En política, los silencios también hablan. A veces dicen más que un discurso de dos horas. El pasado 1 de julio, durante el mensaje presidencial ante la nación, hubo un asunto ausente en el salón: la Asamblea Constituyente.
El tema que durante meses estuvo en el centro de la conversación nacional no apareció. Ni una mención, ni una señal, ni siquiera una pista que permitiera saber si aquella idea seguía caminando o si decidió tomarse unas vacaciones políticas.
Y llama la atención porque, semanas antes, el debate había tomado fuerza, incluso con planteamientos realizados por Miguel Antonio Bernal en el Consejo de Gabinete, donde se hablaba de escenarios y plazos relacionados con un posible proceso constituyente hacia el primer semestre de 2027.
Pero la política, como la vida, tiene una regla básica: los grandes proyectos no llegan solos tocando la puerta. Necesitan planificación, una ruta, un calendario y, sobre todo, voluntad política. Ningún país cambia su Constitución como quien cambia el color de una pared de la casa.
Una transformación constitucional no puede vivir únicamente de discursos inspiradores o de frases que suenan bien. Necesita algo más difícil: organización. Necesita que la ciudadanía sepa cuál es el camino, cuáles son las reglas y quiénes serán los responsables de conducir ese proceso.
Aquí aparece la pregunta incómoda: ¿existe realmente una ruta hacia una Constituyente o estamos ante una idea que, poco a poco, comienza a perder velocidad en la carretera política?
Porque una cosa es anunciar la construcción de un nuevo edificio institucional y otra muy distinta es descubrir que todavía no hay planos, arquitectos ni permisos de construcción.
El punto no es exigir una Constituyente ni descartarla. El punto es la coherencia. Cuando un gobierno plantea una transformación histórica, la ciudadanía tiene derecho a saber si está frente a un proyecto real o ante una promesa que depende del clima político del momento.
La contradicción se vuelve más evidente cuando el país vuelve a enfrentar decisiones estructurales bajo la Constitución vigente. El debate minero es un ejemplo de esa tensión.
Si existe la posibilidad de abrir una discusión profunda sobre un nuevo pacto constitucional que pueda redefinir aspectos fundamentales del Estado, resulta válido preguntarse si ciertas decisiones de largo alcance deberían resolverse antes de conocer el resultado de ese eventual proceso.
No se trata de detener al país ni de guardar todas las herramientas en una gaveta hasta nuevo aviso. Se trata de ordenar las prioridades. Porque, cuando se pretende construir el futuro mientras todavía se discute el plano, existe el riesgo de terminar colocando la carreta delante de los bueyes.
Panamá ya conoce los costos de los cambios constitucionales sin suficiente participación ciudadana. Nuestra historia demuestra que una Constitución no puede ser únicamente un acuerdo entre quienes tienen poder en un momento determinado; debe ser un pacto legitimado por quienes vivirán bajo sus reglas.
El verdadero desafío no está en anunciar grandes transformaciones. Está en construir las condiciones para que esas transformaciones tengan legitimidad y puedan sostenerse en el tiempo.
Si la Constituyente dejó de ser una prioridad, el país merece una explicación clara. Si continúa siendo una meta, el país merece conocer la ruta.
Porque, en democracia, los grandes proyectos no pueden vivir de rumores ni de silencios. Una nación no se conduce mirando por el retrovisor ni esperando que el camino aparezca solo. Los cambios históricos necesitan brújula, dirección y, sobre todo, al pueblo sentado en la mesa.
Porque, al final, los trenes políticos también tienen horarios: quien anuncia un gran viaje debe decirle al país cuándo sale, hacia dónde va y quién compró los boletos.
El autor es estudiante de Derecho.
