La Calzada de Amador es un lugar icónico: tres islas unidas por un camino construido con material extraído durante la construcción del Canal. Son islas que han presenciado la metamorfosis cultural, ideológica y política del istmo a lo largo de los últimos siglos. Hoy, la Calzada de Amador ofrece una vista privilegiada de la ciudad capital, la entrada del Canal de Panamá en el litoral Pacífico y un espacio para construir memorias que deberían ser siempre gratas e inolvidables.
Sin embargo, esas memorias no siempre terminan en una fotografía o en una tarde tranquila; para muchos, se convierten en horas grises entre denuncias, fiscalía y trámites en criminología. En este contexto, escribo con base en las vivencias de numerosos panameños, panameñas y visitantes extranjeros que han vivido o presenciado la falta de seguridad en la Calzada de Amador.
La situación es crítica: ya sea en Flamenco, Naos o Perico, los amigos de lo ajeno acechan de día y de noche, a cualquier hora, y cualquiera puede ser víctima. Operan con calma, como si el entorno les perteneciera: caminan entre los autos en los estacionamientos o se colocan estratégicamente para observar a los visitantes, esperando un instante de descuido para actuar y desaparecer.
Entre lo triste y lo frustrante, cuando una persona es víctima de un robo en esta zona y busca orientación del cuerpo de seguridad local, la primera respuesta que recibe —tanto de agentes como de supervisores— no es apoyo ni un protocolo claro, sino un juicio: “la culpa es suya; nadie le manda a dejar pertenencias en el auto”. Es una manera cómoda de lavarse las manos. Sí, existe responsabilidad individual, pero aquí hablamos de otra cosa: de la respuesta institucional mínima que corresponde en el lugar donde ocurre el delito.
La seguridad presente en el área debería ser la primera línea de contención, guía y acción: atender, orientar, activar el procedimiento, resguardar evidencia y acompañar a la víctima. Cuando, en cambio, lo primero que se ofrece es culpabilización, el mensaje que se transmite es devastador: que el sistema no protege, no acompaña y no responde. ¿Qué impresión se lleva una víctima después de escuchar eso? Y, peor aún, ¿qué relato lleva un extranjero a su país cuando su experiencia en Panamá no termina con apoyo y soluciones, sino con indiferencia, reproche y abandono?
En estos casos, el procedimiento varía según el monto del hurto: si la pérdida es de hasta USD 999, la denuncia se presenta ante el Juez de Paz; si es de USD 1,000 o más, corresponde acudir a la Fiscalía. Al llegar a la Fiscalía, según la sede a la que se asista, el personal atiende con amabilidad y procesa la denuncia con diligencia, pero los comentarios y “recomendaciones” que se escuchan durante el proceso terminan revelando una realidad incómoda: la fragilidad del sistema de seguridad en la ciudad de Panamá y, en particular, en la Calzada de Amador.
Recomendaciones como “yo le digo a la gente que no vaya por allá”, en referencia a Isla Flamenco, porque “ahí roban constantemente”. Si las personas siguen llegando a poner denuncias, es precisamente porque, en la práctica, la Policía Nacional y la seguridad del área resultan insuficientes. Pero el escenario más cruel lo viven los extranjeros: al perderlo todo, incluso sus documentos de viaje, durante un paseo por la Calzada de Amador, quedan en una situación crítica, obligados a denunciar entre lágrimas, frustración e impotencia, para luego sentir que esas denuncias se las lleva el viento.
¿Qué mensaje enviamos al exterior con estos niveles de inseguridad? Como sociedad hemos normalizado lo inaceptable: que el ciudadano se adapte al delito en lugar de que el Estado lo prevenga y lo persiga. No se puede vender turismo, inversión y orgullo nacional mientras una de nuestras vitrinas más visitadas se convierte en sinónimo de miedo. La seguridad no puede depender de advertencias entre conocidos: debe ser una política pública con presencia real, investigación efectiva y resultados medibles.
La inseguridad no se mide solo por cuántos robos ocurren, sino por la certeza de impunidad que queda cuando la respuesta institucional es lenta, tibia o apática. El delito se vuelve rentable no por la audacia de quien lo ejecuta, sino porque el sistema le demuestra que pocas veces habrá consecuencias. Esa lentitud investigativa envía un mensaje devastador: la denuncia es un trámite, no un camino a la justicia; el turista aprende que perderlo todo “es parte del viaje”, y el delincuente confirma que el riesgo es mínimo. Así, la apatía se convierte en política de facto y el daño más profundo aparece cuando la sociedad deja de exigir seguridad y empieza a administrar el miedo, evitando lugares y normalizando lo inaceptable.
El autor es geógrafo, hidrólogo e hidrogeólogo.
