En medicina, un error de diagnóstico puede costar una vida. Un cirujano que retrasa la intervención de un trauma hepático grado V sabe que el paciente terminará desangrándose. Esa misma lógica se traslada a la economía cuando un país enfrenta una crisis profunda y los gobernantes insisten en tratar una hemorragia con medidas pensadas para un resfriado. Panamá atraviesa una emergencia económica que combina desempleo, deterioro de los servicios públicos, bajo crecimiento y pérdida de confianza. Sin embargo, el debate político parece concentrarse más en el contenido que producen para las redes sociales algunos diputados de MOCA y Vamos que en la vigilancia rigurosa de la ejecución presupuestaria y de la calidad del gasto público del gobierno de Realizando Metas.
El propio presidente José Raúl Mulino reconoció, en su informe del 1 de julio de 2026, que al inicio de su administración recibió propuestas para reducir en un 20% la planilla estatal y disminuir subsidios. Esa afirmación confirma que la austeridad fue concebida desde el primer día como la principal respuesta a la crisis fiscal. La premisa parecía sencilla: reducir el gasto para recuperar la confianza de los mercados. El problema es que esa receta parte de un supuesto discutible, según el cual el elevado endeudamiento es siempre la causa del bajo crecimiento económico. Si todo avanza a paso firme, ¿por qué los inversionistas internacionales han respondido retirando su dinero de Panamá?
La experiencia internacional demuestra que esa relación no es necesariamente unidireccional. Con frecuencia ocurre exactamente lo contrario. Una economía que deja de crecer recauda menos impuestos, genera menos empleo y termina aumentando el peso relativo de su deuda. Cuando el producto interno bruto se contrae, la deuda se vuelve proporcionalmente más pesada, aunque el gobierno reduzca el gasto.
Durante años se ha instalado la idea de que la baja productividad panameña es consecuencia de la supuesta vagancia de los trabajadores. Ese argumento ignora que la productividad depende, fundamentalmente, de la calidad de las instituciones, la infraestructura, la educación y la incorporación tecnológica. Son precisamente esos factores los que requieren inversión sostenida. Cuando se restringe la inversión pública en nombre de la disciplina fiscal, se debilitan las bases que permiten aumentar la productividad futura.
Paradójicamente, Panamá exige a las empresas farmacéuticas demostrar que un nuevo medicamento ofrece más beneficios que riesgos antes de autorizar su uso para proteger la salud pública. Sin embargo, no existe un estándar semejante para evaluar políticas económicas capaces de afectar el empleo, la educación, la salud o la seguridad ciudadana. Las medidas de austeridad fueron implementadas sin demostrar que sus beneficios superarían sus costos sociales.
La experiencia posterior a la crisis financiera de 2008 debería haber servido como advertencia. En varios países europeos, la consolidación fiscal aplicada para tranquilizar a los acreedores provocó recesión, desempleo elevado, deterioro de los sistemas sanitarios y educativos, además de un incremento del peso de la deuda respecto del producto interno bruto. Reducir el gasto en una economía deprimida terminó debilitando aún más la capacidad de recuperación.
Ese mismo riesgo enfrenta Panamá cuando la disciplina fiscal se convierte en un objetivo absoluto y deja de ser un instrumento para promover el desarrollo. Si la reducción del gasto debilita la actividad económica, disminuye la recaudación y aumenta el desempleo, la propia sostenibilidad fiscal termina deteriorándose.
La estabilidad económica no puede medirse únicamente por la tranquilidad de los mercados financieros. También debe evaluarse por la capacidad de un país para mantener en funcionamiento sus hospitales, garantizar una educación de calidad, asegurar el abastecimiento de agua potable y generar oportunidades laborales. Una economía que sacrifica esas prioridades difícilmente puede considerarse estable, aunque sus indicadores fiscales parezcan más ordenados sobre el papel.
Uno de los argumentos más repetidos para justificar la austeridad sostiene que el Estado debe administrar sus finanzas igual que una familia responsable, gastando únicamente lo que ingresa. Este argumento resulta problemático. Un hogar no emite políticas públicas, no planifica infraestructura nacional, no sostiene sistemas educativos ni administra hospitales. El Estado existe precisamente porque hay bienes públicos que ningún individuo puede financiar de manera aislada.
