Cuando la representación política falla en una democracia, el riesgo de caer en el autoritarismo se vuelve una amenaza real, tal como se observa en el actual régimen proempresarial panameño que camina a paso firme. Hans Kelsen sostenía con firmeza que la democracia es, en esencia, un sistema de partidos políticos, pues un individuo aislado carece de peso real frente a las decisiones del Estado. La unión en colectivos con ideas afines permite que las voces ciudadanas sean escuchadas y que los intereses de la sociedad se canalicen de forma efectiva hacia las instituciones. Por ello, la propia Constitución define a estos grupos como piezas fundamentales del motor de participación ciudadana y responsables de garantizar el pluralismo político.
Sin embargo, el deterioro de la confianza en estas estructuras ha sumido al país en una crisis profunda. Con los partidos tradicionales debilitados, el vacío ha sido ocupado por independientes y otros caminantes que presumen una independencia cuestionable. Muchas veces, esa supuesta libertad se limita a no repartir con sus electores la coima del Bramadero en sus circuitos, pero termina cayendo en la búsqueda del espectáculo mediático y en una soberbia moral de tener la verdad absoluta. Es muy probable que ciertos sectores del deepstate panameño hayan explotado la institucionalidad partidaria para consolidar un control absoluto bajo el disfraz de una renovación política y un rescate macroeconómico que, en realidad, solo beneficia a los bancos privados panameños.
Esta metamorfosis ha provocado que los partidos se alejen de las raíces sociales que les dieron vida. En el pasado, estas organizaciones eran pilares de identidad y lealtad basados en ideologías sólidas y experiencias compartidas. Hoy han sido reemplazados por estructuras diseñadas exclusivamente para conquistar el poder institucional. La política se ha mudado de las plazas a los despachos, convirtiendo a los antiguos representantes neoclientelares en una aristocracia herrenvolk que comparte intereses comunes, a pesar de sus aparentes disputas por redes sociales. Esta desconexión es la que permite que el oficialismo avance sin una oposición real, mientras las figuras independientes terminan alineándose con las leyes gubernamentales.
La crisis de autoridad que fractura los cimientos democráticos no es solo un malestar económico, sino un agotamiento del sistema frente a los cambios tecnológicos y los fallos de representación. Los partidos y medios de comunicación han perdido su capacidad de mediación, dejando un espacio que los movimientos populistas aprovechan con facilidad. Cuando las decisiones fundamentales se delegan en tecnócratas y consultoras de gestión bajo la excusa de proteger intereses a largo plazo, el voto ciudadano pierde interés. La política se convierte entonces en un show sin capacidad real de transformación, donde las instituciones son incapaces de resolver los conflictos sociales de la población, como la actual falta de salud y chen chen.
A este panorama se suma una degradación ética donde la corrupción actúa como un veneno que anula la lealtad de los electores. La presencia de redes de favores, como por ejemplo pasa con la centralización de compras de insumos quirúrgicos, impide que se consolide una administración profesional e imparcial, y estos vicios no desaparecen simplemente cambiando las siglas de los partidos políticos. El resultado es la llamada democracia de audiencia, un modelo donde el ciudadano deja de ser un actor activo para convertirse en un espectador que consume la política del paso firme a través de las pantallas. La comunicación se reduce a mensajes directos y efectistas de los mesías en redes sociales, evitando los controles intermedios y dejando a la ciudadanía sumida en la apatía mientras la aristocracia política gestiona el Estado a su conveniencia, como el tema de Río Indio y la reapertura de la mina China.
Recuperar el sentido original de la ciudadanía implica entender que la libertad no es el aislamiento personal, sino la capacidad de influir en la voluntad común. En la antigua Grecia, el término idiota se usaba para señalar a quien ignoraba los asuntos públicos por sus intereses privados, una idea que hoy cobra vigencia ante la necesidad de una democracia más participativa. Herramientas como las consultas populares y la rendición de cuentas son esenciales para evitar que el poder se concentre y para que el pueblo tenga la última palabra en temas críticos como la minería a cielo abierto. Solo mediante una reforma que devuelva la voz a la gente y fomente la democracia interna de los partidos políticos será posible evitar que, en las próximas elecciones, la aristocracia política termine siendo la única sorprendida. Las encuestas mencionan claramente el estado de ánimo del pueblo traicionado y olvidado.
El autor es médico sub especialista.
