La crisis de la basura en el distrito de Panamá no es solo un problema de logística o infraestructura, sino una crisis de institucionalidad, transparencia y, muy probablemente, un síntoma alarmante de corrupción enquistada en la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario (AAUD). El más reciente intento de licitación para la recolección de desechos, realizado el 9 de octubre de 2025, es la tercera oportunidad fallida de esta entidad en su misión de encontrar un contratista idóneo para un servicio esencial. Y una vez más, las irregularidades, negligencias y sospechas de favoritismo manchan un proceso que debería ser modelo de transparencia.
Las advertencias ignoradas del presidente
El presidente José Raúl Mulino ha sido enfático en sus advertencias sobre los malos manejos en la AAUD. En julio de 2025, el mandatario denunció públicamente que, en la licitación de la AAUD para lo mismo, “nos habían colado en esos términos aspectos negativos para seguir en el mismo relajo. El negocio no es hacer la licitación, el negocio es que no haya licitación para que sigan en las mismas fortunas de dinero por cargar basura”. Esta declaración cobra una relevancia escalofriante cuando se analiza el proceso reciente del 9 de octubre de 2025. El presidente advirtió sobre intentos de perpetuar a las mismas empresas que actualmente recolectan los desechos, aquellas que han operado bajo contratos de emergencia y excepcionales. Y precisamente eso es lo que parece haber ocurrido en esta licitación, donde la comisión evaluadora habría actuado con una negligencia que roza lo deliberado.
La farsa del 9 de octubre
El acto público del 9 de octubre presentó ofertas de tres consorcios: Istmo Green Panamá, Consorcio Aseo Total y Consorcio Aseo del Este. Las mejores ofertas económicas para dos de los tres renglones las presentaron Aseo Total y Aseo del Este. El problema es que ambos consorcios pertenecen a la misma empresa, Pronto Aseo, S.A., una de las empresas que actualmente presta el servicio y que el presidente Mulino señaló como parte del problema que quería resolver.
El pliego de cargos establecía claramente, en su página 65, numeral 32, punto 8: “Cuando un proponente participe en más de una propuesta” es causal de descalificación. Es una prohibición explícita. Sin embargo, la comisión evaluadora, encargada de velar por el cumplimiento de estas normas, no solo pasó por alto esta flagrante violación, sino que recomendó adjudicar dos de los tres renglones a estos consorcios vinculados.
Las irregularidades documentadas
El Consorcio Istmo Green Panamá, a través de la firma legal Quijano & Asociados, presentó un exhaustivo reclamo que documenta con precisión quirúrgica las múltiples irregularidades del proceso. Entre los incumplimientos más graves de los consorcios Aseo Total y Aseo del Este se encuentran:
Financiamiento insuficiente
Certificaciones de software deficientes
Programa comunitario de reciclaje inexistente
Experiencia técnica insuficiente
La arbitrariedad contra Istmo Green
Pero las irregularidades no se limitaron a permitir lo que debió ser prohibido. La comisión evaluadora también aplicó criterios arbitrarios para restar puntos al Consorcio Istmo Green. Bajo el argumento de que presentar el mismo personal técnico clave para dos renglones “limita la posibilidad de efectuar una evaluación técnica independiente”, procedió a reducir artificialmente su puntaje.
El problema es que esta restricción no existe en el pliego de cargos. La comisión evaluadora inventó un criterio de evaluación no contemplado en las reglas del proceso, violando flagrantemente el principio de estricta legalidad consagrado en el artículo 27 del Texto Único de la Ley 22 de 27 de junio de 2006, que establece que “las normas de los procedimientos de selección de contratista se interpretarán de manera que no den ocasión a seguir trámites distintos y adicionales a los expresamente previstos”. El artículo 68 de la misma ley es categórico: “La comisión evaluadora o verificadora deberá aplicar los criterios de evaluación contenidos en el pliego de cargos”. Al aplicar un criterio distinto, la comisión violó directamente la ley.
