En los últimos años, Panamá ha sido testigo de un fenómeno preocupante pero, al mismo tiempo, aleccionador: la detención e investigación de exrepresentantes de corregimiento, extesoreros de juntas comunales e incluso alcaldes por el uso indebido de recursos provenientes de la descentralización. Estos hechos, más allá del escándalo mediático o del impacto político inmediato, deben asumirse como señales claras de advertencia para toda la clase política en ejercicio.
La descentralización, concebida como un mecanismo para acercar el poder y los recursos a las comunidades, tiene un propósito noble: promover el desarrollo local, atender necesidades específicas y fortalecer la participación ciudadana. Sin embargo, cuando estos fondos son desviados de su finalidad, no solo se comete una falta administrativa o penal; también se traiciona la confianza ciudadana y se debilita el tejido institucional del país.
Los “malos ejemplos” que hoy ocupan titulares no deben verse únicamente como casos aislados o como oportunidades para el juicio público. Deben convertirse en referentes negativos que orienten la conducta de quienes actualmente administran recursos públicos. Cada investigación, cada detención y cada proceso judicial recuerdan que el ejercicio del poder conlleva una responsabilidad ética ineludible.
El mensaje es claro: no existe margen para la improvisación ni para la opacidad en la gestión pública. Los recursos del Estado, independientemente de su origen —sea descentralización, partidas presupuestarias o fondos especiales—, tienen un único dueño: la ciudadanía. Administrarlos implica hacerlo con criterios de legalidad, eficiencia, transparencia y rendición de cuentas.
Es imperativo que los servidores públicos comprendan que el uso responsable de los fondos no es una opción, sino una obligación. Esto implica fortalecer los controles internos, documentar cada proceso, garantizar la trazabilidad del gasto y someterse voluntariamente al escrutinio público. La transparencia no debe verse como una carga, sino como una herramienta que legitima la gestión.
Asimismo, estos casos deben impulsar una reflexión más profunda sobre la cultura política en Panamá. Durante años, ciertas prácticas fueron toleradas o minimizadas bajo la lógica de “así se ha hecho siempre”. Hoy, esa narrativa se desmorona frente a una ciudadanía más informada y a instituciones que, aunque perfectibles, están actuando. La impunidad ya no puede ser la regla.
La clase política tiene ante sí una oportunidad histórica: transformar la desconfianza en credibilidad. Para lograrlo, no bastan los discursos; se requieren acciones concretas. La capacitación continua en gestión pública, el cumplimiento estricto de las normas de contratación, la correcta planificación del gasto y, sobre todo, la integridad personal, son pilares fundamentales.
Además, es necesario entender que el daño causado por el mal uso de los recursos públicos trasciende lo económico. Cada dólar mal invertido o desviado representa una calle que no se construye, una escuela que no se mejora o una comunidad que permanece en el abandono. El costo real lo paga la gente, especialmente los sectores más vulnerables.
En este contexto, los recientes procesos judiciales deben asumirse como una oportunidad para redefinir estándares. No se trata solo de sancionar a quienes actuaron incorrectamente, sino de enviar un mensaje contundente a quienes hoy tienen la responsabilidad de administrar lo público: la ética no es negociable.
Panamá necesita una nueva generación de servidores públicos que entienda que el poder no es un privilegio, sino un servicio. Que comprenda que cada decisión tiene consecuencias y que la historia juzga con severidad a quienes fallan en el cumplimiento de su deber.
Los “malos ejemplos” ya están dados. La pregunta es si la clase política sabrá aprender de ellos o si, por el contrario, insistirá en repetir los mismos errores. El futuro institucional del país depende, en gran medida, de esa respuesta.
La autora es abogada.
