Cada cinco años, se repite una tendencia en Panamá cuando se trata de educación y de las ofertas electorales, principalmente, de los aspirantes a la presidencia de la República: presentan propuestas novedosas y atractivas. Esta estrategia es aún más seductora cuando se considera que en las próximas elecciones casi 400 mil jóvenes se incorporarán al padrón electoral. Muchos recién terminan la escuela secundaria y tienen una clara idea de lo que han recibido versus lo que les hubiera gustado recibir en su experiencia educativa.
Históricamente, se ha tendido a ofrecer propuestas que suenan atractivas pero que sólo parchan un sistema educativo que requiere transformaciones profundas identificadas y diagnosticadas en más de 20 diálogos.
Analicemos cómo deberíamos abordar estas ofertas electorales: ¿Debemos dejarnos llevar por lo que suena bien en el discurso o tomarnos el tiempo de evaluar lo que ha ocurrido y lo que no ha ocurrido en los últimos 45 años tras la derogatoria total en 1979 de la reforma educativa? Las decisiones coyunturales pueden tener impactos estructurales. ¿Qué hubiera pasado en Panamá si nuestro sistema educativo hubiera sido diferente? ¿Cómo habría afectado la tasa de desempleo formal y el empleo informal? Especialistas como René Quevedo nos han advertido sobre cómo el sistema educativo incide en la empleabilidad, en el espíritu emprendedor y en la competitividad del país.
Las propuestas de políticas educativas no pueden depender de ofertas coyunturales. Es esencial recurrir a las soluciones que se han ofrecido durante décadas a los desafíos y analizar por qué no han sido implementadas.
Es en este punto donde entra en juego el documento de referencia que, gracias a la existencia de la Ley 59 de 2018, no sólo tiene vigencia, sino que hay una obligación legal de dar seguimiento a su correcta implementación. Se trata del Compromiso Nacional por la Educación. En 2019 los entonces candidatos presidenciales firmaron un documento de apoyo a su contenido y hasta se comprometieron a dar seguimiento a su implementación.
Debemos aprender la lección de por qué en Panamá no se implementan reformas indispensables para lograr cambios significativos en beneficio de nuestra niñez y juventud.
En el último quinquenio nos hemos enfrentado a situaciones complejas. La pandemia de la covid-19 obligó a ofrecer educación a distancia durante dos años, lo que generó desigualdades en las oportunidades educativas para las poblaciones más vulnerables. Mientras algunos tenían facilidades para utilizar las plataformas tecnológicas, otros carecían de los recursos necesarios.
Pareciera que las políticas públicas no se implementan por alguna razón. Puede tratarse de errores en el diseño de las políticas, falta de recursos técnicos y financieros, o de voluntad política.
Nuestro país no tiene una cultura arraigada de implementación efectiva de políticas públicas, a excepción del gran ejemplo del Canal de Panamá, que ha sido administrado de manera correcta, competitiva y en beneficio del país. Es triste que Panamá haya fallado tantas veces en implementar una política pública educativa de alto impacto.
Más que simplemente ofrecer soluciones, es crucial tener claro cómo llevarlas a cabo. Es evidente que hemos fallado en instrumentalizar e implementar políticas públicas a nivel de las aulas. Urge reenfocar el modelo de gestión administrativa del Ministerio de Educación, a uno basado en principios filosóficos de una gestión administrativa al servicio de la excelencia técnico-pedagógica.
Si logramos esto, podremos combatir con éxito el impacto negativo de la pandemia en el aprendizaje de nuestros niños y niñas. Podremos recuperar sus aprendizajes y lograr que aquellos que abandonaron el sistema educativo, regresen. Es un gran desafío nacional atender a aquellos que más necesitan una educación de calidad: los niños y niñas más vulnerables del país.
Es fundamental superar la tendencia de ofrecer propuestas atractivas pero superficiales en el ámbito educativo. La oferta electoral debe enfocarse en proponer implementar las transformaciones profundas que nuestro sistema educativo amerita incluidas en diálogos como el Compromiso Nacional por la Educación. Debemos aprender de los errores del pasado e implementar políticas públicas basadas en un modelo de gestión administrativa sólido y en un enfoque centrado en la calidad y en la equidad educativa. Sólo así podremos garantizar un futuro prometedor para nuestra niñez y juventud.
El autor es LIIC 2018, LLAC 2.0 2020 y miembro de Jóvenes Unidos por la Educación
