Hablar de crecimiento económico sin enfrentar la corrupción es construir sobre arena. Ningún país puede aspirar a prosperidad sostenida, inversión extranjera robusta ni generación real de empleo si permite que los recursos públicos se desvíen, que las reglas se manipulen o que la impunidad sustituya a la justicia. En Panamá, esta preocupación deja de ser teórica cuando el poder político influye en acuerdos y rebajas de pena en casos de alto perfil, o incluso facilita salvoconductos para evadir procesos judiciales, enviando una señal peligrosa: la ley no se aplica con el mismo rigor para todos.
La evidencia internacional es clara. Las naciones que hoy lideran los índices de competitividad y calidad institucional no alcanzaron ese lugar únicamente por incentivos fiscales. Lo lograron fortaleciendo sus instituciones, blindando la contratación pública y estableciendo consecuencias reales para quienes traicionan la confianza ciudadana.
La corrupción no es un debate moral abstracto; es un obstáculo económico concreto. Cada contrato amañado encarece las obras públicas. Cada sobrecosto reduce recursos para escuelas y hospitales. Cada nombramiento sin mérito debilita la eficiencia del Estado. Y cada acto impune envía una señal devastadora a inversionistas y organismos internacionales: aquí las reglas pueden alterarse según el poder político de turno.
Cuando un país no garantiza seguridad jurídica, transparencia y rendición de cuentas, el capital productivo se retrae. La inversión busca estabilidad y reglas claras. En Panamá, los escándalos que han terminado en fallos de inconstitucionalidad sobre concesiones públicas estratégicas no nacieron de la fiscalización ciudadana, sino de decisiones políticas mal concebidas desde el propio poder. Fueron actos impulsados por intereses de corto plazo, sin visión de Estado ni respeto por la institucionalidad. Y como muchos de sus responsables no han enfrentado consecuencias reales, el mensaje que se proyecta internacionalmente es grave: se puede improvisar, favorecer intereses particulares y violentar principios constitucionales sin pagar un costo.
La lucha contra la corrupción no puede ser un discurso ocasional ni una bandera selectiva.
Debe traducirse en reformas estructurales: compras públicas completamente transparentes, digitalización total de trámites, protección efectiva a denunciantes, publicidad en las declaraciones juradas de funcionarios, fortalecimiento independiente del Ministerio Público, eliminación de privilegios procesales injustificados, profesionalización del sector público y evaluación técnica de cada política pública. Sin reformas profundas, cualquier narrativa de crecimiento es frágil.
Además, la transparencia no solo protege el erario; también protege al sector privado honesto. Los empresarios que cumplen la ley compiten en desventaja cuando otros obtienen contratos por conexiones y no por capacidad. Combatir la corrupción es defender la libre competencia y la economía formal.
Frente a este debate, desde el poder Ejecutivo y Legislativo, se ha optado en ocasiones por minimizar la discusión en lugar de profundizarla. Sin embargo, exigir transparencia no es una consigna ni un gesto simbólico; es una responsabilidad institucional. Señalar irregularidades y proponer reformas no debilita al Estado, lo fortalece. En una democracia sólida, la rendición de cuentas no debería interpretarse como confrontación, sino como un mecanismo necesario para mejorar la gestión pública.
Las transformaciones estructurales nunca son cómodas, especialmente cuando implican revisar prácticas arraigadas o limitar espacios de discrecionalidad. Pero elevar el nivel del debate exige discutir propuestas concretas, fortalecer instituciones y asumir responsabilidades. La lucha contra la corrupción no es un tema accesorio en la agenda nacional: es un requisito indispensable para la estabilidad económica, la confianza ciudadana y la credibilidad internacional del país.
El desarrollo económico verdadero no se mide únicamente por el crecimiento del PIB, sino por la calidad institucional que lo sostiene. Sin instituciones fuertes, el crecimiento es frágil. Sin justicia independiente, la inversión es volátil. Sin transparencia, la confianza desaparece.
La lucha frontal contra la corrupción no es un obstáculo para el desarrollo; es su condición previa. No es un lujo ético ni una pose política. Es una necesidad económica, una obligación democrática y una responsabilidad con las próximas generaciones.
Porque un país que tolera la corrupción no solo pierde dinero: pierde credibilidad, pierde inversión y pierde futuro. Y ningún plan económico, por ambicioso que sea, puede sostenerse sobre una base de privilegios e impunidad.
No coman cuento.
El autor es abogado y diputado.
