El tránsito natural de la vida institucional de nuestra República nos lleva a converger en múltiples ámbitos y escenarios. Hoy nos encontramos en una coyuntura especial y neurálgica, por su impacto directo en el porvenir de la educación y en la propia esencia del tipo de sociedad que perseguimos. El dilema es el siguiente: sostener una institucionalidad educativa obsoleta e ineficiente, anclada en un mundo previo a la era tecnológica, o construir desde sus cimientos un sistema participativo de educación pensado para el futuro.
La Ley 47 Orgánica de Educación, promulgada en 1946, organizó el primer sistema educativo formal de nuestra historia. A partir de ese momento, en las décadas posteriores hubo hitos no menores, como la expansión progresiva de la cobertura educativa entre 1950 y 1960, las campañas de alfabetización y educación técnica durante la dictadura militar (1968-1989) y, con el retorno a la democracia en 1990, avances en la modernización del sistema mediante reformas curriculares y la estandarización de la evaluación docente. Todo ello ocurrió, sin embargo, en ausencia de políticas públicas sostenidas en el tiempo.
En los siguientes 30 años de gobiernos democráticos se lograron avances en términos de inversión y acceso. Paradójicamente, las evaluaciones nacionales e internacionales evidenciaron debilidades estructurales. Según UNICEF Panamá, en 2024, el 12% de niños, niñas y adolescentes entre 4 y 17 años no asistía a ningún centro educativo, con tasas más altas en áreas rurales e indígenas. A ello se suma el bajo desempeño en lectura, matemáticas y ciencias: el 84% de los estudiantes de 15 años no alcanza el nivel mínimo de competencias en matemáticas, el 58% en lectura y el 62% en ciencias (PISA 2022). Persisten, además, una formación docente insuficiente, currículos desfasados y una desconexión profunda y persistente entre el sistema educativo y los sectores productivos del país.
La pandemia de covid-19 no hizo más que agravar un sistema que ya se encontraba debilitado. Según Jóvenes Unidos por la Educación, entre 2020 y 2025 los estudiantes panameños perdieron más de 500 días de clases, una laguna educativa de enormes consecuencias para el desarrollo de sus capacidades y habilidades para la vida.
De hecho, el experto en políticas públicas educativas Javier González, director del Laboratorio de Investigación e Innovación en Educación para América Latina y el Caribe (SUMMA), alertó de forma contundente: “Los estudiantes panameños de duodécimo grado tienen un nivel equivalente al de sexto grado de países de la OCDE, es decir, un rezago de seis años”.
Debemos comprender que no basta con asignar más recursos al ya millonario presupuesto del Ministerio de Educación, dotar con una laptop a cada estudiante o agregar más asignaturas al pénsum. El sistema debe atravesar una transformación real y profunda que parta de la norma madre, la Ley 47 de 1946, y alcance su institucionalidad completa, integrada por docentes, estudiantes y el propio Ministerio de Educación.
El nuevo sistema educativo debe enfocarse —sin limitarse— en garantizar el tránsito completo del estudiante desde la primera infancia hasta la educación superior; crear un sistema moderno, accesible y transparente de estadísticas educativas; definir un modelo de inversión claro —por ejemplo, si se prioriza contar con docentes más cualificados o una mayor cobertura de estudiantes por profesor—; construir una institucionalidad dinámica sin exceso de regulación; desarrollar instrumentos efectivos de supervisión, acompañamiento y evaluación docente; incorporar a la sociedad civil en la gobernanza educativa; y entender el servicio educativo desde la escuela hasta su expresión final en el mercado laboral, entre muchas otras líneas estratégicas.
Este proceso no es una mesa de diálogo más. Es una de las transformaciones institucionales más trascendentales de los últimos 80 años. Implica replantear la educación panameña tal como la conocemos y comprender cómo incidirá en la vida de todos durante las próximas décadas.
El autor es amigo de la Fundación Libertad.
