Uno de los más dolorosos desastres en la conciencia social y política que puede sufrir el pueblo de un país es desarrollar la cultura del juega vivo y asimilar, concebir como algo normal, entenderlo como aceptable y permisivo, la conducta, las acciones corruptas en la administración pública y en la convivencia en sociedad. Cuando permitimos que la deshonestidad conquiste nuestros valores, principios y moral, sobre lo correcto, sobre la honradez, sobre la solidaridad, sobre la armonía de nuestras actuaciones y rompa el equilibrio de la convivencia justa con los otros seres humanos que cohabitan la nación.
Ese es el daño mas terrible que se le puede hacer a un país, contaminarlo con el virus de la corrupción, de tal forma que sus habitantes crean que la cultura del juega vivo paga y entonces practiquen en sus actividades diarias comportamientos deshonrosos, dolosos, además, se generalicen aspiraciones para alcanzar puestos de elección popular, ya no para dirigir a sus comunidades en busca del bien común, sino para llegar a posiciones de poder político en las que puedan obtener atesoramiento personal y familiar.
Tener un Órgano Legislativo no enfocado en hacer leyes para beneficio de las mayorías y en perspectiva con el desarrollo nacional, sino enfocados en su fortalecimiento político individual, en su conveniencia económica personal, en el control de la organización política a la que pertenecen, en preservarse en el cargo político que ostentan, no contribuye a el equilibrio social necesario y queda muy distante de la legítima función y responsabilidad de una cámara legislativa.
Un Órgano Judicial muy disminuido en su capacidad de administrar justicia de manera coherente y con una gran incertidumbre en su desarrollo orgánico, notablemente limitado en su funcionamiento, como garante de la equidad en el país, debido a sus deficiencias presupuestarias, impactado y hasta manipulado por el malévolo e inescrupuloso poder económico de algunos magnates de los delitos de mangas de mancuernas. La avaricia política ha invadido el escenario de la justicia panameña y la falta de formación de los profesionales auxiliares de la justicia, con la ausencia de beligerancia de los gremios colegiados, han contribuido a que la balanza de la justicia no sea equilibrada, equitativa y ecuánime.
El emblemático tribunal encargado de velar por las reglas del certamen electoral, de dignificar el acto mas sublime, simbólico y representativo de lo que conocemos como democracia, el voto popular, es un total desastre. Se ha convertido en una institución completamente politizada, en manos de los partidos políticos poderosos, un bastión en donde convergen intereses e influencias políticas. Una sede de la democracia que no alberga a los togados mas capaces ni mas comprometidos con la misma, sino a los que tienen los amigos con mayor peso político en el país. Esto se refleja en las desacertadas decisiones, fallos y pronunciamientos recientes del Tribunal Electoral, que muestran maniobras abominables para favorecer a sectores o figuras políticas con influencias poderosas en nuestro país.
Un Órgano Ejecutivo con un terrible egocentrismo. Que no convocó a los miembros más competentes de su conglomerado político para su gestión gubernamental, sino a sus allegadas y a los que mejor se subordinaban a su afición de gobernar. Una institución política del Estado con una frágil visió de su trascendental responsabilidad integral; adicional, el desarrollo de su gestión no logra alcanzar la coherencia y equidad que necesitan todos los sectores de la nación.
Tenemos una cartera de seguridad que tiene una misión estratégica y de inteligencia contra la delincuencia y el crimen organizado ocupada por un policía jubilado. Y un sistema o entidad destinada a proteger a la población de desastres naturales, siniestros aleatorios o riesgos inesperados, también en manos de un policía jubilado. Increíble.
El defensor del Pueblo o el defensor del statu quo es un espectador de palo frente a los hechos que ocurren en el país y que rompen el orden y la paz social. Recientemente, resumió o mejor dicho recitó, como él mismo dijo, una serie de “temas pendientes de resolver” en el país y yo pienso entonces qué ha hecho o qué está haciendo para resolverlos, si esa es su labor. Resolver o participar de manera proactiva y activa en la solución de todas las situaciones y sucesos que afectan los derechos constitucionales de todos los ciudadanos o grupos asentados en el territorio nacional.
La forma de cómo y a quién se escoge para ocupar ese cargo está viciada, el proceso de escogencia compromete sus competencias y produce la irrelevancia de sus actuaciones, lo reduce a una figura cosmética del juego democrático y concluye por seleccionar individuos que aspiran a ocupar el puesto de manera cómoda.
Y una jefa del Instituto de la Mujer, con la que las mujeres del país no necesitan enemigas, ni enemigos.
Daños colaterales en un país donde la corrupción quiere convertirse en un paroxismo epidémico.
El autor es consultor político
