Como exdirector general de Ingresos, sigo con atención el debate en torno al proyecto de ley sobre sustancia económica. Han surgido voces que alertan sobre una supuesta pérdida de competitividad y una eventual fuga de capital extranjero. El argumento, aunque comprensible, resulta familiar: Panamá ya atravesó discusiones similares, y la evidencia empírica permite analizarlas con objetividad.
Hace pocos años, cuando el país adoptó el intercambio automático de información financiera con Colombia —formalizado mediante el Decreto Ejecutivo No. 343 de 2020—, los pronósticos también fueron alarmistas. Se anticipaba un éxodo masivo de capitales colombianos del Centro Bancario Internacional. La realidad fue distinta: la transparencia no erosionó la competitividad, sino que reforzó la legitimidad y estabilidad del sistema.
Si la tesis de la fuga hubiese sido correcta, los indicadores bancarios posteriores habrían reflejado una contracción significativa. Ocurrió lo contrario. Según la Superintendencia de Bancos de Panamá, al cierre de 2023 los depósitos externos —donde se concentra buena parte del capital extranjero— registraron un crecimiento interanual de 12.8%.
Los reportes del Banco de la República confirman que Panamá sigue figurando consistentemente entre los principales destinos de inversión externa colombiana, particularmente en logística, energía y comercio.
La explicación técnica es sencilla: el inversionista institucional y el empresario de mediano y largo plazo no buscan opacidad, sino previsibilidad. El intercambio automático permitió que capitales legítimos se formalizaran, reduciendo contingencias fiscales en sus jurisdicciones de origen y otorgando mayor certeza jurídica a sus operaciones en Panamá.
Hoy, frente al proyecto de sustancia económica, enfrentamos un dilema similar.
Conviene aclarar qué implica —y qué no— este concepto. No exige estructuras sobredimensionadas ni inversiones irrazonables; busca una coherencia mínima entre la actividad declarada, la toma de decisiones y una presencia real en la jurisdicción.
Una implementación deficiente sí podría generar costos de ajuste y, por ello, el debate no debería centrarse en si debe adoptarse, sino en cómo hacerlo de manera técnica, gradual y clara.
La competitividad ya no se mide por la facilidad para alojar sociedades sin actividad real, sino por la capacidad de ofrecer un entorno robusto, confiable y alineado con las reglas del sistema financiero global.
Vista así, la sustancia económica funciona como un filtro de calidad con al menos tres efectos positivos.
Primero, atrae valor real. Algunas estructuras puramente formales podrían relocalizarse, pero serían reemplazadas por empresas con operaciones auténticas, personal, oficinas y decisiones estratégicas en el país, lo que se traduce en empleo, consumo interno y encadenamientos productivos.
Segundo, protege al sistema financiero. Mantenernos alineados con los estándares de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos y la Unión Europea es indispensable para preservar corresponsalías bancarias y líneas de crédito internacionales, de las que dependen no solo los bancos, sino también las empresas panameñas que exportan, financian proyectos o compiten en mercados internacionales.
Tercero, fortalece la posición internacional del país. La cooperación con Colombia permitió que el Foro Global reconociera a Panamá como par evaluador, elevando su prestigio técnico.
Avanzar en materia de sustancia económica representa un paso clave para salir definitivamente de los ciclos de listas discriminatorias que afectan la reputación nacional y encarecen toda la economía.
Desde la experiencia de haber participado en la transición hacia el intercambio automático, la lección es clara: el Estado debe actuar como facilitador.
La eficacia de la sustancia económica dependerá de una ley y una reglamentación sin ambigüedades, que permitan al contribuyente entender con precisión qué se espera de él.
Panamá no pierde competitividad por exigir coherencia y presencia real; la pierde cuando permite que factores externos definan su reputación.
Es momento de dejar atrás temores infundados y apostar por un país que compita por su infraestructura, su talento y su seguridad jurídica, y no por su inacción.
El autor es exdirector general de Ingresos (2019-2024).
