Hace cuatro años, los Agustinos Recoletos se retiraron de la administración del Colegio San Agustín de Kankintú. Con su partida, se apagó un compromiso que llevó educación a la región y mantuvo una presencia durante décadas en uno de los rincones más aislados de Panamá, accesible por río o helicóptero. La orden se marchó porque el Ministerio de Educación (Meduca) incumplía, año tras año, obligaciones básicas como el pago de las planillas docentes. Sostener una escuela sin que el Estado cumpliera su parte dejó de ser viable.
Fue en 1967 cuando inició la presencia agustina en la región. El decreto que creó el Centro Vocacional Indigenista San Agustín describió a la población guaymí de Cricamola en “condiciones generales infrahumanas”: catorce mil indígenas dispersos en una extensa área, un 93 % de analfabetismo entre las mujeres y apenas un 19 % de los hombres con dominio del español, frente a un 12 % de las mujeres. El propio decreto reconocía que el Estado, “por razones de índole económica”, no podía atender por sí solo esa necesidad. Por ello, confió la dirección del centro a la Prelatura de Bocas del Toro.
Durante décadas, unos pocos religiosos sostuvieron una misión que llegó a atender a cerca de cuarenta comunidades indígenas y a más de mil estudiantes. Era, para buena parte del río Cricamola, la única puerta hacia una educación confiable y de calidad.
Un exalumno del colegio lo resume así: “Estudiar bajo la administración agustina era apostar por la filosofía de San Agustín. Aquí todos tienen algo que aportar, aunque no tengan ni un centavo que ofrecer. No importa el lugar donde naces. Tú construyes tu propio camino y llegas a ver una luz que antes te resultaba imposible”, relata. “El norte de su administración siempre fue la innovación, junto con la formación de líderes que dejan huella”. Es lo que distingue a una institución que educa con propósito.
El Colegio San Agustín de Kankintú ofrecía una escuela digna, comprometida con la niñez y la juventud de la región. Esta realidad contrasta con los reportes de medios de comunicación que informan que, en Bocas del Toro, más de 1,800 estudiantes del distrito asisten a clases en “escuelas rancho”: con pisos de tierra, sin electricidad, con letrinas en lugar de baños y sin agua potable. Los maestros envían año tras año evidencias y cartas al Meduca denunciando esas condiciones. Son ignorados.
Lo perverso es que la indiferencia no puede achacarse a la falta de presupuesto. Según el Ministerio de Economía y Finanzas, la partida del Meduca para edificaciones pasó de 35 millones de dólares en 2023 a 300 millones en 2024 y a más de 1,335 millones este año. El dinero creció de forma exponencial; la respuesta a las comunidades indígenas, no. Esa brecha evidencia que el problema no es de recursos, sino de voluntad y capacidad de ejecución.
El propio colegio, ya bajo administración exclusiva del Meduca, siguió siendo escenario de esa desidia. En 2023, mientras el ministerio prometía mejorar la infraestructura, la escuela pasó semanas sin que docentes ni alumnos retornaran a clases. Las autoridades reconocieron que el terreno pertenecía a la Prelatura de Bocas del Toro. Incluso la titularidad del suelo llevaba años sin resolverse.
¿Qué perdió Kankintú? Lo que rara vez se cuantifica en un presupuesto: una institución con memoria, educación con sentido y compromiso, maestros que conocían a las familias y una infraestructura pensada para durar. Perdió uno de los pocos lugares de la comarca donde “recibir clases” no era sinónimo de sobrevivir a la intemperie o de arriesgar la vida para ir a la escuela.
Este episodio importa más allá de Bocas del Toro porque retrata la arquitectura de la desigualdad educativa panameña. Nuestros pueblos indígenas siguen enfrentando escuelas rancho, ausencia de atención médica y hasta muertes de estudiantes al cruzar ríos para llegar a clases, como lo constató el informe Educación Mortal: crisis de ahogamientos infantiles en la comarca Ngäbe Buglé, de Jóvenes Unidos por la Educación y Fudespa.
Cuando el único actor dispuesto a comprometerse con la calidad educativa en una zona así se retira porque el Estado no cumple sus obligaciones más elementales, el mensaje es inequívoco: las comunidades indígenas siguen siendo territorio de segunda categoría en la política pública panameña.
Cuatro años después de la partida de los agustinos, se confirma que en Panamá el derecho a una buena educación todavía depende del lugar en que se nace.
La autora educadora es expresidenta de la Junta Nacional de Escrutinio.
