Hay injusticias que hacen ruido: se vuelven protesta, titular, escándalo. Y hay otras más peligrosas: las que se vuelven costumbre, las que se instalan en la vida diaria con tanta naturalidad que dejan de parecernos intolerables. La desigualdad en Panamá muchas veces pertenece a esa segunda categoría. No siempre grita. A veces susurra.
Susurra en la interminable espera. En la escuela que ofrece menos, no porque sus estudiantes valgan menos, sino porque el país les entrega menos. En la comunidad donde el agua falla o no llega. En el centro de salud que queda demasiado lejos para quien no puede convertir la distancia en transporte, tiempo o dinero. Susurra en la resignación de quienes aprenden demasiado pronto que vivir en ciertos lugares significa esperar más y recibir menos.
John Rawls escribió que la justicia es la primera virtud de las instituciones sociales. La frase es incómoda porque obliga a medir a un país no solo por lo que produce, sino por cómo distribuye la dignidad. Y ahí Panamá enfrenta una pregunta que ya no debería postergar: ¿de qué sirve una posición geográfica privilegiada y un valor estratégico reconocido por el mundo, si esas ventajas no se traducen en mayor equidad en la vida de su propia gente?
Panamá no es un país condenado por su tamaño ni por su geografía. Más bien ocurre lo contrario: somos una nación pequeña, conectada, estratégicamente ubicada, con condiciones que muchos otros países quisieran tener. Precisamente por eso, nuestras brechas nos duelen más. Porque no parecen solo una limitación histórica o económica: empiezan a parecer una renuncia moral.
Hay algo perturbador en que un país tan importante para el tránsito global todavía no logre asegurar con la misma firmeza el tránsito de la dignidad dentro de sus propias fronteras. Movemos mercancías, capitales y rutas con eficiencia admirable, pero no siempre movemos con igual decisión derechos, oportunidades y presencia efectiva del Estado hacia donde más hacen falta. Esa contradicción no es menor: es una herida en la idea misma de nación.
La desigualdad más grave no siempre se mide en extremos visibles. A veces se revela en algo más hondo: en la manera en que una sociedad distribuye la esperanza. Allí donde una persona siente que su futuro depende demasiado de su barrio, de su corregimiento o de la distancia que la separa del centro, lo que está en juego no es solo bienestar material. Está en juego la pertenencia. Porque cuando la ciudadanía se vive con intensidades distintas según el territorio, la república empieza a fracturarse moralmente.
Lo más inquietante no es que existan desigualdades; toda sociedad las padece. Lo verdaderamente inquietante es acostumbrarnos a ellas: aceptar, con serenidad casi burocrática, que ciertos lugares vivan con menos y esperen más; tratar como paisaje lo que debería doler como fracaso. Un país se empobrece cuando deja de indignarse ante aquello que humilla en silencio.
No se trata de negar las fortalezas de Panamá. Al contrario: se trata de tomarlas en serio. Si de verdad creemos en el valor del país, debemos exigir que esas ventajas dejen de ser un orgullo abstracto y se conviertan en justicia concreta. La tecnología y los avances de nuestro tiempo pueden ayudar a identificar brechas y priorizar respuestas, pero nada reemplaza la decisión de no administrar la desigualdad como si fuera inevitable.
Al final, el verdadero valor estratégico de un país no se mide solo por su posición en el mapa. Se mide por su capacidad de impedir que ese mismo mapa determine quién vive con más dignidad y quién con menos. Y esa sigue siendo, quizás, una de las preguntas más incómodas de Panamá: no si tiene con qué hacerlo mejor, sino por qué, teniendo tanto a favor, todavía permite que la desigualdad siga hablando en voz baja.
El autor es médico.
