En el informe del Inec (Instituto Nacional de Estadística y Censo) al 31 de diciembre de 2021, publicado en febrero de 2022, se especifica que el número de empleados públicos es 260,838 (incluyendo el sector centralizado y descentralizado, pero no a la ACP, patronatos ni municipios). Esto significa que el 10% de 260,838 es 26,083. Hay también 148,734 funcionarios sujetos a leyes especiales que no serán tocados, pero que son el verdadero lastre de las planillas, porque son beneficiados regularmente con aumentos automáticos. Y son estos aumentos, precisamente, los que deben ser detenidos, suspendidos e incluso eliminados, para sanear las finanzas públicas. Según nota de 1 de febrero de 2021 del ministro del MEF, solamente la asignación anual a los 148,734 servidores públicos sujetos a leyes especiales sumaba $2,281,264,630. Aproximadamente la mitad del pago total de la planilla del Estado. Pero fíjense que en este rubro de las leyes especiales no se concretó ningún tipo de ahorro o de contención. Queda entonces la gran duda del monto del ahorro de ese 10% que se pretende contener, así como cuáles serán los servidores públicos perjudicados con esa medida.
Hago la aclaración que el monto total de servidores públicos sumados al sector centralizado y descentralizado, es decir, patronatos, municipios y ACP, sería de 362,768, según información que diera el 19 de marzo de 2021 el director del Inec. Pero parece que ese 10% de contención no incluye los tres últimos grupos (que serían un total de 101,930, siendo 10,193 el 10% adicional). Tampoco se desvincularán funcionarios en la Asamblea Nacional, por decisión de esta. Ni hablar las pervertidas jubilaciones especiales de los miembros de la Fuerza Pública, pagadas por el gobierno central (no por la CSS), además del salario escandaloso del administrador de la ACP, temas no incluidos en la contención del gasto público sugerida por el Gobierno.
La Resolución de Gabinete ordena ‘suspender cualquier aumento de salario no contemplado en la ley’. Todo aumento no contemplado en la ley es ilegal. O sea, que se está prohibiendo algo que no se debe hacer.
Sobre el comunicado del Órgano Ejecutivo que se refiere a la Resolución de Gabinete 79 de 12 de julio de 2022, el punto 3 es una broma y de mal gusto cuando dice: “Suspender cualquier aumento de salario no contemplado en la ley”. Todo aumento no contemplado en la ley es ilegal. O sea, que se está prohibiendo algo que no se debe hacer. El punto 5 es una burla, al prohibir viajes excepto cuando se trate de la representación formal del país o de una organización internacional o para misiones oficiales. O sea, que esta gente ha estado viajando por puro placer a costa del Estado.
El punto 6 es una mofa, cuando autoriza viajes auspiciados por organizaciones o gobiernos, misiones oficiales de representación del país en atención especial o compromiso entre países. Lo que presupone que esta gentuza sólo ha viajado de placer a costa de nuestros impuestos. El punto 7 es risible, porque prohíbe a los altos funcionarios del Órgano Ejecutivo viajar con equipo de prensa y personal de protocolo, pero aquí viene lo bueno: “Salvo que la naturaleza de la misión oficial lo requiera”. O sea, que siempre viajaban con ampliadas, innecesarias y onerosas comitivas y así lo seguirán haciendo con la salvedad incluida.
El punto 8 es el colmo, cuando afirma que no se reembolsarán los gastos por viajes, adicionales a los establecidos y previamente autorizados. O sea, que estos bellacos se la han pasado viajando y siendo reembolsados al margen de la ley. Y ni hablar el punto 9, según el cual no se podrá cargar combustible a ningún auto oficial los días viernes, imagino porque el fin de semana hacen fiesta.
Tan cínico ha sido este comunicado, que el asesor Rafael Mezquita señaló en televisión “no atreverse a decir que se estaban pagando esos gastos”, sino que se estaban “reiterando prohibiciones que ya existen dentro del ordenamiento administrativo”. Aceptando entonces que no son medidas de austeridad, sino una “advertencia al funcionario público para que no cometa esos exabruptos administrativos”. Con estas palabras, el asesor Mezquita aclara y confirma que la Resolución de Gabinete 79 de 2022 que contiene los puntos del comunicado y que establece “medidas adicionales de austeridad para el Órgano Ejecutivo,” no es tal, sino que la misma simplemente advierte a los funcionarios que no gasten más de lo aprobado. Una contención entre el cinismo y el descaro.
El autor es abogado.
