La política panameña se ha caracterizado históricamente por su cortoplacismo, su dependencia del clientelismo y su tendencia a ignorar la evidencia. En este contexto, la ciencia ha sido tratada como un accesorio decorativo, útil únicamente cuando conviene a los intereses de turno, pero nunca como un pilar central en la toma de decisiones. Esta omisión sistemática no solo es irresponsable: es peligrosa. Una política sin ciencia es una política a ciegas, condenada a repetir errores, a improvisar frente a las crisis y a profundizar las desigualdades estructurales que frenan el desarrollo del país.
El problema no es la falta de conocimiento disponible, sino la falta de voluntad política para usarlo. En Panamá, los datos se ignoran, los análisis se desechan y las advertencias se silencian. La toma de decisiones se reduce a cálculos partidistas que favorecen a políticos y privilegian respuestas reactivas que no atacan los problemas de fondo. La política nacional ha aprendido a sobrevivir en la superficie, evitando toda profundidad, porque asumir responsabilidades reales implica rendición de cuentas. En ese juego, la ciencia estorba, porque cuestiona, expone y exige.
Negar el papel de la ciencia en el diseño de políticas públicas no es una falla técnica: es una estrategia de poder. Implica mantener el control sobre un aparato estatal que se mueve sin brújula, porque así es más fácil manipularlo. Mientras el conocimiento se mantiene marginado, quienes toman decisiones no tienen que rendir cuentas ante la lógica, la razón ni la ética. Esta forma de gobernar no es neutral; tiene consecuencias directas sobre la vida de millones de personas. Una política sin base científica no solo es ineficaz: es profundamente injusta.
Cuando el discurso político se aleja del conocimiento, se abre la puerta a la desinformación, al populismo y al deterioro institucional. Las promesas se vacían de contenido, las decisiones pierden coherencia y el Estado se convierte en un escenario de espectáculo antes que en un instrumento de transformación. En lugar de anticiparse a los problemas, la política panameña reacciona tarde, mal y sin sustento. Esta dinámica no solo impide el progreso, sino que normaliza la mediocridad como forma de gestión.
El país no puede aspirar al desarrollo mientras la política continúe despreciando el conocimiento. No se trata de exigir que todos los políticos sean científicos, sino de que quienes gobiernan comprendan que no se puede legislar, planificar ni ejecutar sin evidencia, sin análisis técnico, sin una comprensión real de los problemas. Un país que decide sin saber fracasa sin remedio. Y Panamá está estancado precisamente porque se ha permitido que la ignorancia gobierne bajo el disfraz de liderazgo.
Lo más preocupante es que esta desconexión entre ciencia y política no genera escándalo. Se ha normalizado al punto de que la ausencia de debate informado ya no sorprende, y la falta de análisis se celebra como pragmatismo. Esta indiferencia colectiva hacia el conocimiento es también una forma de renuncia: renuncia al pensamiento crítico, a la exigencia ciudadana, a la posibilidad de un futuro mejor. La ciencia no puede ocupar su lugar en la política mientras una sociedad entera tolere la superficialidad como norma.
Reintegrar la ciencia al centro de las decisiones políticas no es un lujo ni una opción para el futuro: es una urgencia del presente. Es la única forma de superar la improvisación, de planificar con sentido, de invertir con propósito. La ciencia debe ser un componente permanente del debate público, no un recurso de emergencia. Debe estar en las agendas, en los presupuestos, en los planes de gobierno, en la cultura política misma.
Panamá necesita romper con la inercia de su modelo político. Necesita una dirección que respete el conocimiento, que lo utilice, que lo proteja. Necesita ciudadanos que no solo voten por rostros, sino por ideas con fundamento. Porque mientras la ciencia siga ausente del poder, el poder seguirá siendo irresponsable. Y ningún país se construye desde la irresponsabilidad.
El autor es investigador en Políticas Públicas.
