Durante años, estudiar fue presentado como uno de los caminos más seguros hacia un mejor futuro. La idea parecía sencilla: prepararse, obtener un título y, con esfuerzo, encontrar una oportunidad laboral que permitiera desarrollar lo aprendido. Sin embargo, la realidad panameña nos obliga hoy a formular una pregunta incómoda: ¿qué ocurre cuando una persona cumple con esa preparación, pero la oportunidad de empleo no llega?
La reciente manifestación de enfermeras y técnicos en enfermería que reclaman oportunidades laborales constituye un ejemplo que merece nuestra atención. No debería observarse únicamente como una reivindicación de un gremio. Es también el reflejo de un problema más amplio: el desempleo en Panamá tiene muchos rostros y alcanza a personas con diferentes niveles de formación, edades y experiencias.
Lo enfrenta el joven que busca su primer empleo, la persona sin estudios universitarios, el trabajador de la construcción, quien depende del comercio o del turismo, el trabajador del sector agrícola o industrial y también el adulto mayor que necesita continuar en el mercado laboral. Pero existe un rostro del desempleo que merece una reflexión particular: el de quienes estudiaron durante años, obtuvieron una profesión y, aun así, no encuentran una oportunidad para ejercerla.
Durante mucho tiempo, la educación superior fue entendida como una inversión capaz de abrir las puertas del progreso. Familias enteras hicieron sacrificios para que sus hijos pudieran convertirse en abogados, periodistas, médicos, enfermeras, ingenieros, docentes, psicólogos, arquitectos, economistas, administradores y profesionales de muchas otras disciplinas. Sin embargo, obtener un título ya no parece ser suficiente para garantizar una incorporación efectiva al mercado laboral.
Esto no significa que estudiar haya perdido valor. Significa que debemos dejar de confundir educación con garantía de empleo.
Tampoco significa que el Estado deba garantizar un puesto de trabajo a cada graduado. Significa algo distinto y más preocupante: la distancia entre la formación y las oportunidades laborales parece haberse ampliado.
Cuando un profesional permanece desempleado durante largos períodos o termina desempeñando labores que nada tienen que ver con aquello para lo que se preparó, el problema deja de ser exclusivamente individual. También debemos preguntarnos si el país está aprovechando adecuadamente el talento que forma.
La situación adquiere todavía mayor relevancia cuando observamos las políticas públicas destinadas precisamente a facilitar la inserción laboral. Programas como Mi Primer Empleo representan esfuerzos importantes para acercar a los jóvenes al mercado de trabajo y permitirles adquirir experiencia. De igual manera, Mi Primer Empleo Agro busca abrir oportunidades para jóvenes en el sector agropecuario y contribuir al relevo generacional en las zonas rurales.
Estos programas representan esfuerzos valiosos, pero su propia existencia también nos plantea una reflexión: si para muchos jóvenes resulta necesario crear mecanismos específicos que faciliten el tránsito entre la formación y el empleo, entonces debemos reconocer que esa transición ya no ocurre de manera automática.
Y el desafío no termina con el primer empleo.
¿Qué ocurre con el joven que ya no está buscando su primera experiencia, sino que terminó una carrera universitaria y continúa sin conseguir una plaza? ¿Qué sucede con la enfermera que posee preparación profesional, pero espera una oportunidad para ejercer? ¿Qué alternativas tiene el abogado, el ingeniero o el psicólogo que, después de años de estudio, no logra incorporarse a su campo profesional?
Aquí aparece una discusión que Panamá no debería seguir postergando: la relación entre educación, mercado laboral y planificación del recurso humano.
No basta con formar profesionales. También debemos preguntarnos qué profesionales necesita el país, en qué sectores existen oportunidades, qué actividades económicas pueden generar nuevos empleos y cómo podemos conectar de manera más efectiva a las universidades con las necesidades reales del sector productivo.
Esto tampoco significa limitar la cantidad de personas que estudian determinadas carreras. La educación debe continuar siendo un derecho y una herramienta de movilidad social. Pero sí resulta necesario fortalecer la orientación profesional, la información sobre el mercado laboral y la coordinación entre el Estado, las instituciones educativas y el sector privado.
Porque detrás de cada profesional desempleado no existe simplemente una estadística. Hay años de estudio, sacrificios familiares, expectativas y proyectos de vida que permanecen en espera.
Y lo mismo ocurre con quien no tuvo la oportunidad de cursar una carrera universitaria, con el joven que busca su primera experiencia, con el trabajador que perdió su empleo o con quien, después de décadas de trabajo, descubre que volver al mercado laboral no es sencillo.
El desempleo, por tanto, no puede ser visto únicamente como un problema de quienes no tienen un título. Tampoco puede reducirse a la discusión sobre cuántos profesionales están sin trabajo. Es un desafío nacional que exige mirar más allá de las cifras y preguntarnos qué tipo de economía estamos construyendo y qué oportunidades estamos generando para quienes desean trabajar.
Durante años dijimos a nuestros jóvenes que estudiar era apostar por el futuro. Y sigue siéndolo. Pero si queremos que esa apuesta conserve su sentido, Panamá debe procurar que el conocimiento adquirido pueda convertirse en oportunidades reales.
Porque una sociedad que incentiva a sus ciudadanos a prepararse, pero no consigue generar suficientes espacios para que puedan desarrollar sus capacidades, corre el riesgo de desperdiciar uno de sus recursos más importantes: el humano.
Quizás el verdadero desafío no sea solamente lograr que los panameños estudien más, sino conseguir que, después de estudiar, encuentren un país dispuesto a ofrecerles una oportunidad para demostrar lo que aprendieron.
El autor es abogado e investigador en temas de políticas públicas, institucionalidad y administración de justicia.
