Es encomiable la pasión con que muchos defienden la “casa común”, pero la fe exige algo más que fervor: exige rigor. Laudato Si’ recuerda que “el medio ambiente es un bien colectivo, patrimonio de toda la humanidad y responsabilidad de todos” y advierte que el consumo desmedido “roba a las naciones pobres y a las futuras generaciones lo que necesitan para sobrevivir” (Francisco, Laudato Si’, 2015, nn. 95 y 159). Esa guía moral legitima la exigencia de prudencia y justicia, pero no convierte la enseñanza social en sustituto del peritaje técnico: la protección efectiva del medio ambiente requiere auditorías, estudios actualizados y monitoreo independiente.
Exigir transparencia no es una petición burocrática; es una exigencia democrática. Las cifras ambientales deben venir acompañadas de sus fuentes primarias para que la ciudadanía distinga entre alarma fundada y conjetura. Cuando la opinión pública se nutre de datos no verificados, el discurso pierde solidez y la deliberación política se degrada. La encíclica Caritas in Veritate subraya que el desarrollo humano integral debe conjugar “caridad y verdad”, integrando principios éticos con políticas públicas responsables (Benedicto XVI, Caritas in Veritate, 2009). En ese espíritu, la ética exige que las afirmaciones técnicas se sometan a escrutinio científico.
Ética y técnica son lenguajes distintos que deben dialogar. La tradición social católica reclama que los bienes comunes sirvan al bien común y que la economía respete la dignidad humana; por ello, la prudencia moral exige conocimiento técnico. Confundir una encíclica con un informe técnico es sustituir la brújula por un mapa incompleto: la doctrina pide transparencia, participación y reparación, no prohibiciones dogmáticas sin evidencia.
Es importante subrayar un matiz que suele perderse en el debate público: la Iglesia católica no está, en términos generales, en contra de las industrias extractivas o de la minería como actividad económica. La doctrina social distingue entre usos legítimos de los recursos y prácticas que vulneran la justicia, la dignidad humana o el bien común. Desde esa perspectiva, la explotación de recursos puede ser aceptable si se realiza bajo marcos regulatorios estrictos, con participación comunitaria real, medidas de mitigación efectivas y mecanismos de reparación y redistribución que garanticen que los beneficios no se concentren en unos pocos. Negar esta matización empobrece el discurso y dificulta la búsqueda de soluciones que sean a la vez justas y sostenibles.
Los comunicadores tienen un papel central: contrastar fuentes, exigir pruebas y dar espacio a voces periciales. La polarización fragmenta comunidades y paraliza decisiones; por eso necesitamos menos consignas y más datos, menos retórica y más transparencia. Presentar pruebas no es una traición a la fe; es la forma más fiel de respetarla y de proteger a las comunidades frente a la desinformación.
La mejor manera de honrar la enseñanza moral es convertirla en instituciones que protejan el bien común. La fe nos llama a cuidar la creación; la doctrina social de la Iglesia nos recuerda la obligación de hacerlo con justicia y prudencia. Exijamos, pues, que la pasión por la justicia ambiental se traduzca en evidencia, peritaje y diálogo: solo así la defensa de la vida será coherente, eficaz y duradera.
El autor es empresario y comunicador.
