El INEC acaba de publicar la Encuesta de Mercado Laboral con corte a septiembre de 2025, y la cifra que titula los medios —10.4% de desempleo— es preocupante. Pero el verdadero drama del mercado laboral panameño no cabe en un solo porcentaje. Basta con revisar la data laboral, publicada con retraso, para entender la magnitud de lo que tenemos enfrente y reconocer que solo analizando sus causas se podrán inferir soluciones.
Empecemos por lo que sí vemos: 227,302 personas buscan trabajo y no lo encuentran. Es la tasa más alta en dos décadas, excluyendo la pandemia. Pero detrás de ese número conviven personas dentro de tres crisis distintas, que requieren diagnósticos separados y, por ende, soluciones diferentes.
La crisis de la juventud
La primera es la más urgente. Uno de cada cinco jóvenes entre 15 y 29 años que quiere trabajar no puede hacerlo. Para las jóvenes mujeres, esa proporción sube a una de cada cuatro. Los jóvenes representan apenas el 24% de los trabajadores del país, pero concentran el 54% de los desempleados.
¿Por qué ocurre esto? En parte, por un desalineamiento estructural entre lo que produce el sistema educativo y lo que demanda el mercado laboral. Esto no es nuevo y se manifiesta como una deuda educativa acumulada: entre 2020 y 2025, por mencionar lo más reciente, en Panamá —especialmente en el sector oficial, que representa el 84% del sistema— se perdieron entre 490 y 550 días lectivos presenciales, más de 2.7 años de clases regulares.
Esta fue la interrupción escolar más prolongada documentada en América Latina. UNICEF situó a Panamá junto a Bangladesh y Filipinas entre los países con los cierres escolares más extensos. Los expertos advierten que, sin una intervención correctiva, estas generaciones podrían ver reducidas sus oportunidades e ingresos a lo largo de su vida.
Panamá tiene más abogados que expertos en inteligencia artificial, más licenciados en administración que especialistas en logística avanzada. Las demandas que más crecen —finanzas digitales, tecnología, automatización y agroindustria de exportación— no encuentran el talento que necesitan, mientras miles de jóvenes graduados no consiguen dónde aplicar lo que estudiaron.
Más allá de la diatriba, se requieren remediaciones urgentes y concretas. La cicatriz dejada por el manejo de la pandemia y las paralizaciones educativas ha sido profunda para esta generación.
La trampa de la informalidad
La segunda crisis es más silenciosa pero igualmente profunda: casi 785,000 personas trabajan en la informalidad, el 47.1% de los ocupados no agrícolas. Sumados a los desocupados, más de un millón de panameños —1,012,292— están fuera de la economía formal y del sistema de protección social.
La informalidad no es solo pobreza disfrazada de emprendimiento. Es también una respuesta racional a un sistema de protección social que no convence. Si lo que se paga en cotizaciones no se traduce en servicios de salud confiables ni en pensiones dignas, la formalización pierde atractivo. Ese es el nudo gordiano de la informalidad en Panamá.
Pero detrás de la informalidad hay un problema aún más profundo: la brecha de productividad. La CEPAL y la OCDE documentan que la productividad laboral promedio de América Latina representó en 2023 apenas el 33% de la de los países de la OCDE, y que esa brecha se ha ampliado desde 1990.
Los estudios realizados en Panamá confirman que no escapamos de esa realidad. En los sectores donde más se concentra la informalidad —comercio, construcción y transporte— la productividad es una de las más bajas de la región.
El círculo vicioso es claro: baja productividad genera informalidad; la informalidad impide el acceso a crédito, tecnología y capacitación; sin esas herramientas, la productividad no mejora ni la competitividad aumenta.
La crisis de empleabilidad
Las limitadas habilidades del talento humano y la concentración geográfica del empleo de calidad afectan la competitividad del país a largo plazo.
El déficit de capital humano capacitado es particularmente evidente en las provincias del interior y en las comarcas indígenas, donde las zonas rurales reciben escasos beneficios del dinamismo metropolitano.
Sectores que podrían transformar la economía panameña —la agroindustria de exportación en Chiriquí y Veraguas, la logística portuaria en Colón, el turismo especializado en Bocas del Toro, Chiriquí y Darién, y la economía digital en todo el país— no logran escalar por falta de talento técnico, infraestructura digital y vínculos institucionales con los centros de formación.
Tres crisis, una agenda
El antídoto no es elegir entre atacar el desempleo juvenil, la informalidad o el déficit de capital humano. Hay que abordar las tres simultáneamente, porque se retroalimentan.
Un joven sin formación técnica cae en la informalidad; un trabajador informal sin acceso a crédito ni certificación de competencias no puede emplearse formalmente; una empresa que no encuentra talento calificado no invierte; y una economía con baja productividad no puede generar empleos formales de calidad a escala.
El esfuerzo gubernamental por generar oportunidades de empleo es significativo, pese a las limitaciones fiscales. Se ha presentado un plan de inversiones ambicioso, que sin duda impulsará el crecimiento y el empleo, aunque buena parte —como la construcción de infraestructura— generará empleos temporales.
Hace falta reactivar la inversión privada, nacional y extranjera, para generar crecimiento orgánico con empleo formal. Esto requiere un plan específico basado en cooperación público-privada.
Las señales del segundo semestre de 2025 son alentadoras: más de 100,000 nuevos contratos en cuatro meses, consumo y turismo en recuperación y mejoras en la vialidad pública.
La inversión pública proyectada para 2026, cercana a $11,000 millones, podría generar unos 40,000 empleos directos si se ejecuta con eficiencia.
La Ley de Primer Empleo abre una puerta para la juventud, aunque necesita incentivos más robustos para convertirse en una herramienta verdaderamente transformadora.
El contralor Anel Flores lo resume con claridad: a pesar de todas las interrupciones, Panamá creció 4.2% en 2025 y habría superado el 5% sin las paralizaciones. Eso demuestra que el potencial de esta economía es mucho mayor de lo que revelan las cifras actuales.
Pero ese potencial solo será sostenible si se resuelven los problemas de fondo: una CSS que ofrezca servicios creíbles para que la formalización valga la pena; un sistema educativo alineado con el mercado laboral actual; y una inversión pública y privada que llegue también al interior del país y no solo al eje canalero.
Panamá tiene las ventajas comparativas para construir un mercado laboral de clase mundial: ubicación estratégica, Canal, infraestructura logística, sector financiero robusto y potencial agroindustrial y turístico.
Lo que falta es articular esos activos con el capital humano que los hace funcionar.
Incorporar nuevas capacidades —especialmente tecnológicas—, incentivar el empleo formal y flexibilizar la contratación profesional puede ser el inicio de ese proceso.
Pero eso no se decreta. Se construye con políticas públicas inteligentes, cooperación público-privada genuina y la voluntad de priorizar la visión de largo plazo sobre el ruido del corto plazo.
Las oportunidades están abiertas. El momento es ahora.
El autor es economista con maestría en Blockchain & Fintech.
