La Constitución Política de la República de Panamá establece en su Título IV los Derechos Políticos, entre los que están: el derecho al ejercicio ciudadano y el sufragio, como derecho y deber de todas las personas mayores de 18 años de edad, el cual debe ser libre, igual, universal, secreto y directo, estableciendo así la autonomía del Tribunal Electoral para garantizar la libertad, la honradez y la eficacia del mismo.
El Tribunal Electoral tiene jurisdicción a nivel nacional y cuenta con tres magistrados o magistradas, que serán designados en forma escalonada por los poderes del Estado (Ejecutivo, Legislativo y Judicial). A propósito de la designación de una nueva representación en esta magistratura, le correspondía a la Corte Suprema de Justicia en pleno y, para ello, llevó a cabo varias entrevistas a personas postuladas para ocupar este cargo.
El Tribunal Electoral es el ente rector de la democracia y la participación ciudadana en Panamá. Entre sus tareas está la de expedir las cédulas a quienes vayan cumpliendo la mayoría de edad e inscribir los nacimientos, defunciones y demás hechos y actos jurídicos relacionados con el estado civil; además, tiene toda una responsabilidad en cuanto al cumplimiento de las reglas electorales.
En este sentido, desde el año 1997 se han incorporado al orden electoral medidas afirmativas para promover la participación política de las mujeres y que las mismas puedan llegar a los espacios de toma de decisiones; sin embargo, a la fecha no vemos los resultados.
Actualmente, se contempla la paridad en la ley electoral; seguimos viendo a muchas mujeres militando en los partidos políticos y en las fotos de sus actividades, pero pocas mujeres en los espacios de mando. La razón es que la discriminación, la violencia, el machismo y las estructuras androcéntricas siguen impidiendo que las mujeres puedan candidatizarse y llegar a esos espacios de toma de decisión.
Históricamente, los hombres han ocupado espacios de liderazgos y ejercicio del poder. La mayoría han sido acompañados en sus fórmulas o designaciones por hombres. Sin embargo, a pesar de que el espíritu de la ley es promover a las mujeres, hay una limitante en cuanto a que esta misma ley establece que la postulación estará compuesta por una persona principal de un género, acompañada de su suplente del otro género, es decir, el espacio del hombre en la suplencia no se pierde, están cediendo solo el espacio principal y esto procedería así en caso de que realmente se candidatice a la mujer, porque seguidamente la norma establece que, en los casos en que la participación femenina, de manera comprobada por la Secretaría de la Mujer del partido, esté por debajo a la paridad, el partido puede completar con otros (hombres) aspirantes a los respectivos cargos.
Como vemos, en la ley existe la paridad de género, inclusive se anuncia en una sección del Capítulo III sobre las postulaciones, pero realmente la norma es tan subjetiva que si no “hay mujeres” (representan más del 50% de la composición de los partidos políticos), el espacio de principal y de suplente se llena con hombres.
En conclusión, la paridad en Panamá es un compromiso ya no formal, porque existe en la ley, pero sí en la práctica. Mientras no exista un compromiso verdadero de los partidos políticos, así como la falta de fiscalización, control y acciones para garantizar que se cumpla la ley por parte del Tribunal Electoral, seguiremos viendo un escenario de hombres liderando un país donde la mitad son mujeres.
La igualdad y la equidad de condiciones es un tema urgente que atender, así como la capacitación continua y la dotación de recursos en igualdad para formar y empoderar a las mujeres, muchas de ellas con liderazgo dentro de sus comunidades, sensibles a los temas sociales y dispuestas a trabajar por un país más democrático, inclusivo y transparente.
Con la reciente designación de los dos magistrados (principal y suplente) para el Tribunal Electoral por parte de la Corte Suprema de Justicia, no solo se pierde una oportunidad para reivindicar el compromiso con la democracia en el país; por el contrario, da al traste con todos los avances, esfuerzos y deudas que tiene el Estado con la representatividad de las mujeres en los espacios de toma de decisión, reforzando la discriminación y la exclusión de las mujeres, lo que deteriora la tan frágil democracia que tenemos hoy.
La autora es abogada de derechos humanos y directiva de Fundagénero.
