Cuando una dictadura desconoce el principio de autodeterminación de los pueblos, privando al pueblo del derecho inalienable a adoptar la forma de gobierno que más convenga a sus intereses, viola la soberanía popular, ya que el poder del Estado no deriva ni emana del pueblo, sino de quienes detentan el poder público sin más legitimidad —si es que de legitimidad puede hablarse— que la que otorga la fuerza de las armas. Por otra parte, cuando una dictadura desconoce los derechos humanos, priva a los habitantes del Estado, es decir, al pueblo, del mínimo de derechos que todo Estado debe reconocer a las personas por su mera condición humana.
En América Latina, desafortunadamente, la soberanía de los Estados no solo ha sido vulnerada por terceros Estados, sino también, y en gran medida, por los propios nacionales. América Latina ha sido tan prolífica en dictadores y dictadorzuelos, sin Dios ni ley, que podríamos afirmar que, en los últimos 125 años, ellos han causado a nuestros países más daño que las intervenciones extranjeras, aunque se pretenda ignorar este hecho.
De lo anteriormente expuesto, es necesario distinguir con claridad y precisión entre una intervención militar ejecutada, por ejemplo, por un Estado o grupo de Estados para obtener algún beneficio, y la ejecutada para que el principio de autodeterminación de los pueblos y los derechos humanos vuelvan a resplandecer en el Estado intervenido. En el primer caso, estamos frente a un acto de intervención, ya que la injerencia tiene por finalidad imponer al Estado intervenido la voluntad del Estado o Estados interventores, con el fin de obtener algún beneficio. Un ejemplo de esta deformación es la reciente invasión de Rusia a Ucrania, aún en progreso. En el segundo caso, la injerencia no tipifica un acto de intervención, ya que no está motivada por el deseo del Estado interventor de imponer su voluntad ni de obtener ventajas, sino, por el contrario, de ayudar a que el principio de autodeterminación de los pueblos y los derechos humanos vuelvan a ser respetados.
Lo mismo ocurre con la Organización de Estados Americanos (OEA), ya que no tenía intereses que hacer valer durante la crisis en Panamá y ahora en Venezuela. En consecuencia, ningún Estado miembro de la OEA debió negarse —sin socavar uno de los pilares que siempre deben sustentarla, que es la consolidación de las instituciones democráticas en el continente— a adoptar medidas inmediatas que hubieran contribuido de forma efectiva y eficaz a restablecer en Panamá, a finales de la década de 1980, el Estado de derecho, cosa que no sucedió. Más ahora en Venezuela, cuando en 2001 se instituyó la “Carta Democrática”. A pesar de lo expuesto, para la mayoría de los Estados latinoamericanos, lo único que contaba durante aquellos años de angustia para los panameños era la posible realización de actos de injerencia per se, confrontando el conveniente y restringido principio de “no intervención”. Los fines y objetivos de estos actos de solidaridad, dirigidos a consolidar la democracia de un Estado secuestrado por un gobierno ilegítimo o dictadura, no tenían ningún valor.
En su momento, por no haber sido capaz la OEA de tomar una decisión firme y adecuada, Manuel Antonio Noriega no solo impuso en Panamá, el 1 de septiembre de 1989, al presidente que quiso, sino que el 15 de diciembre siguiente se auto designó “jefe de Gobierno”, cargo que no contemplaba ni contempla la Constitución Política, valiéndose de una obsecuente y servil Asamblea Nacional de Representantes de Corregimientos, organismo que tampoco contemplaba ni contempla la Constitución. Y para rematar, frente a las actitudes grotescas e ilógicas de Noriega y sus secuaces militares y civiles del Partido Revolucionario Democrático (PRD), fuimos víctimas de la invasión norteamericana del 20 de diciembre de 1989. En realidad, la OEA nos dejó abandonados a nuestra suerte con la cantilena de que la crisis panameña debía ser resuelta por los mismos panameños, cuando lo cierto es que un pueblo desarmado, como el nuestro, no podía enfrentarse a un ejército que había hecho de la corrupción y de la represión sus principales instrumentos de gobierno. Pero como quienes habían hecho añicos la soberanía de Panamá eran panameños, cualquier acción para librarnos de ese oprobioso régimen militar era inmediatamente calificada de atentado al “sagrado” principio de no intervención.
Hoy, en virtud de la Carta Democrática, ni la OEA ni sus miembros pueden justificar la inacción con el superado principio de no intervención. Al abstenerse países como Honduras, Colombia y Brasil, y no asistir México, entre otros Estados, principalmente caribeños, sumaron lo suficiente en esa asamblea para darle la espalda al pueblo venezolano, despojado de un legítimo triunfo electoral por el dictador Maduro y su clan, al no aprobarse la resolución solidaria de la OEA (que, por cierto, nadie votó en contra). Si no hay un cambio radical en el gobierno venezolano, especialmente militar, así como una actitud más vehemente y enérgica de la comunidad internacional, Venezuela seguirá hundiéndose en la miseria. Crecerá su éxodo subyugado por grupos delincuenciales y rutas mortales, familias enteras seguirán separándose, mientras la OEA asume otro descalabro internacional como cuerpo colegiado, ante la actitud descarada de la mitad de sus desvergonzados miembros.
El autor es abogado.
