El poder de juzgar y el poder de ejecutar no deben estar en las mismas manos para evitar el abuso del poder y, más importante aún, la administración de justicia ordinaria y la protección de la Constitución no deben mezclarse. De lo contrario, una misma institución decidiría tanto sobre las leyes como sobre la Constitución, lo cual pone en riesgo los contrapesos esenciales de un sistema democrático.
Con la culminación del año 2025, las expectativas sobre el llamado a diseñar una nueva Constitución llevan a reflexionar sobre nuestra capacidad como sociedad para tomar decisiones correctas respecto al futuro político de la República. Las últimas tres décadas de nuestra vida republicana han estado marcadas por progreso, por la evolución de la ciudadanía panameña y, sobre todo, por la creciente politización de nuestro sistema judicial. La justicia panameña no solo se ha visto enfrentada a conflictos de interés, sino también afectada por decisiones sin contrapesos que, de una forma u otra, han provocado que ciertos asuntos constitucionales queden subordinados al trabajo ordinario, perdiendo prioridad y restando eficiencia a la Corte Suprema de Justicia en temas de derechos humanos y garantías fundamentales.
La Corte Constitucional Federal de Alemania es conocida como la “guardiana de la Ley Fundamental”, con magistrados nombrados por el Bundestag y el Bundesrat —ocho por cada cámara—, sin supervisión ministerial y funcionando como un cuarto poder: el órgano constitucional. Establecida en 1951, se convirtió en uno de los pilares del Estado de Derecho y en un instrumento eficaz para limitar los poderes del Estado. No existe forma más eficiente de lograr ese equilibrio que garantizar la protección de las libertades de los ciudadanos mediante la declaración de inconstitucionalidad de acciones gubernamentales o legislativas que atenten contra los derechos fundamentales, sin que esta función quede subordinada a la justicia ordinaria.
El órgano constitucional alemán transformó la manera de analizar problemas existenciales y actuales en la administración de justicia. Sus decisiones han sido vitales para asegurar que la Constitución no se convierta en letra muerta y que siga siendo relevante para la sociedad. El prestigio de la Corte la ha consolidado como una de las instituciones más respetadas de Alemania, fundamental para proteger los principios democráticos y los derechos individuales. Una separación funcional entre la Corte Suprema de Justicia y una Corte Constitucional en Panamá permitiría mayor especialización, criterios jurídicos más estables y una protección más sólida de la Ley Fundamental panameña, fortaleciendo así la confianza ciudadana en el sistema de justicia.
Adicionalmente, el establecimiento de una Corte Constitucional independiente permitiría resolver con mayor rapidez los asuntos constitucionales, descongestionando la administración de justicia en materia de derechos y, principalmente, de control del poder. En esa misma línea, permitir que los magistrados constitucionales sean nombrados por el Órgano Ejecutivo y el Legislativo —en proporción igualitaria— ayudaría a reducir la arbitrariedad en la aplicación de la Constitución entre los poderes del Estado, reforzando los pesos y contrapesos del sistema político.
No cabe duda de que las reformas jurídico-políticas pueden tener efectos nocivos si se ejecutan con fines maliciosos. No obstante, equilibrar los poderes del Estado —aunque sea una tarea compleja— es esencial para mejorar el bienestar de los panameños. La Corte Constitucional alemana ha brindado mayor claridad jurídica a ese país, con una doctrina uniforme y una interpretación constitucional sólida, fortaleciendo la seguridad jurídica de los ciudadanos y del propio Estado. En Panamá, la necesidad de fallos más garantistas y de una detección más expedita de violaciones de derechos representa un paso indispensable para avanzar hacia un país más justo y equitativo.
La creación de este nuevo órgano de justicia permitiría proteger exclusivamente la Constitución, reduciendo la influencia política sobre magistrados que hoy manejan múltiples materias. Es innegable el nivel de presidencialismo presente en nuestra política; por ello, un órgano judicial constitucional serviría de equilibrio para la resolución de conflictos entre la Asamblea Nacional y el Ejecutivo, previniendo crisis institucionales graves y evitando una mayor fragmentación de la relación armónica entre los poderes del Estado.
El autor es internacionalista.
