La guerra de agresión que actualmente libra la Federación Rusa en contra de Ucrania ha ajustado un nuevo y triste acontecimiento: la destrucción de la represa de Kajovka. Hasta el momento, no se ha esclarecido quién fue el responsable de este deplorable acto. No obstante, una porción considerable de Estados han optado por permanecer en silencio.
Mientras que Rusia y Ucrania se atribuyen la culpa mutuamente, la OTAN permanece divida entre atribuirle la destrucción a Rusia (Portugal, Lituania, Italia, Finlandia, Noruega y otros) o abstenerse en hacerlo hasta tanto tengan información concluyente (Estados Unidos, España, Alemania, Francia, Reino Unidos, Países Bajos, Canadá y otros).
En el ámbito latinoamericano, únicamente se han pronunciado Guatemala, Chile y Brasil. Mientras que los dos primeros reaccionaron de forma negativa a la destrucción de la represa, la cual Chile, incluso, calificó de ilegal, Brasil tomó una postura neutral –similar a la de China e Irán–. El nivel de aislamiento de Rusia es tal que únicamente la Siria de Assad y la Bielorrusia de Lukashenko le han atribuido la destrucción de la represa a Ucrania, mientras que cerca de una veintena se lo han adjudicado a Rusia.
Al margen de la cuestión relativa a la atribución, la cual ha sido abordada por el presidente turco Erdogan, quien propone una investigación conjunta (Rusia-Ucrania) sobre la destrucción de la represa, es necesario considerar las implicaciones de los hechos desde la perspectiva del derecho internacional humanitario. En primer lugar, la represa de Kajovka es un bien de carácter civil (objeto civil), los cuales tienen una definición mutuamente excluyente, sépase todo bien que no sea un objetivo militar es un bien civil. Por tanto, la destrucción de infraestructura de uso civil equivale a una violación al principio de distinción, a una grave violación al derecho internacional humanitario y a un crimen de guerra.
En segundo lugar, la represa de Kajovka es considerada infraestructura crítica y de energía, por lo que cualquier ataque en su contra está prohibido, incluso si llegase a ser considerada por una de las partes beligerantes como un objetivo militar válido. Además, las represas son consideradas obras e instalaciones que contienen fuerzas peligrosas por lo cual son también, por esta vía, sujeto de protección específica en cuanto a los métodos y los medios de guerra por su potencial de causar daños graves, generalizados y a largo plazo al medio ambiente, amenazando, a su vez, la salud y la supervivencia de la población civil. Todo lo anterior hace verdaderamente deleznable la acción tendiente a destruir la represa de Kajovka. Dicha destrucción tampoco podría justificarse como una represalia o bajo el estado de necesidad, pues las consecuentes afectaciones han sido tan significativas para la población civil ucraniana que ninguna de estas circunstancias mitigarían o excluirían de forma alguna la ilicitud del acto.
Tales son los devastadores efectos ocasionados por la destrucción de la represa Kajovka que se ha insertado el término “ecocidio” al análisis. Esta palabra connota la destrucción de gran parte del medio ambiente de un territorio de forma intencionada y, en ocasiones, irreversible. Todavía están por verse las implicaciones que a corto, mediano y largo plazo tendrán las inundaciones y los desplazamientos forzados producto de ella. El sector agrícola del óblast de Jersón –región en la que se encuentra la represa– es uno de los más afectados, pues se estima que producto de las inundaciones se perdieron toda las cosechas para el año 2023. Adicionalmente, no queda claro cuales serán las consecuencias para ese importante sector y pilar de la seguridad alimentaria global a mediano y largo plazo. Tampoco podemos olvidarnos de la planta nuclear de Zaporiyia, la cual también se abastecía de la central hidroeléctrica y el embalse de Kajovka. Esta planta nuclear podría sufrir graves afectaciones una vez las reservas de agua para sus piscinas de enfriamiento se agoten.
Lo anterior conlleva a una reflexión reiterada sobre las terribles consecuencias de la innecesaria agresión rusa en Ucrania, los sobrevinientes crímenes de guerra y, ahora, el ecocidio. Igualmente, nos plantea la obligación de pronunciarnos enérgicamente en contra de la destrucción de la represa Kajovka, con la mirada puesta en el Canal de Panamá y las represas de Madden y Gatún, pues como nos lo recuerda Marixa Lasso, los grandes desplazamientos no son una lejana anomalía histórica; están mucho más cerca de nosotros de lo que parece.
Por último, el tema del ecocidio tampoco nos debe parecer distante pues, en la minería y en los puertos, se hace evidente que la temática no nos será esquiva.
El autor es abogado y profesor de derecho internacional
