Existe un principio jurídico contundente: la justicia tardía equivale a justicia denegada. No es una simple frase. La demora judicial afecta la confianza ciudadana, debilita la credibilidad institucional y produce consecuencias económicas concretas.
La Corte Suprema de Justicia debe demostrar que la seguridad jurídica no depende solamente del contenido de sus decisiones, sino también de la oportunidad con la que las adopta. El proyecto Puerto Barú, en Chiriquí, muestra cómo la demora puede transformarse en un obstáculo para el desarrollo nacional.
El problema es que el país continúa esperando una decisión definitiva mientras la inversión permanece suspendida en un limbo jurídico.
Toda persona tiene derecho a acudir a los tribunales para cuestionar la legalidad de un acto administrativo. Esa garantía es esencial en un Estado de derecho. Sin embargo, el orden jurídico exige que las controversias sean resueltas dentro de un plazo razonable. La tutela judicial efectiva comprende tanto el acceso a la justicia como una respuesta oportuna.
La incertidumbre tiene un costo para toda la sociedad. Cada mes que un proyecto de gran magnitud permanece paralizado representa inversiones que no llegan, empleos que no se crean, impuestos que no se recaudan y oportunidades que pueden trasladarse a otros países. El capital privado puede aceptar riesgos empresariales, pero difícilmente una incertidumbre indefinida.
La seguridad jurídica no consiste únicamente en que los jueces fallen conforme a la ley. También exige que lo hagan cuando todavía existe algo que proteger. Una sentencia impecablemente fundamentada, dictada años después, puede tener escaso efecto práctico si para entonces desapareció la inversión, venció el financiamiento y los empleos potenciales nunca se materializaron. La justicia no solo debe ser correcta; también debe ser útil. Y, para ser útil, tiene que llegar a tiempo.
Este debate adquiere especial relevancia al observar la actuación reciente de la propia Corte. En noviembre de 2023, las demandas de inconstitucionalidad contra la Ley 406 de 2023, que aprobó el contrato de Minera Panamá, fueron resueltas en pocas semanas, en un contexto de enorme trascendencia nacional.
Ese antecedente demuestra un hecho objetivo: cuando la Corte considera que un asunto requiere prioridad institucional, posee la capacidad material y jurídica para decidir con rapidez. Por ello surge una pregunta legítima: ¿por qué otros casos de indudable relevancia económica e institucional permanecen durante largos períodos sin una decisión definitiva?
No se trata de exigir un fallo favorable. Lo que puede y debe exigirse es que la Corte decida a tiempo.
La demora también comunica. Comunica incertidumbre, inseguridad y la posibilidad de que los tiempos del desarrollo económico sean incompatibles con los de la administración de justicia. Esa percepción erosiona uno de los principales activos de Panamá como centro de inversión: la confianza.
Ningún inversionista serio puede planificar proyectos bajo la posibilidad de que una controversia permanezca años sin resolverse. La incertidumbre judicial funciona como un impuesto invisible que reduce la competitividad del país frente a jurisdicciones donde los conflictos reciben respuestas más rápidas.
El llamado formulado por distintos sectores no debe interpretarse como una presión indebida, sino como una petición institucional para que el Órgano Judicial cumpla plenamente su función de brindar certeza jurídica.
La independencia judicial no significa aislamiento frente a las necesidades del país. Significa decidir con libertad, pero también con responsabilidad.
Panamá necesita una Corte fuerte, independiente y respetada. Sin embargo, el respeto también se construye mediante decisiones oportunas. La demora no fortalece la institucionalidad; la debilita.
El país no necesita que la Corte favorezca a una parte u otra. Necesita que ejerza su función constitucional y resuelva. Cada día de incertidumbre tiene un costo económico irrecuperable. Cada proyecto detenido representa oportunidades perdidas para trabajadores, empresas y familias.
La seguridad jurídica solo existe cuando las reglas son claras y las controversias reciben una respuesta dentro de un tiempo razonable. La justicia no puede convertirse en un reloj detenido. Una sentencia que llega demasiado tarde puede conservar su valor jurídico, pero habrá perdido buena parte de su valor social y económico.
Un país que aspira a atraer inversión, generar empleo y consolidar su Estado de derecho no puede permitir que el paso del tiempo termine decidiendo aquello que corresponde decidir a sus jueces.
El autor es abogado.
