En 1821, la nación panameña decidió independizarse del Imperio español y unirse voluntariamente a la Gran Colombia de Bolívar por un motivo fundamental: su seguridad. Del mismo modo, nuestra separación de Colombia también estuvo marcada por razones vinculadas a la seguridad, como la inestabilidad interna, el abandono institucional, la vulnerabilidad social y el estancamiento económico. Estas circunstancias llevaron a Panamá a constituirse como un Estado propio capaz de garantizar el bienestar y, principalmente, la seguridad de su población.
Desde nuestros inicios, el pensamiento estratégico orientado a alcanzar bienestar y seguridad debía proyectarse con visión de Estado, precisamente porque los gobiernos cambian cada cinco años, mientras que el territorio y la población permanecen. La seguridad, entendida como un asunto de Estado, trasciende administraciones y ciclos políticos.
¿Qué consecuencias tiene visualizar cada cinco años la seguridad como un problema exclusivo del gobierno de turno?
En primer lugar, los panameños debemos comprender que seguridad significa ausencia de riesgos o peligros. Es decir, el Estado panameño, a través de sus gobiernos, debe desarrollar esfuerzos permanentes para mantener protegidos tanto el territorio como la población. Ni el territorio ni la sociedad desaparecen cada cinco años; la inseguridad tampoco. Por el contrario, permanece, se transforma y es heredada por cada nueva administración, mientras la población continúa sufriendo sus efectos.
El éxito de un Estado depende de su capacidad para convertir la seguridad en una inversión estratégica capaz de generar dividendos sociales y económicos a largo plazo, en lugar de arrastrar, administración tras administración, un pasivo histórico de inseguridad.
Gasto pasivo en seguridad y la deuda de un presente inseguro
Cuando analizamos las gestiones pasadas y la actual bajo la óptica de un entorno todavía inestable y marcado por brotes de violencia, la relación entre inversión en seguridad y ganancia social se vuelve negativa.
Un presente inseguro
Al no resolverse los problemas de seguridad heredados de gobiernos anteriores, esa deuda termina siendo asumida por las nuevas administraciones, perpetuando un presente inseguro. Este círculo vicioso genera un doble impacto sobre la seguridad nacional:
-Las amenazas heredadas que aún deben resolverse.
-Los nuevos peligros emergentes que continúan apareciendo.
Como consecuencia, el Estado panameño se ve obligado a seguir destinando recursos de manera reactiva para enfrentar problemas estructurales que nunca fueron solucionados de raíz.
Los delincuentes de hoy fueron, en muchos casos, los niños de 2010, cuya realidad social no fue atendida mediante una política nacional de seguridad con visión de futuro. Hoy, los planes policiales de contención intentan controlar consecuencias que pudieron prevenirse años atrás.
La ausencia de pensamiento estratégico y de una verdadera prospectiva obliga a desarrollar planes policiales de corto plazo, con ciclos de vida limitados al periodo presidencial. Al finalizar cada administración, la carga delictiva es heredada por el siguiente gobierno, porque dichos planes fueron diseñados para contener el delito, no para resolver sus causas estructurales.
Un plan operativo de contención policial a corto plazo constituye una estrategia gubernamental necesaria, pero tiene fecha de caducidad vinculada al periodo presidencial y cambia con cada nueva administración.
En contraste, una Política Nacional de Seguridad representa una estrategia de Estado. Su duración y permanencia deben trascender los gobiernos y proyectarse a 15 o 20 años mediante una legislación nacional sólida. Además, su alcance obliga a una participación coordinada entre los ministerios de Educación, Salud y Seguridad Pública, junto con el Órgano Judicial y otras instituciones clave.
Si Panamá continúa apostando únicamente por planes operativos de contención a corto plazo como solución temporal a la delincuencia, seguirá heredando deuda delictiva entre gobiernos, ignorando una realidad evidente: los gobiernos pasan, pero la población y el territorio permanecen.
Por ello, resulta indispensable construir una Política Nacional de Seguridad con visión estratégica de futuro, donde los planes operativos de corto plazo —que siguen siendo necesarios— se desprendan de una política nacional integral y contribuyan progresivamente al cumplimiento de un objetivo superior: una seguridad sostenible, permanente y estructuralmente sólida.
Una estrategia de Estado debe ser rígida en sus objetivos, pero flexible en sus métodos.
El autor es abogado y exsubdirector del Senafront.
