Hay una pregunta que Panamá no se ha hecho con suficiente rigor: ¿qué tan pobres seguiremos siendo si el mecanismo constitucional diseñado para romper el ciclo de pobreza funciona, en la práctica, como su perpetuador? No se trata de una pregunta retórica. Es la conclusión que se impone cuando se analizan las actuaciones del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (IFARHU) no como un escándalo coyuntural, sino como un patrón institucional de décadas.
El artículo 102 de la Constitución es inequívoco: el Estado preferirá, en igualdad de circunstancias, a los económicamente más necesitados. Ese mandato tiene una lógica de desarrollo implícita: en un país desigual, el talento se distribuye en todos los estratos, pero los recursos para cultivarlo, no. La beca pública corrige esa asimetría. Cuando funciona, genera movilidad social. Cuando no funciona, o peor, cuando se invierte su lógica a la clientelista, consolida la desigualdad con sello oficial.
¿Qué tan desigual es Panamá? Un informe del Banco Mundial de febrero de 2025 estableció que los trabajadores menos calificados ganan hasta un 74% menos que quienes tienen educación universitaria; que solo el 20% de los jóvenes logra completar estudios superiores; y que el Índice de Capital Humano del país no ha mejorado en una década. El coeficiente Gini ubica a Panamá entre los países más desiguales de América Latina, con movilidad social muy limitada fuera de la capital. No son datos de contexto. Son el resultado acumulado de políticas públicas que no cumplieron su propósito. Entre ellas, la política de becas.
Analizar el IFARHU por períodos obliga a una conclusión incómoda: la institución que debía corregir la desigualdad operó en sentido inverso. No en todos sus programas —el Concurso General de Becas por mérito ha funcionado a escala real— sino en el programa que maneja los montos más grandes: los auxilios económicos no reembolsables, creados en diciembre de 2004 sin concurso, sin criterio socioeconómico verificable, con aprobación discrecional del director general. Desde su creación, el programa ha sido capturado por cada gobierno de turno con notable consistencia: el director de la era Torrijos fue condenado a ocho años de prisión por peculado en 2026. El de la era Cortizo permanece detenido enfrentando cargos por más de $24 millones en irregularidades.
Lo más revelador no es la corrupción. Lo más revelador es el mecanismo. El exdirector Meneses aseguró ante la Comisión de Presupuesto de la Asamblea que al IFARHU llegaban cartas de recomendación de todas las bancadas legislativas.Tenía en su despachocartas de diputados remitiendo solicitudes y describió el sistema con desconcertante naturalidad: “Esa carta es igual que todas las demás.” No lo decía como confesión. Lo afirmaba desde la normalización. El padrino legislativo no era la excepción al sistema. Era el sistema. La palabra final la tenía el director general, más allá de las recomendaciones del comité técnico. Un funcionario, sin contrapesos, decidía quién accedía y quién no.
Cuando se pone esto en perspectiva con los requisitos del crédito educativo —codeudor con contrato indefinido, talonarios de cheque, amortización inmediata desde el primer desembolso— emerge la doble trampa: los pobres no pueden acceder al crédito porque no tienen las garantías que exige un sistema diseñado para quien es sujeto de crédito; y no pueden acceder a los auxilios porque no tienen el diputado que los recomiende. La Constitución les prometió prioridad. La arquitectura institucional les construyó un laberinto sin salida.
El resultado es predecible y está documentado: mientras un hijo de ministro recibía $190,000 en plena pandemia, miles de estudiantes con becas ganadas por concurso esperaban más de un año su primer desembolso. No por falta de fondos. Por falta de institucionalidad.
Toca decirlo con precisión: no es corrupción episódica, sino la destrucción deliberada y sostenida del ascensor social que el Estado panameño tiene la obligación constitucional de mantener funcionando. Cada carta clientelista que abrió una puerta en el IFARHU cerró, sin que nadie lo viera, la puerta de un joven que solo tenía su promedio. Y ese joven, con toda probabilidad estadística, sigue siendo pobre y ya no sueña.
La autora es presidenta de la Fundación para el Desarrollo Económico y Social y expresidenta de la Junta Nacional de Escrutinio.
