En las relaciones internacionales se producen, cíclicamente, coyunturas históricas que facilitan el advenimiento de órdenes mundiales, regionales e, incluso, subregionales. En ocasiones, el elemento catalizador puede ser un conflicto armado.
Tal fue el caso del Congreso de Viena (1815) luego de las guerras napoleónicas y el subsecuente establecimiento del concierto europeo, la restauración monárquica y la santa alianza. También lo fue el proceso de paz en Medio Oriente, hace ya 50 años, luego de la guerra de Yom Kipur (1973), iniciado con la diplomacia de lanzadera de Kissinger y que culminó con los acuerdos de Camp David (1978) facilitados por Carter y firmados por Sadat y Begin, con la consecuente normalización de las relaciones diplomáticas entre Egipto e Israel. Lejos de la perfección, ambos ejemplos pusieron un freno a conflictos recurrentes y les dieron estabilidad a sus respectivas regiones por un período finito de tiempo.
Lo mismo podría decirse del proceso de Contadora (1983), instancia multilateral que, mediante la acción colectiva de México, Colombia, Panamá y Venezuela, sentó los fundamentos para la paz en Centroamérica, a través del Acuerdo de Paz de Esquipulas (1987). Subsecuentemente, el Acuerdo de Esquipulas II, facilitaría sendos acuerdos de paz en Guatemala (Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca) y El Salvador (el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional), así como a preservar la estabilidad en Nicaragua (los sandinistas luchando contra la guerrilla Contras apoyada y financiada por Estados Unidos), y en Honduras (que sufría la derrama del conflicto nicaragüense a su territorio y que, internamente, estaba muy inestable por las distintas sucesiones militares entre 1963-1981) y Costa Rica.
El objetivo detrás de Esquipulas era finalizar las hostilidades, democratizar la región a través de elecciones libres y facilitar la reconciliación nacional. El Grupo de Contadora estaba lejos de ser el modelo para seguir en materia de democracia y reconciliación nacional: en México, el PRI dominaría el escenario político por 70 años hasta el 2000; en Panamá, estaba en el poder una dictadura militar; en Colombia, el conflicto armado se acrecentaría a pesar de los diálogos exploratorios de Betancur con las FARC-EP y el M-19. Venezuela era el único caso de relativo éxito, ante la bonanza económica producto de la industria petrolera. No obstante, del proceso de Contadora y de Esquipulas se erigió un orden subregional en Centroamérica y un proyecto de integración política, a través del Parlacen.
Este proyecto de integración continuaría evolucionando con el surgimiento del Sistema de Integración Centroamericana (SICA), que entre sus propósitos incluye la consolidación de la democracia, el irrestricto respeto a los derechos humanos y la erradicación de la corrupción (ver Protocolo de Tegucigalpa, art. 3). Este orden subregional sustentado en la democracia, los derechos humanos y la lucha contra la corrupción ha encontrado en la presente impronta autoritaria centroamericana una coyuntura histórica que puede, incluso, llegar a deshacerlo.
Ahora, al franco deterioro de las instituciones democráticas en El Salvador y Nicaragua con gobernantes autoritarios y populistas de distintos espectros ideológicos (Bukele y Ortega), se le debe sumar el reciente caso de Guatemala y la suspensión momentánea, por parte de la Corte de la Constitucionalidad, de la oficialización de los resultados de las elecciones generales ante el oprobio de la comunidad internacional. Este y otros cuestionables hechos como la expulsión de la Cicig y la orden de arresto en contra del ministro de defensa colombiano, Iván Velásquez, antiguo jefe de la Cicig, nos hacen vislumbrar un panorama nada alentador.
Tampoco podemos olvidarnos de Honduras y los dilemas que enfrenta la presidenta Castro, que bien podría seguir el ejemplo Bukele en su abordaje a la agenda de seguridad o el de Guatemala en la lucha contra la corrupción. Por su parte, Costa Rica y Panamá, también son foco de preocupación, pues, aunque tradicionalmente son considerados como dos pilares de estabilidad en Centroamérica, se enfrentan a desafíos similares y a tendencias autoritarias similares que las de los otros Estados centroamericanos.
El concierto europeo y la santa alianza estuvieron lejos de establecer una estabilidad perpetua; fue precisamente el imperialismo y el expansionismo que esbozaban los que llevaron al mundo a la primera guerra mundial. Los acuerdos de Camp David tampoco impidieron la primera y la segunda intifada, y la continuación del conflicto en Medio Oriente. No obstante, ambos motivaron las circunstancias adecuadas para que tuviesen lugar nuevas experiencias, las cuales, aunque igualmente imperfectas, representaron mejoras significativas.
Tal fue el caso de la Liga de Naciones y las Naciones Unidas, en sucesión al concierto europeo, y los Acuerdos de Oslo y el Tratado de paz israelí-jordano, luego de Camp David. Si estamos siendo testigos de la desintegración del orden centroamericano ante la deriva autoritaria, o, en todo caso su transformación, son precisamente éstas, las lecciones que debemos tener presente.
Pues solo así, luego de su desintegración o transformación atestiguaremos, con nuevas o prexistentes instituciones, igualmente de imperfectas, las consecuentes mejoras significativas. En ese sentido, no debemos olvidar que nuestro propósito centroamericano común debe ser siempre el de consolidar nuestras instituciones democráticas, respetar los derechos humanos y erradicar la corrupción.
El autor es abogado y profesor de derecho internacional
