En junio, la Asamblea Nacional iniciará el debate formal sobre el Proyecto de Ley 413, mientras Senacyt ultima el borrador final de la Estrategia Nacional de IA. Panamá enfrenta un punto de inflexión regulatorio: la decisión que tomemos definirá si nos convertimos en un laboratorio tecnológico desregulado o en un referente regional de gobernanza ética e inclusiva.
El debate público se ha polarizado en una falsa dicotomía: ¿estrategia primero o derechos primero?
Senacyt prioriza consolidar la hoja de ruta de innovación antes de legislar; la Asamblea impulsa un marco normativo centrado en la dignidad humana y la rendición de cuentas.
Ambas posturas son legítimas, pero incompletas. La evaluación bajo la metodología del CAIDP AI and Democratic Values Index revela una arquitectura institucional por consolidar: cero métricas con avance positivo, seis en desarrollo y seis ausencias críticas.
No existe un órgano independiente de supervisión, la transparencia algorítmica es inexistente, no hay mecanismos de impugnación ante decisiones automatizadas, y la Ley 81 de 2019 no contempla los riesgos de la IA generativa ni la gobernanza de datos biométricos.
Mientras discutimos textos, los impactos ya son sistémicos. El CSIRT Panamá registró 1,312 incidentes en 2024, con el fraude digital como segunda modalidad más común. El 94 % de los panameños ha sido víctima o conoce a alguien afectado por engaños en línea, muchos impulsados por clonación de voz y deepfakes. El 45 % de las grandes empresas ya automatiza procesos de contratación y scoring crediticio sin salvaguardas contra el sesgo algorítmico. Y lo más urgente: el 17% de nuestra población, las comunidades indígenas, enfrenta una brecha digital estructural que, sin políticas de soberanía de datos y evaluación de impacto étnico, se profundizará con la digitalización estatal. La ausencia de registro no significa que la IA no esté aquí; significa que sus efectos son invisibles.
La ventana de junio no es para elegir bandos, sino para tender puentes. Panamá necesita una arquitectura de gobernanza que integre innovación y derechos. Esto exige cuatro acciones concretas: 1) Incorporar al PL 413 un derecho explícito a la explicación y recurso frente a decisiones automatizadas de alto impacto (crédito, empleo, salud). 2) Crear un panel consultivo independiente de ética en IA, con mandato de auditoría y publicación de estándares mínimos de transparencia. 3) Actualizar la Ley 81 de 2019 para incluir gobernanza de IA generativa, verificación biométrica y registro obligatorio de sistemas en uso. 4) Garantizar la participación formal de la sociedad civil y organizaciones indígenas en el diseño y supervisión de estos sistemas.
Desde Hemispher-IA Business & Knowledge Hub (LAC), en alianza estratégica con el Consejo Latinoamericano de Ética en Tecnología (CLET), asumimos el rol de puente metodológico y conocimiento compartido. No venimos a frenar la innovación; venimos a dotarla de legitimidad internacional y anclaje comunitario. Como único actor de sociedad civil en Panamá afiliado al CAIDP y coordinador del Capítulo CLET Panamá, ponemos a disposición análisis comparado, estándares globales (UNESCO RAM, OCDE) y una infraestructura de diálogo activa con organizaciones de base. Nuestra función como knowledge brokers es clara: traducir la complejidad técnica en política pública aplicable, articular las voces tradicionalmente excluidas y ofrecer insumos estructurados que eviten la parálisis regulatoria.
El debate de junio será histórico. Invitamos a Senacyt, a la Comisión de Educación de la Asamblea Nacional, al sector privado y a la academia a colaborar en un modelo de gobernanza que no deje a nadie atrás. Panamá tiene la oportunidad de ser el primer país centroamericano con una ley de IA que equilibre competitividad y derechos fundamentales. La tecnología avanza rápido, pero la democracia exige deliberación.
Hagamos que esta encrucijada sea el inicio de una era responsable, inclusiva y soberana.
El autor es coordinador del Capítulo CLET Panamá y director de Hemispher-IA
