Julio E. Linares tenía una enorme e impresionante tarea, a saber, explicarle a la comunidad internacional la génesis y la posición del nuevo gobierno. Imagínense tener que decirle al mundo, sobre todo a los países de la América Latina, porqué había tomado posesión un presidente a raíz de una invasión extranjera. Y encima de todo, en una base militar del país invasor dentro del territorio invadido. El gobierno del presidente Guillermo Endara no era reconocido por los países que tenían su cuerpo diplomático acreditado en Panamá. Aunque en este tema el canciller Linares fue muy enfático al explicar que los países con quienes Panamá tenía relaciones diplomáticas al momento de la invasión estadounidense, no tenían que hacer un nuevo reconocimiento al gobierno de Endara. Los nuevos reconocimientos se hacen a los gobiernos “de facto” señaló y, al no serlo el gobierno de Endara, no era necesario que fuera reconocido. El de Endara, vale recordar, era un gobierno legalmente constituido y su victoria en las urnas fue aceptada y avalada por el mismo Tribunal Electoral que, siguiendo órdenes del dictador Manuel Antonio Noriega, anuló las elecciones. Pero tampoco los gobiernos autorizaban a sus embajadores realizar ningún tipo de reunión o contacto con el gobierno de Endara.
José Sebastián Laboa, nuncio apostólico de la Santa Sede en Panamá, era el decano del cuerpo diplomático y consular. Entonces decidió convocar al resto de los embajadores y los citó para el 24 de diciembre de 1989, a una reunión a celebrarse en la sede de la Nunciatura. A dicha reunión llegaría el canciller Linares, para lograr un primer contacto del nuevo gobierno con la comunidad internacional, a través de los representantes diplomáticos. El canciller llegó a la Nunciatura ante la presencia de la mayoría de los embajadores y miembros del cuerpo consular acreditado en Panamá, que sumaban poco más de 20 diplomáticos. Se llevó a cabo una reunión informal que si bien, no estaba autorizada por los países representados, iniciaría un largo y extenso proceso de acercamiento y reencuentro con la comunidad internacional. Logro conseguido en su momento por Julio E. Linares dentro de su delicada función diplomática, al normalizarse en su totalidad y bajo su dirección, las relaciones exteriores de Panamá con el resto de los países del orbe. Respecto a la reunión en la Nunciatura, importa destacar que antes de la llegada de Linares ya había otro huésped. Era Noriega, quien había solicitado asilo diplomático y, una vez permitida su entrada por el nuncio a su morada, llegó en el auto manejado por el secretario de la Nunciatura. Se le dejó entrar, mientras que el resto de los embajadores e invitados estacionaban fuera de la muralla de la embajada del Vaticano.
Noriega llegó a la Nunciatura en el carro de la sede diplomática, escondido en el asiento trasero y acompañado por el padre Javier Villanueva vestido de nuncio (Noriega había solicitado al nuncio que estuviera en el carro cuando lo buscaran, pero éste decidió no ir). La decisión de monseñor Laboa de acoger a Noriega fue personal, sin haber consultado a sus superiores. Su intención fue evitar la posible formación de grupos guerrilleros, así como contribuir a la solución de una crisis política que podría tener connotaciones dramáticas. También se refugiaron en la Nunciatura figuras del régimen militar como Nivaldo Mariñán, Bélgica de Castillo y Asunción Eliécer Gaitán.
Y para acabar de rematar, había unos etarras que, ajenos al tema panameño, habían aprovechado la coyuntura para asilarse. A medida que iban saliendo los diplomáticos de la Santa Sede, incluyendo al canciller y otros invitados, todavía ajenos a la llegada de Noriega, se mezclaban con la llegada de tropas estadounidenses con intención de sitiar la casa del nuncio. Monseñor Laboa se convertiría en el centro de la tormenta, con una población panameña en su mayoría, reprochándole su decisión.
