La Asamblea Nacional retomó la iniciativa de reformar su reglamento interno. El proceso, que está en su fase inicial, implica revisar 18 proyectos de ley y llegar a una propuesta para tratarlo en un primer debate en la Comisión de Credenciales. Aunque se trata de un reclamo de larga data de la sociedad civil y activistas, la iniciativa llega tarde y resulta insuficiente frente a los privilegios y vacíos éticos que durante años han dinamitado la credibilidad del órgano legislativo.
Mientras la sociedad apuntaba a excesos como el uso de la planilla como botín y un presupuesto cada vez más abultado, manejado con discrecionalidad, la Asamblea hasta ahora optó por abordar cuestiones operativas: un plazo de máximo diez días para conformar las comisiones y la obligación de debatir los proyectos de ley en el orden en que fueron presentados, entre otras cuestiones funcionales. La única medida que introduce alguna consecuencia es un descuento salarial para los diputados que se ausenten injustificadamente de una sesión sin habilitar a su suplente, una regla que rige en todas las instituciones públicas desde hace años.
Así, la Asamblea queda en la fila de las instituciones que menos transparencia y rendición de cuentas han adoptado. Una situación de larga data.
En las últimas cuatro décadas, el reglamento interno de la Asamblea ha sido reformado al menos en 14 ocasiones desde su sanción en 1984. Ninguno de esos cambios incluyó medidas sustantivas. Tampoco adecuaron su funcionamiento a los principios que ya rigen para el resto de los servidores públicos, establecidos en leyes como la Ley 59 de 1999 (declaración patrimonial de bienes), la Ley 6 de 2002 de Transparencia y el Código Uniforme de Ética de los Servidores Públicos de 2004. Incluso hoy, algunas de esas disposiciones ni siquiera se cumplen dentro del propio órgano legislativo. Y, si no cambia el objetivo de estas reformas, seguirá así.
Algunos diputados han propuesto cambios más profundos. La bancada de Vamos, por ejemplo, planteó eliminar privilegios como la exoneración del impuesto de importación de carros, prohibir la contratación de familiares y suprimir el voto secreto dentro del pleno, entre otras reformas. Pero su iniciativa no obtuvo respaldo en los bloques mayoritarios.
La Asamblea sigue siendo uno de los órganos del Estado con más privilegios y menos controles, y las reformas en discusión apenas rozan ese problema. Por ejemplo, a los diputados se les permite ejercer sus profesiones —como la abogacía— mientras ocupan el cargo, algo prohibido para la mayoría de los servidores públicos. Asimismo, ministros, directores generales, magistrados de la Corte Suprema de Justicia, procuradores, el contralor y otros altos funcionarios están obligados a presentar su declaración patrimonial al inicio y al final de su gestión. Los diputados no, solo el presidente de la Asamblea.
Otra práctica cuestionada que persiste es la contratación de familiares dentro de los despachos legislativos. Es el único órgano del Estado donde un núcleo familiar puede trabajar en el mismo despacho, sin enfrentar sanciones. Las normas para evitar estas faltas administrativas existen, pero nadie quiere aplicarlas.
Los indicadores internacionales reflejan estas debilidades. En el Índice Latinoamericano de Transparencia Legislativa 2023, elaborado por la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, Panamá ocupó el décimo lugar entre 14 países evaluados. El informe destaca la ausencia de datos abiertos, deficiencias en la publicación de información sobre los diputados y sus equipos, la falta de regulación del lobby y la inexistencia de registros públicos sobre reuniones o regalos recibidos por los legisladores.
A pesar de este panorama, existen algunas señales positivas. Un total de 71 diputados compartieron voluntariamente sus declaraciones de intereses y patrimonio a través de la plataforma de la organización Espacio Cívico. Además, 18 de ellos firmaron el “Compromiso por una Asamblea Transparente”, una iniciativa impulsada por las dos organizaciones mencionadas.
Sin embargo, los cambios aprobados hasta ahora siguen siendo limitados frente a los desafíos institucionales. Si la Asamblea realmente desea recuperar la confianza ciudadana, deberá ir mucho más allá de ajustes administrativos y asumir reformas que reduzcan privilegios, fortalezcan la rendición de cuentas y eleven los estándares éticos de la función pública.
De lo contrario, cualquier cambio al reglamento se percibirá como un gesto simbólico, no como una transformación institucional.
La autora es abogada, expresidenta del capítulo panameño de Transparencia Internacional y exdirectora general de la ANTAI.
