Quiero empezar diciendo que durante casi una década trabajé como instructor vocacional en centros de cumplimiento para menores en la ciudad de Panamá.
Durante ese periodo pude observar que la mayoría de los jóvenes infractores provenían de hogares disfuncionales, donde casi todos los miembros de sus familias eran delincuentes: desde vendedores de drogas y extorsionadores hasta sicarios y miembros de bandas criminales.
Los niños crecen viendo solo estos modelos y aprenden rápido que el dinero fácil es “lo que paga”. En las escuelas primarias ubicadas en barrios “calientes”, muchos son utilizados como mulas, llevando drogas a cambio de un pago que jamás imaginaron recibir, y que luego usan para adquirir celulares caros y ropa de marca.
Cuando los menores son condenados por algún delito, dentro del penal se encuentran con otros jóvenes que ya tienen un amplio prontuario delictivo. Estos les transmiten sus hazañas a los recién llegados como si fueran actos heroicos.
De acuerdo con la ley que rige para menores infractores, estos solo pueden recibir una condena de hasta doce años. Sin embargo, el falso concepto de resocialización estipula que si el menor se porta bien y asiste a los cursos o a la escuela, su condena puede reducirse hasta cinco años.
Muchos de estos jóvenes se gradúan de premedia o media sin contar con una herramienta concreta para ganarse la vida de manera honrada cuando salen de prisión. Una vez en libertad, los espera el mismo barrio, la pandilla que les celebra una fiesta como si se tratara de un rito de iniciación, y la misma familia disfuncional.
De esta forma se repite el círculo vicioso: para volver a tener dinero fácil, reinciden en el delito hasta convertirse en adultos, y entonces comparten cárceles con los mismos familiares y vecinos con los que crecieron.
Sin embargo, todos los gobiernos y sus ministros encargados del tema miran la resocialización de forma superficial. No desean entender que mientras no se rompa con la pobreza extrema en los barrios y no existan verdaderas oportunidades de empleo digno para esos jóvenes, las cárceles seguirán llenas y se seguirán construyendo más.
Los ministros de Gobierno y Justicia —incluyendo a la actual— intentan asumir el papel de protectores y paladines de la resocialización, otorgando indultos a personas que dominan el arte de la manipulación hacia las autoridades.
Ya muchos expertos han repetido hasta la saciedad que la resocialización es un asunto que compete a múltiples sectores de la sociedad. No se trata solo de reprimir con operativos de nombres rimbombantes o de construir más cárceles. Cuantos más centros penitenciarios se construyan, más delincuencia existirá. Ese hecho, por sí solo, demuestra que como sociedad hemos perdido la lucha por una verdadera resocialización.
El autor es sociólogo y docente.
