Panamá no tiene un “problema de basura”: tiene un problema de planificación. Cada bolsa que termina en una cuneta, cada quema a cielo abierto en el interior y cada incendio recurrente en el relleno de Cerro Patacón es, en realidad, el síntoma de que se ordena tarde y se reacciona caro.
La capital vive el drama en alta definición. A Cerro Patacón llegan desde Panamá y San Miguelito entre 2,400 y 2,500 toneladas diarias de desechos, sin separación previa. Ese volumen, acumulado día tras día, no solo acorta la vida útil del sitio: multiplica lixiviados, gases, vectores y riesgos de incendios, y deteriora la imagen de la ciudad ante visitantes y residentes. Ningún destino que aspire a una “marca verde” puede normalizar montañas humeantes en su periferia.
Pero el país es más grande que el vertedero. El Censo 2023 del INEC deja una alerta que casi no discutimos: en el distrito de La Pintada, el servicio de recolección de basura se aproxima al 44.7%, mientras que la incineración o quema alcanza el 36.5%.
El mismo diagnóstico municipal, basado en datos del INEC, estima entre 45 y 50 toneladas métricas diarias dispuestas en un vertedero a cielo abierto, además de una alta morosidad en la tasa de aseo. Cuando quemar se vuelve “solución”, el humo entra a las casas y el costo sanitario lo paga la familia.
De residuo a recurso: la oportunidad que Panamá está dejando en la calle
Las consecuencias son conocidas y medibles: contaminación de ríos y playas —con impacto directo en la pesca y la recreación—, emisiones por quema y por la descomposición de orgánicos, proliferación de enfermedades, pérdida de valor inmobiliario en áreas cercanas a botaderos y un costo fiscal creciente por operar en emergencia, apagar incendios o remediar daños. El Banco Mundial recuerda que, a escala global, al menos un 33% de los residuos se gestiona de forma inadecuada, mediante botaderos y quema. Quemar basura también quema oportunidades. Panamá no puede seguir gastando en apagar fuegos sin atacar la raíz.
Planificar residuos es planificar desarrollo
La buena noticia es que el mundo ya probó rutas que funcionan. Corea del Sur convirtió el “paga según lo que botas” —cobro por volumen, bolsas oficiales y separación obligatoria— en política nacional; un balance del Banco Asiático de Desarrollo destaca que el reciclaje aumentó sostenidamente hasta niveles muy altos hacia 2022. Alemania, por su parte, financia buena parte de su sistema con la Responsabilidad Extendida del Productor (EPR). La OCDE explica que estos esquemas trasladan costos y, en ocasiones, responsabilidades operativas de la gestión de residuos desde el gobierno hacia los productores, creando fondos estables para recolección, clasificación y reciclaje.
No basta con campañas de afiches; se requiere una estrategia país, anclada al ordenamiento territorial:
Planificar por regiones de gestión (cuencas y corredores logísticos).
Separación en origen, gradual pero obligatoria, empezando por grandes generadores (hoteles, comercios y mercados) y municipios turísticos.
Orgánicos como prioridad: compostaje y biodigestión cerca de zonas agropecuarias.
Financiamiento mixto y transparente: EPR para envases y tarifas “paga lo que botas” donde sea viable.
Alianzas público-privadas para plantas de valorización y bonos verdes municipales para infraestructura, con metas verificables y rendición trimestral.
Beneficios visibles para ciudadanos y turistas: calles limpias, playas más seguras, empleo local —reciclaje formal e inclusión de recuperadores— y una marca país coherente con la sostenibilidad.
Incentivos tarifarios a barrios que cumplan metas.
Si cada municipio vincula su plan de residuos a su Plan de Ordenamiento Territorial —definiendo zonas de acopio, rutas, educación y control—, la basura dejará de ser una vergüenza nacional y podrá convertirse en una oportunidad productiva. Hablamos de economía circular.
La basura no desaparece: se administra. Y administrar, en un país logístico y turístico, también es ordenar el territorio con disciplina.
El autor es exministro de Vivienda y estudiante de Maestría en Ordenamiento Territorial para el Desarrollo Sostenible Universidad de Panamá.