Tres intentos, tres fracasos
Esta es la tercera vez que la AAUD intenta llevar a cabo una licitación para la recolección de basura y presenta irregularidades graves. El patrón es preocupante y sugiere algo más profundo que mera incompetencia. En julio de 2025, el presidente Mulino ya había ordenado revisar una licitación igual de la AAUD tras detectar que le habían “colado” irregularidades en los términos y condiciones. “Los representantes de los ministerios en esa junta directiva no actuaron diligentemente”, denunció el mandatario, quien agregó que, gracias a un técnico que envió un informe por escrito, se activaron las alarmas a tiempo.
La pregunta que surge es inevitable: ¿cuántas veces más tendremos que presenciar estos intentos de perpetuar el mismo sistema de favoritismo, donde las mismas empresas se benefician de contratos millonarios mientras la ciudad se ahoga en su propia basura?
El costo de la negligencia
Mientras la AAUD sigue tropezando con la misma piedra —o, más bien, permitiendo que otros la coloquen estratégicamente en su camino— los capitalinos sufren las consecuencias. La basura se acumula en las calles, los “pataconcitos” proliferan y el distrito de Panamá continúa enfrentando una crisis que, según la propia entidad licitante reconoce en el pliego de cargos, “ha enfrentado durante años”. El contrato en juego vale 140.3 millones de dólares y tiene una duración de 84 meses. No es un asunto menor. Es un servicio esencial que afecta la salud pública y la calidad de vida de cientos de miles de personas. Y, sin embargo, la AAUD parece más preocupada por complacer intereses particulares que por cumplir con su mandato institucional.
¿Corrupción o incompetencia?
La frontera entre negligencia institucional y corrupción deliberada se vuelve cada vez más difusa cuando los errores siguen un patrón tan claro. Una comisión evaluadora que no detecta que dos consorcios pertenecen a la misma empresa —cuando esta información es de acceso público— no está cometiendo un simple descuido. Una evaluación que ignora incumplimientos documentados y, simultáneamente, inventa criterios restrictivos contra el único consorcio que sí cumple con todos los requisitos no es el resultado de la mera incompetencia.
La comisión evaluadora falló tan estrepitosamente en este proceso de licitación que debemos preguntar: ¿quién nombró a los miembros de esa comisión? ¿Bajo qué criterios fueron seleccionados? Estas son preguntas que merecen respuestas públicas y contundentes.
No puede haber una cuarta vez
La AAUD ha tenido tres oportunidades. Tres intentos de demostrar que puede conducir un proceso de licitación limpio, transparente y apegado a la ley. Y tres veces ha fallado. No puede haber una cuarta vez. El presidente Mulino debe intervenir directamente en este asunto, tal como lo hizo anteriormente. Debe exigir la revisión inmediata del proceso, la descalificación de los consorcios que violaron el pliego de cargos y la investigación penal de los responsables de estas irregularidades. No se trata solo de castigar el pasado, sino de sentar un precedente para el futuro: en Panamá, las licitaciones públicas no son territorios de caza para politiqueros y empresarios inescrupulosos.
La basura en nuestras calles es un problema grave. Pero la basura institucional —esa corrupción enquistada que pudre nuestras instituciones desde adentro— es aún más peligrosa. Es hora de sacar ambas a la luz y disponerlas en el único lugar donde deberían estar: fuera de nuestra sociedad.
Si no actuamos ahora, si permitimos que este proceso continúe con sus vicios intactos, estaremos enviando un mensaje claro: en Panamá, la corrupción sigue siendo más rentable que la honestidad. Y ese es un mensaje que no podemos —y no debemos— permitirnos enviar.
La pelota está ahora en la cancha del administrador Moreno y, en última instancia, del presidente Mulino. Los panameños estaremos observando. Y esta vez no aceptaremos más excusas ni más “intentos”. Esta vez exigimos resultados. Porque nuestra ciudad, nuestra salud y nuestra dignidad como ciudadanos dependen de ello.
El autor es ingeniero ambientalista.
