Panamá dio un paso relevante al presentar su Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial (IA). Lo planteado incluye decisiones acertadas, una visión que resulta prometedora y objetivos que vale la pena respaldar. También hay silencios, vacíos y desafíos que no deben pasar desapercibidos.
El enfoque es correcto. La estrategia renuncia a competir con las potencias en el entrenamiento de modelos de gran escala. Panamá no tiene el capital ni la masa crítica de talento para emprender esa carrera. Fingir lo contrario habría costado millones en un proyecto de vitrina. La apuesta va por la capa de aplicación, la logística, las finanzas, la agricultura tropical y la salud. Ahí hay datos propios y problemas que nadie va a resolver desde fuera.
El segundo acierto pasó casi desapercibido. La estrategia vincula el desarrollo de la IA con la planificación energética. Propone eco-parques de datos junto a generación renovable; incorpora el tiempo de energización como indicador y reconoce la transmisión como un cuello de botella. Pocos países de la región hacen este ejercicio. El propio documento destaca que la meta de alcanzar una matriz eléctrica con un 70% de generación renovable para 2050 ya se cumplió en 2024. Esa ventaja es real. Panamá debe aprovecharla.
El tercero es el Estado como primer cliente. En vez de comprar software estandarizado en el exterior, propone licitaciones por reto. El Gobierno plantea un reto y las empresas locales compiten por resolverlo. Es la palanca más potente del texto y la que menos titulares generó.
Ahora, los vacíos. El mayor es presupuestario. Mientras el Gobierno anunció una inversión de 105 millones de dólares para la estrategia de semiconductores, no se habla de asignar ni un dólar a la de inteligencia artificial. El propio documento reconoce que Panamá invierte apenas el 0,16% del PIB en investigación y desarrollo, pero no fija una meta para cambiar esta magra cifra.
El segundo vacío aparece en el capítulo nueve, titulado «Hoja de ruta de implementación». Paradójicamente, no contiene una verdadera hoja de ruta. No define fases, fechas ni responsables. Un horizonte que se extiende hasta 2036 atraviesa al menos dos administraciones más y, sin un cronograma público ni mecanismos claros de seguimiento, la continuidad de su implementación dependerá de la voluntad política de quienes vengan después. Esa es una apuesta que Panamá ya ha perdido en más de una ocasión.
El tercer vacío es territorial. La estrategia propone convertir más de 400 infoplazas en centros de alfabetización en IA e incorporar el pensamiento computacional desde la primaria. Es un buen paso. Pero, mientras al sector privado se le asignan pilotos y alianzas, a la sociedad civil solo se le reserva un rol consultivo. Tampoco contempla financiamiento para las organizaciones que llevan años impulsando la formación tecnológica fuera de la capital.
Falta también una conversación incómoda. Los centros de datos consumen agua y potencia firme. En 2023, la generación hidroeléctrica del país cayó un 23% por efecto del fenómeno de El Niño. Este mes vuelven a bajar los niveles de los embalses. Prometer cómputo verde sobre una matriz que depende del agua obliga a establecer cuántos megavatios firmes y cuántos litros harán falta, y de dónde saldrán.
Nada de lo anterior descalifica el trabajo realizado. Una estrategia construida a partir de la participación de más de 6,700 ciudadanos merece ser tomada en serio. Pero tomarla en serio también implica exigir tres compromisos fundamentales: un presupuesto claramente asignado, metas medibles con una línea de base definida y un cronograma público que garantice su continuidad más allá de los cambios de gobierno.
Ahora que la Asamblea Nacional discute el proyecto de ley 588 sobre gobernanza adaptativa de la inteligencia artificial, existe una oportunidad para convertir esas tres condiciones en obligaciones concretas. Una estrategia sin presupuesto, sin responsables y sin plazos deja de ser una política de Estado para convertirse en una optimista declaración de buenas intenciones. Y las buenas intenciones, por sí solas, no transforman la logística, no fortalecen el sistema de salud, no impulsan la innovación ni preparan al talento que Panamá necesita para competir en la economía del futuro.
El autor es miembro de Jóvenes Unidos por la Educación.
