La reciente solicitud de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá al presidente José Raúl Mulino para vetar el Proyecto de Ley 226, que amplía los descuentos obligatorios a jubilados y pensionados, introduce un elemento que merece trascender esta discusión particular: la escala de una empresa importa.
La CCIAP ha señalado correctamente que, para una micro, pequeña o mediana empresa, un descuento obligatorio representa una reducción directa de ingresos, mientras planilla, energía, alquileres, insumos, financiamiento e impuestos continúan existiendo. Una obligación que una gran empresa puede absorber o distribuir entre miles de transacciones puede afectar seriamente la viabilidad de una operación pequeña.
Ese razonamiento no debería limitarse a los descuentos a jubilados.
El mismo principio debe aplicarse cuando diseñamos regulaciones para producir alimentos, contratar trabajadores, cumplir requisitos ambientales, tramitar permisos o desarrollar actividades agroindustriales.
Panamá necesita regulación. Particularmente en alimentos, nadie sensato debería argumentar en contra de la inocuidad, la trazabilidad o la protección del consumidor. La discusión relevante es otra: ¿para alcanzar esos objetivos, todas las empresas deben necesariamente cumplir exactamente los mismos procedimientos, asumir los mismos costos y enfrentar las mismas cargas administrativas?
Una planta industrial que procesa decenas de miles de unidades diariamente dispone de departamentos de calidad, asuntos regulatorios, abogados y personal administrativo. Una pequeña agroindustria rural puede tener cinco, siete o diez colaboradores y una o dos personas encargadas simultáneamente de producir, administrar, vender y cumplir con las autoridades.
Exigir exactamente los mismos procesos administrativos a ambas no necesariamente produce mayor seguridad. En ocasiones, solamente produce mayor costo.
Aquí aparece una palabra que deberíamos incorporar con mayor frecuencia en nuestra política pública: proporcionalidad.
Regular proporcionalmente no significa reducir estándares. Significa mantener el objetivo y ajustar el mecanismo utilizado para alcanzarlo según variables objetivas como riesgo, volumen, complejidad, historial de cumplimiento y escala.
Un alimento de alto riesgo producido sin controles adecuados debe fiscalizarse independientemente del tamaño de quien lo fabrica. Pero tampoco parece razonable que un producto elaborado durante años bajo la misma formulación y proceso, con historial satisfactorio, deba enfrentar automáticamente los mismos requisitos que un producto nuevo o una instalación con antecedentes de incumplimiento.
El concepto tampoco es novedoso. Las mejores políticas públicas distinguen entre actividades precisamente porque sus riesgos y capacidades son diferentes.
La discusión abierta por la CCIAP ofrece, entonces, una oportunidad.
Si consideramos injusto trasladar indiscriminadamente una obligación económica a todas las empresas sin evaluar su capacidad para absorberla, deberíamos aplicar esa misma lógica cuando el Estado diseña sus regulaciones.
Esto resulta particularmente importante para Panamá si realmente deseamos desarrollar nuestras mipymes, nuestra producción agropecuaria, la agroindustria rural y los alimentos artesanales.
Con frecuencia hablamos de emprendimiento, producción nacional y generación de empleo en el interior del país. Pero una microempresa no se fortalece solamente mediante financiamiento o capacitación. También necesita un entorno regulatorio que reconozca su realidad operacional.
Eso requiere pasar de una lógica de “un requisito para todos” a una regulación inteligente basada en riesgo y escala.
La pregunta correcta no debería ser cuánto podemos flexibilizar para una pequeña empresa.
Debería ser: ¿cuál es el nivel de regulación necesario para alcanzar adecuadamente el objetivo público en cada caso?
Esa diferencia parece semántica, pero cambia completamente la conversación.
Proteger a consumidores, trabajadores, adultos mayores y al ambiente son objetivos legítimos. También lo es preservar un tejido empresarial capaz de generar empleo, producir y competir.
No tenemos por qué escoger entre ambos.
Una regulación bien diseñada puede hacer las dos cosas.
Y para conseguirlo debemos comenzar reconociendo algo muy sencillo: la escala importa.
El autor es empresario agroindustrial e impulsor de un ecosistema lácteo panameño.
