Hace cinco décadas mi empresa de tractores y equipo agrícola ALFORD, S.A. tenía una importante cuenta por cobrar a un respetable arrocero del país, que falleció y ninguno de sus herederos aceptó devolver los equipos adquiridos, ni hacerse cargo de la substancial deuda.
Mi tío, abogado litigante de un importante bufete jurídico, luego de estudiar el caso tranquilamente me informó: “Sobrino, en este país las demandas por casos de herencias demoran años en resolverse y, si llegan a la Corte Suprema, pueden demorar hasta 10 años más en fallar; para entonces habrás perdido todo”.
Acto seguido su recomendación legal fue: “Es mejor un mal acuerdo que un buen pleito”, y por supuesto la pérdida fue totalmente para quienes financiamos la operación.
Pasado más de medio siglo no veo cambios reales en la balanza de la justicia. Por el contrario, observo que la especialidad más exitosa de la abogacía no es preparar una excelente defensa legal para el cliente, ni lograr mediante pruebas convencer al juez o al jurado de su inocencia, sino obtener influencias para modificar legislaciones o sesgar fallos por medio de relaciones personales o políticas con funcionarios de turno en cualquiera de los tres poderes del Estado.
La triste realidad es que actualmente el prestigio de las grandes firmas legales se evalúa de acuerdo con sus conductos umbilicales para lograr influir en políticos, legisladores, jueces, banqueros, empresarios o incluso hasta con el bajo mundo.
Resulta entonces que los abogados más reconocidos no ganan sus procesos con base en investigación o buenos argumentos. Los ganan a base de influencias para dilatar los casos hasta que prescriban, o bien por ganar tiempo presentando certificados de incapacidad espurios, buscando fallas en los procedimientos de los fiscales o con testimonios de testigos rebuscados.
Y si lo anterior no les funciona, terminan por concertar acuerdos especiales denominados delaciones premiadas, a cambio de reducciones de penas o casa por cárcel.
Por supuesto, este menú procesal, apetecido por figuras de alto perfil, tiene mucho que ver con la creciente desilusión y desconfianza general en nuestro sistema jurídico y, por ende, con el aumento de la corrupción en todos los niveles de la sociedad.
Un claro ejemplo son los recientes fallos de inconstitucionalidad de la Corte Suprema de Justicia sobre algunos contratos ley renegociados, donde claramente se les adicionaron todavía otros privilegios más en detrimento del erario público.
Imposible pensar que pueda existir tanta ignorancia de la Constitución y las leyes de la República por parte de los múltiples despachos de asesoría legal de variados ministerios o instituciones nacionales (Presidencia, Contraloría, MICI, AMP, Ambiente o Asamblea) responsables de revisar cada uno de los artículos previo a aprobar dichos contratos.
Igualmente responsables son los consejeros legales de grandes firmas jurídicas locales e internacionales que asesoran a las concesionarias y que ni siquiera supieron advertirles del peligro de perder hacha, calabaza y miel, ya que un principio elemental del derecho romano es: “El desconocimiento de la ley no exime a nadie de su cumplimiento”.
Ante lo anterior resulta obvio que, además de negligencia de parte de tantos juristas y funcionarios públicos, igualmente era del conocimiento de los asesores y directores de la compañía beneficiada, hecho que, de poder confirmarse, anularía la posibilidad de un fallo a favor de dichas empresas en cualquier arbitraje internacional.
Llevo meses escuchando que algunos gremios o grupos de abogados, incluyendo algunas universidades, están promoviendo normas para eliminar los exámenes de barra o de idoneidad para ejercer dicha profesión.
Honestamente, no me extrañaría que inclusive pidan que sean sustituidos por un curso de relaciones públicas gubernamentales.
El autor fue ministro de Comercio e Industrias y embajador de Panamá tanto en Washington como en Italia.
