El reciente fallo emitido por la Corte Suprema de Justicia, que declaró inconstitucional el contrato con Panama Ports Company (PPC), representa un avance jurídico frente a un monopolio de casi tres décadas. Durante 27 años, la relación entre el Estado y PPC estuvo marcada por un contrato que muchos sectores calificaron como leonino. Esta declaración de inconstitucionalidad ha devuelto al Estado panameño la soberanía sobre los litorales del Canal, en los puertos de Balboa y Cristóbal, al ser considerados lesivos al interés público.
Bajo esta premisa, resulta necesario rescatar el territorio para establecer un nuevo ordenamiento marítimo que priorice las infraestructuras estratégicas e impacte tanto en la logística global como en la movilidad urbana local. Desde la perspectiva territorial, esto significa que el suelo costero de mayor valor estratégico vuelve a estar sujeto a la planificación urbana nacional, prevaleciendo el interés público sobre los intereses de una concesión privada.
Sin embargo, el verdadero cambio radica en la visión del Órgano Ejecutivo y de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) de integrar estos puertos en un ecosistema único. Ya no se trata de terminales aisladas, sino de nodos marítimos interconectados que responden a una planificación de uso de suelo donde la planificación territorial se antepone a la expansión urbana descontrolada.
Este nuevo modelo se apoya en hitos consolidados, desde la ampliación para buques Neopanamax hasta la conectividad estratégica del Puente Atlántico, a los que ahora se suma la planificación del proyecto hídrico de Río Indio. En este contexto surge un proyecto ambicioso que marca una nueva etapa: la construcción de un ducto de 76 kilómetros para el transporte de propano y butano. Este proyecto es, en esencia, una pieza clave; al trazar una línea de acero que conecta el Atlántico con el Pacífico, Panamá construye un bypass energético.
Lo más relevante de esta obra es su impacto indirecto en el recurso hídrico. Al mover gas por tubería, la ACP podrá ahorrar millones de galones de agua dulce que, de otro modo, se perderían en el llenado de las esclusas para el tránsito de buques gaseros. Es un ejemplo claro de cómo la infraestructura tecnológica puede ordenar el uso de los recursos naturales, permitiendo que el agua del lago Gatún se reserve para el consumo humano y para los buques de carga que no tienen alternativa terrestre.
No obstante, el incremento proyectado del 40% en el tráfico de equipo pesado no puede ser ignorado. La red vial actual ya representa un sacrificio para la calidad de vida de los residentes en áreas como Ancón, Cárdenas, Diablo y Albrook. Por ello, el ordenamiento territorial debe ser más contundente, mediante la creación de vías exclusivas. Resulta imperativo el diseño de corredores de carga que segreguen físicamente a las mulas del tráfico particular. Estos corredores deben conectar directamente los puertos de Balboa y Corozal con el Puente Centenario y el futuro Cuarto Puente, junto con una maximización del uso ferroviario, donde el tren deje de ser un complemento y se convierta en el eje principal del movimiento de contenedores, reduciendo así la presión sobre la Vía Centenario.
El ordenamiento territorial en Panamá siempre ha sido un ejercicio de equilibrio geopolítico. La decisión de quién opera cada terminal no solo afecta el flujo de buques, sino que define las zonas de influencia económica en el istmo. Bajo la mirada protectora y reguladora de la ACP, el gobierno central, al retomar el control, debe asegurar que el uso del suelo refleje una neutralidad que continúe siendo atractiva para la inversión global, sin comprometer la autonomía nacional.
El fallo contra PPC ha abierto una ventana de oportunidad para que el ordenamiento territorial marítimo y la logística finalmente hablen el mismo idioma. En este nuevo escenario, Panamá puede dejar de ser solo un lugar de paso para convertirse en un modelo de desarrollo sostenible que replique el éxito del Canal en el conjunto de su territorio.
El autor es estudiante de la Maestría en Ordenamiento Territorial para el Desarrollo Sostenible de la Universidad de Panamá.
