La noticia del cierre temporal del cuarto de urgencias de la Policlínica Alejandro de la Guardia, bajo el pretexto de “adecuaciones”, no constituye una anomalía, sino el síntoma recurrente de una patología sistémica profundamente arraigada en la intervención estatal. Desde una perspectiva praxeológica, este suceso es la manifestación empírica de una falla estructural inherente a toda planificación centralizada de servicios vitales como la salud.
El individuo, en su actuar, persigue fines subjetivos valiéndose de medios escasos. En un mercado libre, la provisión de servicios de salud estaría guiada por el cálculo económico de empresarios que, al buscar beneficios, se ven obligados a satisfacer las preferencias de los consumidores. La competencia impulsa la innovación, la eficiencia y la anticipación de necesidades. Sin embargo, la Caja de Seguro Social (CSS), al operar como un monopolio coactivo financiado mediante exacciones fiscales, carece de estos mecanismos esenciales. No existe una línea de pérdidas y ganancias que discipline la asignación de recursos. ¿Cómo determinar la asignación óptima de capital para mantenimiento preventivo frente a la construcción de nuevas instalaciones si no existen precios de mercado que reflejen la escasez y la utilidad marginal de esos recursos?
Las “adecuaciones” que ahora fuerzan el cierre de un servicio crucial son, en esencia, la externalización de los costos de una mala gestión hacia el ciudadano. Son el resultado de una preferencia temporal estatal elevada, donde la inversión en mantenimiento preventivo se pospone indefinidamente en favor de fines políticos más inmediatos y visibles, o simplemente por la ausencia de un cálculo económico riguroso. La burocracia, al no enfrentar las consecuencias de sus decisiones en un entorno competitivo, carece de los incentivos y de la información necesarios para actuar con previsión. El conocimiento, disperso entre millones de individuos —pacientes y potenciales proveedores—, no puede ser centralizado ni procesado eficazmente por ninguna entidad estatal.
El “malestar” expresado por los pacientes no es solo una queja subjetiva; es la evidencia de un costo de oportunidad significativo: tiempo perdido, salud comprometida y angustia innecesaria. Todo ello sería mitigable en un sistema donde la provisión de servicios respondiera a señales de mercado. Los recursos humanos y materiales canalizados hacia la CSS, extraídos de la productividad privada, podrían generar soluciones más eficientes, innovadoras y centradas en el paciente en un entorno de libre competencia.
Persistir en un modelo de salud monopolístico y estatalizado, pese a sus reiteradas deficiencias, implica desconocer los principios del cálculo económico. No se trata de un problema de mejores administradores o de mayor presupuesto, sino de una incompatibilidad estructural entre la naturaleza centralizada del Estado y la racionalidad económica propia de la acción humana. Desde esta óptica, la solución sostenible pasa por abrir el sistema a mayor competencia, diversificar los oferentes y permitir que los incentivos se alineen con la calidad del servicio.
El autor es analista independiente.
