En Panamá, cada día es más evidente una verdad incómoda: vivimos rodeados de instituciones que no resuelven. El ciudadano común, ese que paga impuestos, cumple la ley y solo espera vivir con dignidad, se enfrenta a una maraña de oficinas públicas incapaces de responder a lo más básico de la vida urbana. No se trata de ideología, sino de simple desidia.
Basta mirar el caos vial. La Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) parece resignada a la anarquía. El tráfico se ha convertido en una condena cotidiana, con vehículos mal estacionados en cada esquina, buses que violan todas las normas imaginables y motocicletas que rugen sin silenciadores por avenidas y barrios como si el reglamento no existiera. Los transportistas operan como si fueran un poder paralelo, protegidos por una estructura que parece más una cofradía de intereses que un sistema de regulación. Para muchos ciudadanos, el sector transporte es más una mafia que un servicio público.
El ruido que generan las motos —y los locales que operan sin control— es otro ejemplo de cómo los derechos elementales son ignorados. Ni el Municipio ni el Ministerio de Salud asumen responsabilidad. En teoría, existen normas sobre contaminación sonora; en la práctica, son letra muerta. Los inspectores no aparecen, los llamados de atención quedan sin seguimiento y la ciudadanía aprende que quejarse no sirve de nada.
La Policía Nacional, que debería ser el gran garante del orden y la convivencia, se ha alejado del ciudadano común. Si te roban, es casi seguro que el caso quedará impune. Si denuncias ruido, simplemente te dicen que “no hay unidades disponibles”. Se concentran en operativos vistosos y temas de narcotráfico —sin duda importantes—, pero descuidan la función más elemental de toda policía: proteger al ciudadano en su entorno inmediato.
El resultado de esta cadena de omisiones es un clima de indefensión. De un lado, instituciones con poder legal, presupuesto y personal. Del otro, una población resignada al abandono. Lo peor no es el problema en sí, sino la sensación de que nadie está realmente a cargo. No hay jerarquías que funcionen ni mecanismos efectivos de rendición de cuentas. Es el Estado ausente disfrazado de burocracia.
Las leyes existen, pero no se aplican. Los reglamentos se multiplican, pero nadie los hace cumplir. Y cuando todo el sistema falla, el ciudadano se ve forzado a convivir con el abuso, a soportar el ruido, la inseguridad y la arbitrariedad como parte del paisaje. La desidia institucional no es inofensiva: erosiona la confianza social, destruye la autoridad legítima y deja el campo abierto a la impunidad.
Panamá no necesita más diagnósticos, sino voluntad política. Requiere autoridades que entiendan que el respeto a la norma no es un lujo, sino la base de la convivencia. Sin orden ni responsabilidad, no hay Estado. Y sin Estado, el ciudadano no tiene a quién acudir. Esa es la raíz del mal que nos está devorando.
El autor es director de la Fundación Libertad.
