En Panamá, la descentralización ha sido durante años una promesa recurrente más que una realidad consolidada. A pesar de avances normativos y discursos políticos que reconocen la importancia de fortalecer los gobiernos locales, la estructura fiscal del Estado sigue concentrando los recursos en el nivel central, limitando la capacidad real de los municipios para responder a las necesidades de sus comunidades.
Los planteamientos del alcalde de Colón, Lorenzo Diógenes Galván, en el marco del discurso del 5 de noviembre de 2025, así como las recientes declaraciones del alcalde capitalino, Mayer Mizrachi, han vuelto a poner sobre la mesa un tema crucial: la urgente necesidad de redefinir la distribución de los ingresos públicos, en particular el impuesto sobre bienes inmuebles.
Desde Colón, se ha insistido en una verdad incómoda pero innegable: los municipios enfrentan responsabilidades crecientes sin contar con los recursos suficientes para cumplirlas. La gestión de residuos, el mantenimiento urbano, la atención social comunitaria y la planificación territorial recaen cada vez más en las autoridades locales, pero el flujo de ingresos sigue dependiendo en gran medida de transferencias del gobierno central.
Esta situación genera una contradicción estructural: se exige eficiencia local sin autonomía financiera. En otras palabras, se descentralizan las responsabilidades, pero no el dinero.
El impuesto sobre bienes inmuebles es, por naturaleza, un tributo territorial. Grava la propiedad dentro de un municipio y, por tanto, debería revertir directamente en el desarrollo de ese mismo territorio.
Sin embargo, en Panamá, este ingreso no es plenamente administrado por los municipios, lo que limita su capacidad de planificación y ejecución. Esta desconexión entre el origen del recurso y su destino final debilita la lógica misma de la descentralización.
Transferir el 100% del impuesto sobre bienes inmuebles a los municipios no es una concesión política, sino una corrección estructural necesaria. Significa reconocer que las comunidades deben beneficiarse directamente de la riqueza que generan.
Aunque Colón y la ciudad de Panamá enfrentan realidades distintas, tanto Lorenzo Diógenes Galván como Mayer Mizrachi han coincidido en un punto esencial: sin recursos suficientes, la gestión municipal se convierte en una administración de carencias.
En el caso de Colón, esto se traduce en limitaciones para atender profundas brechas sociales e históricas. En la capital, implica restricciones para sostener el ritmo de crecimiento urbano y responder a demandas ciudadanas cada vez más complejas.
Ambos escenarios reflejan una misma problemática: la falta de autonomía fiscal real.
La entrega del 100% del impuesto sobre bienes inmuebles a los municipios permitiría:
Planificación territorial efectiva, ajustada a las realidades locales.
Respuesta inmediata a necesidades comunitarias, sin depender de trámites centralizados.
Impulso al desarrollo económico local, mediante inversiones estratégicas.
Además, fortalecería la legitimidad de los gobiernos locales, al dotarlos de herramientas reales para cumplir su mandato.
Panamá no puede aspirar a un desarrollo equilibrado mientras los municipios carezcan de los recursos necesarios para gestionar su propio crecimiento. La centralización excesiva no solo es ineficiente, sino que perpetúa desigualdades territoriales.
La discusión ya no debe centrarse en si se debe descentralizar, sino en cómo hacerlo de manera efectiva. Y, en ese camino, la transferencia total del impuesto sobre bienes inmuebles a los municipios representa una medida concreta, viable y urgente.
Los discursos recientes no son hechos aislados; son el reflejo de una demanda estructural que atraviesa todo el país. La descentralización real no se logra con declaraciones, sino con decisiones fiscales valientes.
Entregar a los municipios el 100% del impuesto sobre bienes inmuebles no es solo una reforma financiera: es una apuesta por un Estado más equitativo, más eficiente y más cercano a la gente.
La autora es abogada.
