El presidente de la República, Laurentino Cortizo, opinó públicamente sobre un caso que es del conocimiento del pleno de la Corte Suprema de Justicia. Las declaraciones del mandatario transparentan su preferencia de que todos los candidatos presidenciales, los ocho actualmente en competencia, participen del torneo electoral y que se respete la decisión del Tribunal Electoral sobre esta materia.
En Panamá, por mandato de la Constitución existen tres órganos por medio de los cuales se ejerce el poder público. Estos son el Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial. De acuerdo al artículo 2 de la Carta Magna panameña, estos órganos actúan: “... limitada y separadamente, pero en armónica colaboración”.
La afirmación del presidente Cortizo es una injerencia o presión sobre el pleno de la Corte, que todavía está en el periodo de recepción de alegatos en la demanda de inconstitucionalidad pertinente a la designación del candidato Mulino. La opinión del mandatario puede tener influencia sobre algunas de las seis personas que designó Cortizo a una magistratura en la actual Corte Suprema. Pareciera un intento de retornar a los tiempos de “pitcher” a “catcher”. El presidente no es cualquier ciudadano que puede opinar libremente sobre este tema.
Las controversias constitucionales, y en general los conflictos jurídicos, no tienen fecha ni calendario, no siguen criterios de conveniencia o periodos de veda para no incomodar algún interés particular. Es muy evidente que el legado más positivo del presidente Cortizo ha sido precisamente el conjunto de sus designaciones a la Corte Suprema. Son juristas que en su gran mayoría han actuado de forma independiente e íntegra. Sería una afrenta a este legado presionar a la Corte para obtener un fallo “conveniente” para la competencia electoral. Los errores y las irresponsabilidades son de otros, a la Corte le queda restaurar el Estado de Derecho.
