fueron: Argentina, 31.2% y 4.0%; Ecuador, 26.3% y 7.5%; y Panamá, 16.2% y 7.3%, respectivamente.
¿Cómo afecta la anterior situación a la justicia en materia de familia, niñez y adolescencia en Panamá? En el siglo XIX, la tendencia político-social a nivel mundial era que los sistemas parlamentarios tenían que resolver los problemas sociales; luego, en el siglo XX, esa responsabilidad la asumieron los poderes ejecutivos y ahora parece ser que en el siglo XXI la justicia es la herramienta para resolver problemas sociales. Podemos ver típicos ejemplos de propuestas de leyes que van dirigidas a atacar el efecto y no las causas. En estos días leía que la Comisión de Gobierno de la Asamblea Nacional prohijó un anteproyecto de ley que plantea modificar varios artículos de la Ley 40 de 1999, con el objetivo de ampliar la edad mínima de responsabilidad penal para incluir a menores desde los 10 años, y me pareció un retorno en el tiempo. Yo mismo fui uno de los comisionados que, en el año 1997, fue designado por el entonces presidente de la República, Ernesto Pérez Balladares, a fin de elaborar la Ley 40, que establece el Régimen Penal Especial de Adolescentes, y me pregunto: en tantos años, ¿qué hemos hecho a fin de evitar la delincuencia en adolescentes, al punto de que hoy, en 2026, tengamos que pensar en penalizar a niños de diez años de edad? Me imagino que, si no nos enfocamos en las causas —que no son otras que la falta de capacidad, interés y seriedad en la elaboración, ejecución y evaluación de políticas públicas en materia de familia, niñez y adolescencia—, dentro de cinco años tendremos leyes para poner rejas y detectores de metales en los maternales de este país.
La familia, como ente jurídico-social, con necesidad de protección independiente a la de cada uno de sus miembros y en donde el hombre y la mujer se desarrollan y se perfeccionan, está en crisis, está muriendo, en un mundo y una sociedad donde la regla general es el individualismo, la aceptación de antivalores, la deshumanización de la vida y la asimilación y elogio de lo absurdo sobre lo correcto, la destrucción de la ética y la imposición de los intereses individuales por encima de los intereses de la mayoría. Y lo peor de todo es que a esa mayoría no le importan para nada sus propios problemas, pues ha perdido la capacidad de analizar y de velar por su propia dignidad como ser humano. En este momento valdría la pena retornar a los orígenes de la República, cuando la sociedad realizaba una vez al año un congreso nacional para discutir y tratar de encontrar soluciones a los problemas que afectan a esta institución, cuando la educación era un objetivo nacional, cuando la solidaridad social y la dignidad prevalecían en la familia. Son tiempos pasados que quizás no regresarán debido a la falta de un proyecto de nación.
Es necesario analizar la situación de los matrimonios y los divorcios como herramienta que nos permita intuir la relevancia de la estructura familiar en Panamá. Entre 2022 y mayo de 2024, Panamá ha registrado 28,799 matrimonios. Sin embargo, esta cifra ha mostrado una clara tendencia a la baja. En 2022 se contabilizaron 12,716 matrimonios, mientras que en 2023 esta cifra cayó a 11,921 y, hasta mayo de 2024, solo se registraron 4,162.
En cuanto a los divorcios, las cifras también han mostrado variaciones importantes. Entre 2022 y mayo de 2024, Panamá registró 12,049 divorcios, lo que sugiere un índice relativamente elevado en comparación con los matrimonios.
Vuelve entonces otra pregunta a nuestra mente: ¿qué tan sólida y responsable es la sociedad panameña? La respuesta deberá darla cada uno de nosotros sobre la base de su vivencia. Sin embargo, nos quedan reflexiones: ¿bajar la edad penal de responsabilidad de niños y adolescentes, o ampliar el término de duración de la ley de los apremios corporales en materia de pensiones alimenticias, o crear un Sistema de Garantías y Protección para niños y adolescentes, logrará reemplazar la elaboración de una buena política pública que incluya, a manera de ejemplo, la inclusión en el currículo educativo de la prevención de la violencia familiar, que incorpore urbanismo y valores; que desarrolle actividades de solidaridad social; que las políticas de desarrollo humano vayan dirigidas al fortalecimiento de las capacidades del individuo y no al clientelismo o a la beneficencia social, sin más objetivo que el dar por dar; que la formación del ciudadano debe ser privilegiada sobre las acciones demagógicas dirigidas a una sociedad y población sin identidad, sin memoria y, ojalá me equivoque, en franca decadencia**?**
La justicia es una herramienta destinada a solucionar problemas, no a prevenirlos. El papel del juez es aplicar la ley, la que debe aspirar al ideal de la justicia, pero no puede sustituir a otras instancias que por su naturaleza están obligadas a prevenir que se agudicen la desigualdad, el desempleo, la inseguridad, la falta de educación y la ausencia de valores familiares. Es claro que ese no es el rol del juez. Por lo tanto, no importa cuántas leyes se aprueben o expidan, si no hay un elemento de interés colectivo en impulsar y exigir la solución de los problemas que afectan a la sociedad y en colocar a los ciudadanos más capaces en las instituciones claves, con la voluntad de avanzar y mejorar nuestro capital humano y, a la vez, asegurar la inversión necesaria para trabajar estos temas, cada día tendremos que mirar cómo se deteriora este oasis de paz en la región que es Panamá.
No aprendemos, no analizamos y, sobre todo, no miramos más allá de nuestras propias limitaciones. Cuando se elaboraba el proyecto de ley sobre justicia comunitaria de paz, este servidor expresó formalmente que la sociedad panameña no estaba preparada para un esquema de justicia de esa naturaleza, y que adoptarla sin una estrategia de adecuación cultural iba a propiciar un fracaso. Después de casi una década, el tiempo nos da la razón. En 1992, Panamá era el único país en la región centroamericana en tener un centro estatal de fármacodependencia dirigido a menores de edad; en 2004 se desmanteló sobre la base de que no era necesario. Hoy, en 2026, tenemos a niños y niñas de 8 años de edad expuestos al consumo de estupefacientes. En el año 2021, en plena junta directiva de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, expresamos y sustentamos por qué la Senniaf no debía administrar albergues o centros de protección, posición esta que nos produjo roces con otros miembros de la junta directiva. Así, en mis 35 años de participar en temas de niñez y adolescencia y haber participado en tantas leyes, reuniones, congresos, etc., solo puedo arribar a dos conclusiones: en Panamá, el tema de la niñez, al igual que el de los derechos humanos de grupos vulnerables, no es prioridad del Estado ni de la sociedad; y, por otro lado, no nos enfocamos en un enfoque lógico y científico para abordar los problemas que afectan a nuestra sociedad, sino que actuamos sobre la base de improvisaciones de naturaleza reactiva y no proactiva.
El autor es abogado, especialista en Niñez, Adolescencia y Familia.
