Continuando con una tradición de muchos años, los funcionarios empoderados, o mejor dicho, padrinos, haciendo uso de sus “facultades”, seleccionan y nombran a personas en notarías y consulados cuya función oculta y primordial es ser recaudadores, pero no para el fisco, sino para el “establishment”. Es decir, más de lo mismo.
Este sistema ha sido creado y parece mantenerse en el presente gobierno como una fuente de recursos millonarios que fluyen hacia bolsillos individuales a través de fondos mal habidos que deberían ser parte del erario. Para los nombramientos de estas llamadas personalidades de recaudación, generalmente no se toman en cuenta cualidades como honorabilidad, ética, honradez y decencia, ya que lo primordial para seleccionarlas es su disposición para aceptar las reglas del “cashback”.
Estos individuos designados pueden llegar a pensar que pueden ser “medio honrados” o “medio éticos”, cuando estos calificativos no admiten condicionamientos, como si se dijera que una mujer está “medio embarazada”. Aquí hay muchísimos millones de dólares en juego, por lo que las designaciones deben ser de completa y absoluta confianza para el padrino. Debemos recordar que los notarios y cónsules son funcionarios públicos.
En el caso de los notarios, deben ser también abogados, quienes deberían aconsejar sobre los medios jurídicos lícitos a quienes lo soliciten. Los notarios tienen la función de comprobar los hechos concretos pactados entre personas jurídicas y/o naturales, es decir, dan fe pública de los actos, y tienen la responsabilidad de prevenir fraudes al servir como testigos imparciales, además de certificar la autenticidad de documentos.
Nos preguntamos: ¿puede ser un notario honrado, ético y decente cuando se presta como instrumento de los grupos de poder para desviar los fondos que pertenecen al erario? Claro que no, y lo vemos en las recientes designaciones, donde parece haber una falta de honorabilidad, similar a la de nombrar a muchos diputados como “honorables”. Simplemente se ha cambiado el flujo de dinero de los favoritos de un gobierno anterior a los favoritos del nuevo gobierno, es decir, la continuación del “cashback” y las nuevas reglas del “¿qué hay pa’ mí?”.
Cabe recordar que, en ocasiones, la designación de un notario se convierte en permanente, pues estos guardan los “sellos” que les permiten autenticar transacciones con fechas correspondientes a su periodo original de ejercicio notarial. En otras palabras, si un malhechor necesita hoy un documento autenticado con fe pública de hace 10 años, podría simplemente localizar al notario nombrado en esa fecha que aún tenga los sellos, quien se lo autenticaría rápidamente y cobraría un porcentaje relacionado con la naturaleza del documento que está autenticando. Hay demasiada corrupción en los sistemas actuales, pero esto se debe a que se valora más el “cashback” que la ética y la honradez.
Si el Ministerio de Economía y Finanzas quisiera aumentar las recaudaciones, promover la transparencia en las finanzas públicas y adecentar las funciones notariales y consulares, me pregunto, ¿por qué se sigue manteniendo el sistema tradicional de manejo financiero en estas instituciones? Existen los medios y facultades para implementar la facturación electrónica en notarías y consulados, y fiscalizar los ingresos generados de tal forma que ingresen al Tesoro Nacional, acabando con la política del “cashback”. Sin embargo, esto podría representar un castigo económico para los bolsillos de quienes están en el grupo de poder, que son precisamente quienes realizan las designaciones. Veremos qué sucede, pues los indicios apuntan a que será “más de lo mismo”.
El autor es ciudadano.
