Dentro del presupuesto general de la nación, existe un programa de inversión social, alimentado con recursos del Estado. Lo aprueba el Consejo de Gabinete y se transfieren los fondos cuando la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional (AN), lo autoriza en reunión debidamente convocada, según las necesidades del Estado panameño. En el tema de la descentralización paralela, los montos los recibe la Autoridad Nacional de Descentralización (AND) la que, además, los traspasa a los gobiernos locales. El calificativo de “paralela”, tiene que ver con estos “traslados complementarios” que, si bien son permitidos por el artículo 236 de la Constitución, no se ajustan a lo que determina la ley como exigencia de esta misma norma constitucional. Traslados adicionales ajenos al Programa de Inversión de Obras públicas y Servicios municipales (Piosm) de $110 mil por corregimiento al año y del impuesto de bien inmueble (IBI), según lo recibido por cada municipio.
A pesar de lo anterior, la AND debe cumplir ciertos parámetros para transferir los fondos. Los corregimientos o municipios de pocos ingresos para cubrir sus necesidades, deben enviarle el requerimiento debidamente explicado y sustentado, de manera que la autoridad defina y coordine el envío de fondos a cada gobierno local. Se debe describir cada proyecto que se va a favorecer o impulsar, es decir, que la transferencia de fondos se realice en función de los proyectos aprobados por cada junta comunal y verificados por la AND. La transferencia de los fondos debe ser detallada con respecto a las necesidades y ejecución de los proyectos. En su momento, el director de Presupuesto del MEF dijo que fueron los diputados quienes recomendaron que, a los $278.8 millones sugeridos por el Ejecutivo para este rubro de inversión social para 2023, se le incluyeran $64.3 millones adicionales para gobiernos locales que supuestamente no tienen suficientes ingresos para cubrir necesidades de su población.
Pero veamos cómo, en la práctica, inicia la estafa desde el mismo MEF, a través de transferencias probablemente ilícitas. Lo ha explicado el diputado Juan Diego Vásquez, cuando afirmó que miembros de la Comisión de Presupuesto emitieron la Resolución 35 de 15 de septiembre de 2022, en la cual se aprobó un crédito adicional y traslados de partida por poco más de $7,5 millones. Pero resulta que, según acta de la reunión en la que supuestamente se aprobó el traslado, ni siquiera estuvo presente el administrador de la AND, quien, por ley, debió solicitarlo personalmente a la Comisión de Presupuesto y sustentar esa propuesta. En el acta de la comisión, además, no aparece nada sobre el tema de la descentralización, menos que se haya discutido y aprobado esa suma. Son montos fantasmagóricos que posiblemente, todos o la gran mayoría de esos millones de la descentralización paralela, han sido transferidos de esa manera sin que nadie se diera cuenta. O sea que, sin haberse discutido el tema en la comisión, sin haberse incluido en el orden del día y sin haber constancia de ninguna aprobación de esos fondos en el acta de la reunión, la Comisión de Presupuesto resolvió la aprobación de un crédito extraordinario y traslados de partida por más de $7.5 millones el 15 de septiembre 2022, aprobación que no existió ni existe. Y con esa certificación aparentemente falsa (la Resolución 35), el MEF transferiría ilícitamente el dinero a la AND. Se trataría de un documento público falsificado, delito tipificado en el artículo 366 del Código Penal, bajo el título denominado “de los delitos contra la fe pública”.
No hay duda que, en un proceso judicial, las 10 personas que rubrican la Resolución 35 podrían ponerse de acuerdo y testificar que en la reunión de la comisión sí se tocó y aprobó el tema, pero que el equipo de secretaría de la Asamblea, por alguna razón, no lo incluyó. Pero eso no sería todo. Habría que buscar y convencer al administrador de la AND para que, bajo juramento, confirme que asistió a esa reunión, que hubo alteración del orden del día para incluir su tema y que se aprobó. Y es que el diputado Vásquez fue muy claro en su entrevista (aunque aceptó ser una hipótesis), cuando expone la posibilidad de que se pongan de acuerdo ocho de sus colegas, por tratarse de la mayoría, para de esa manera, solicitar el resto de las firmas de las resoluciones de traslados. Por supuesto que la rúbrica de Vásquez no aparece, porque no hubiera firmado semejante timo y eso lo saben sus colegas. Agrega Vásquez la complicidad del MEF, por tener siempre un representante en la Comisión de Presupuesto y conocimiento de lo sucedido. Y de alguna manera el diputado Raúl Pineda confirma la anomalía, cuando en una entrevista dice que los traslados de partida se aprueban con ocho votos, justificando así la Resolución 35. Lo que no dice es que esos ocho o más votos son válidos, siempre y cuando los traslados de partidas y créditos adicionales sean sustentados personalmente por el administrador de la AND y aprobados en reunión de la Comisión de Presupuesto, pero en este caso no se dio ni lo uno ni lo otro.
El primer objetivo sería que la Corte acoja la denuncia penal, aceptando el acta del 15 de septiembre de 2022 como prueba idónea. De hacerlo y quedar la demanda admitida, los 10 diputados que firmaron la Resolución 35 de 2022 tendrían que convencer, bajo juramento, incluyendo el administrador de la AND, que el tema fue incluido en el orden del día, discutido y aprobado, pero que no apareció en el acta por error administrativo interno. Por cierto, que el diputado Vásquez expresó su preocupación de que no le han entregado en meses, un número plural de actas que, de tampoco incluir la aprobación de fondos transferidos a la AND, se comprobaría explícitamente que miles o millones de dólares habrían sido transferidos de manera ilegal e ilícita desde el propio MEF a la AND.
El autor es abogado