En los días siguientes, la comunicación entre Laboa y Linares se rompió. Linares como canciller, y en el medio de los entresijos de la ruptura en la comunicación con Laboa, donde había que tomar en cuenta las normas de derecho internacional público, materia que ambos dominaban a la perfección, llamó a una conferencia de prensa. En la misma afirmó que el Vaticano tenía dos salidas, a saber, o entregaba a Noriega a las fuerzas armadas de Estados Unidos o lo entregaba a la República de Panamá por ser el país territorial. Para ello, explicó Linares, el Vaticano debía hacer una evaluación sobre la conducta de Noriega y determinar si se trataba de un perseguido político o de un delincuente común. Si el Vaticano consideraba a Noriega como un perseguido, cosa que para Linares era casi imposible, debía solicitarle a Panamá un salvoconducto para permitirle viajar a un país extranjero. Si lo consideraba un delincuente común, entonces debía entregarlo a las autoridades panameñas o a Estados Unidos. Monseñor Laboa tenía un serio problema. Él estaba muy claro que los crímenes de Noriega no podían quedar impunes. Pero Panamá formalmente, no lo reclamaba. ¿Entregarlo a Estados Unidos? Ello implicaría entregar el perseguido a sus perseguidores que, además, constituía una fuerza de ocupación extranjera. Habría entonces, pensaría, que entregarlo a un país territorial invadido, saqueado, arruinado y con poca o nula capacidad de acoger a un prisionero como Noriega, quien sería seguramente custodiado por sus antiguos subalternos y con la posibilidad de escapar y fraguar rebeliones o asonadas.
Pasaban los días, con los militares norteamericanos sitiando la sede papal y utilizando una música estridente para golpear psicológicamente a Noriega. La sociedad panameña se impacientaba y se comenzaba a organizar una gran marcha civilista a la Nunciatura. Linares, el 31 de diciembre de 1989, le había enviado una nota a monseñor Agostino Casaroli, quien era el cardenal secretario de Estado de la Ciudad del Vaticano. En la misma, concentró su pensamiento en el problema principal que atañía a Panamá, así como le participó la angustiosa incertidumbre que embargaba, no solo al Gobierno de Panamá, sino a toda la nación como consecuencia del refugio otorgado a Noriega en la sede diplomática de El Vaticano. Linares se refirió en la misiva al peligro real que Noriega representaba para Panamá, si se escapaba de la justicia. Afirmó que no se trataba de un simple criminal, a quien, en peligro de muerte, se le salva la vida al concedérsele un oportuno y seguro refugio.
Las presiones sobre Noriega recrudecían. Los miles de panameños civilistas que acudían a gritarle al dictador y recordarle su posible suerte se multiplicaban y se acercaban físicamente cada vez más a la cerca de protección construida por el ejército estadounidense. Se condenaba a Noriega con gritos, se pronunciaron discursos y los aplausos hacían vibrar y rebotar las palabras de crítica hacia el dictador. Ante la presencia de la muchedumbre enardecida y las tanquetas y armas de grueso calibre de un ejército extranjero que lo esperaba afuera, tal vez la cereza la puso Laboa al recordarle a Noriega la suerte de los dictadores vencidos que caían en manos de sus propios pueblos furibundos por el odio y la venganza. Paralelamente, se publicaban noticias a nivel internacional sobre una supuesta presión ejercida por Estados Unidos a través de su embajador en El Vaticano, Thomas T. Milady, sobre el cardenal Casaroli para entregarles a Noriega.
Finalmente, el 3 de enero de 1990, cuando seguía creciendo la multitud en proporciones gigantescas, Noriega decidió entregarse a las fuerzas de Estados Unidos. Vestido con su uniforme de general, incluyendo sus medallas, subió a un helicóptero escoltado por el general Maxwell Thurman y el mayor Marc Cisneros. Es arrestado por la DEA y conducido a Miami para enfrentar cargos por narcotráfico y lavado de dinero. Dos años más tarde sería condenado. Por cierto, el 15 de enero de 1990, el cardenal Casaroli respondía la nota del canciller Linares, aludiendo a la solución lograda por decisión espontánea de Noriega de entregarse a las tropas estadounidenses, y formulando votos para que los habitantes de Panamá pudiesen gozar a la brevedad de la seguridad y de la serenidad y la paz a las que siempre aspiraron.
El autor es abogado e hijo del canciller Julio E. Linares