Comparar las finanzas públicas con las de una familia solo tendría sentido si aceptáramos como normal la imagen de un padre que aparece cuando quiere para justificar su ausencia alegando que no hay dinero para cubrir la educación, la alimentación o la salud de cuatro millones de personas, mientras desatiende sus responsabilidades fundamentales. Esa analogía simplifica en exceso una realidad mucho más compleja.
La realidad panameña añade un elemento adicional. Panamá utiliza el dólar estadounidense, pero no lo emite. Su estabilidad depende de atraer inversión, preservar la seguridad jurídica y mantener la confianza de quienes generan divisas. Cualquier decisión que aumente la percepción de incertidumbre institucional termina afectando directamente la actividad económica y el crecimiento. En ese contexto, convertir la austeridad en una virtud automática puede resultar contraproducente. Una economía que necesita empleo, mantenimiento de infraestructura, abastecimiento de agua, inversión educativa y disponibilidad de insumos médicos difícilmente recuperará dinamismo reduciendo precisamente esos componentes.
La inversión pública no debería evaluarse únicamente por su costo, sino por su capacidad de mejorar la productividad y el bienestar. Si una obra no mejora el acceso al agua, la movilidad, la seguridad, la logística, la educación o la salud, probablemente representa un gasto improductivo. Pero eliminar indiscriminadamente la inversión útil tampoco constituye una solución. La consolidación fiscal enfrenta, además, una limitación ampliamente reconocida por la teoría económica. Cuando empresas y hogares reducen simultáneamente su gasto por incertidumbre, el Estado suele convertirse en el único actor capaz de sostener la demanda agregada. Si también reduce su gasto, la contracción económica se profundiza. En esas circunstancias, la disminución del producto nacional termina aumentando el peso relativo de la deuda, en lugar de reducirlo.
La experiencia panameña refleja varias de esas tensiones. La recuperación del empleo ha sido lenta, el desempleo juvenil permanece elevado y numerosos hogares enfrentan condiciones crecientes de vulnerabilidad. Cada recesión deja cicatrices más profundas y prolongadas que la anterior. La confianza empresarial tampoco surge automáticamente como consecuencia de los recortes presupuestarios. Los inversionistas también observan la calidad institucional, la transparencia, la capacidad de ejecutar proyectos y la existencia de reglas estables.
La ortodoxia económica suele asumir que la confianza de los mercados aparecerá espontáneamente cuando disminuya el gasto público. Sin embargo, la historia económica demuestra que no existe un “hada de la confianza” capaz de restaurar el crecimiento simplemente porque un gobierno anuncie disciplina fiscal. La inversión responde a expectativas de rentabilidad futura, estabilidad jurídica y crecimiento económico, no únicamente al tamaño del déficit.
Otro aspecto frecuentemente ignorado es que el pasivo del Estado representa, al mismo tiempo, un activo para el sector privado. Reducir abruptamente el gasto público implica disminuir ingresos para empresas, trabajadores y proveedores que dependen de la actividad económica nacional. Por esa razón, una consolidación fiscal que se limite a aplicar una austeridad mal diseñada y mal ejecutada termina debilitando precisamente al sector privado que pretendía proteger.
La verdadera responsabilidad fiscal no consiste únicamente en reducir cifras presupuestarias. También exige eliminar la corrupción, evitar sobrecostos, mejorar la calidad del gasto y garantizar que cada dólar invertido genere valor público. Un Estado austero que mantiene el despilfarro, una baja ejecución presupuestaria y la ineficiencia administrativa difícilmente podrá reclamar éxito.
El verdadero desafío consiste en construir una política fiscal que combine sostenibilidad financiera con crecimiento económico. La estabilidad no puede alcanzarse sacrificando la capacidad productiva del país ni trasladando el costo de los errores estructurales exclusivamente a trabajadores, estudiantes, pacientes de la Caja de Seguro Social y pequeñas empresas. La disciplina fiscal es una herramienta, no un dogma. Cuando se convierte en un fin en sí mismo, corre el riesgo de preservar balances contables mientras deteriora el capital humano y el futuro económico de toda una nación.
El autor es médico sub especialista.
